Aarón Sequeira. 29 octubre
Para implementar el sistema de etiquteado de licores, Hacienda considera que debe haber una fuente de financiamiento fija, que permita implementarlo, mantenerlo y fiscalizarlo. Foto: Cortesía.
Para implementar el sistema de etiquteado de licores, Hacienda considera que debe haber una fuente de financiamiento fija, que permita implementarlo, mantenerlo y fiscalizarlo. Foto: Cortesía.

En un criterio enviado al plenario de la Asamblea Legislativa, el jueves 22 de octubre, la viceministra de Hacienda, Alejandra Hernández, advirtió de que el proyecto del diputado Daniel Ulate, sobre etiquetado de licores, no incluye las necesarias fuentes de financiamiento para ejecutarlo.

En el documento, Hacienda señala que la implementación de cualquier herramienta o mecanismo, como el que ordena la iniciativa legal, solo puede “darse posterior a un estudio de costo-beneficio” que arroje un beneficio claro, tanto para el Gobierno como para los administrados.

El plan del diputado de Liberación Nacional (PLN), Daniel Ulate, obligaría a Hacienda a comprar un sistema de etiquetado de licores como el ofrecido por el expresidente José María Figueres a nombre de una empresa suiza.

La versión actual del texto excluye a las cervezas con un volumen de alcohol menor al 9%.

En su oficio, remitido a la Secretaría del Directorio, la viceministra de Hacienda les explica a los legisladores que debe garantizarse esa fuente de recursos, no solo para ponerlo en práctica, sino también para mantener y fiscalizar el sistema en el tiempo.

El polémico proyecto de ley obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un sistema de etiquetado en las bebidas con contenido alcohólico, como una herramienta para supuestamente combatir más eficientemente el contrabando.

No obstante, Hernández manifestó que cualquier mecanismo de trazabilidad debe estar basado en tecnología y no tomar en cuenta mecanismos que ya se ha demostrado que son “altamente vulnerables y sujetos a la adulteración”.

La viceministra dio como ejemplo el mecanismo de los marbetes que se han utilizado en otros países y que “no han tenido resultados eficientes”.

“Debería garantizarse dentro de la misma normativa la fuente de financiamiento, perdurable en el tiempo y no de aplicación inmediata para efectos de gestionar la contratación respectiva”, explicó la funcionaria.

Además de esa fuente de financiamiento, Alejandra Hernández enfatizó que también se requiere de recursos para la implementación y fiscalización, con tal de que haya un buen resultado como herramienta.

“No se deben prever los recursos únicamente para la herramienta, sino también para la fiscalización ex post, lo cual incluye dotación de personal”, comentó.

El proyecto 20.961 resucitó a inicios de octubre, cuando la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó, en reunión de los jefes legislativos, que se pusiera a discusión para aprobarle un texto sustitutivo y ponerlo a consulta.

Inviable transferir competencias a otras policías

En criterio del Ministerio de Hacienda, tampoco es viable trasladarles competencias de carácter investigativo a cuerpos policiales que carecen, dentro de su propia función y naturaleza, de dichas competencias en asuntos administrativos y judiciales.

La viceministra Hernández explicó que la labor de investigación de la Policía Fiscal es compleja y requiere especialidad, por lo que darles a la policía e inspectores municipales esas potestades “podría traer consecuencias, como la despenalización de las infracciones tributarias aduaneras y los delitos”.

Hacienda considera que la salida sería que esos cuerpos policiales coordinen con la PCF al momento de la detección de mercancía que requiera ejecución de una entidad que sí sea competente.

El proyecto de Daniel Ulate también va firmado por Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Esa propuesta tampoco contempla qué pasaría con el destino de las mercancías decomisadas, mientras que actualmente la PCF cuenta con mecanismos legales para formular, ante diferentes autoridades, la forma de disponer de esas mercancías.

Aparte de no tener competencias de investigación, los organismos municipales tampoco cuentan con estas competencias sobre disposición de la mercancía decomisada.

Finalmente, el criterio de la viceministra de Hacienda recomienda incluir en el texto que se penalice la adulteración de las bebidas con contenido alcohólico adulteradas, no solo cuando sean perjudiciales para el consumo humano, como sucede actualmente.

“Es preciso que, en caso de aprobarse, se otorgue un plazo de un año para reglamentar la ley”, concluye la funcionaria.

Contra ese proyecto han emitido criterios negativos varios sectores, entre ellos los industriales y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham).