Política

Gremios agrupados en Banco Popular procuran amarrar compromiso con candidatos

Las organizaciones gremiales agrupadas en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal procuran amarrar compromisos con los candidatos presidenciales.

El directorio de la Asamblea convocó a los aspirantes para firmar, este sábado, un compromiso de diálogo nacional multisectorial, por un plazo de un año, que se iniciaría en setiembre de 2022.

En este espacio, asegura la organización, se discutiría sobre reactivación económica, generación de empleo, seguridad social, educación, tecnologías, lucha contra la corrupción, reforma del Estado y atención a personas vulnerables.

“En estos momentos, la situación económica y social que atraviesa Costa Rica hace imperativa la necesidad de un abordaje integral del déficit fiscal, en el que se contemple no solo la razonabilidad y racionalidad del gasto público y los ajustes en las políticas progresivas tributarias, sino que apueste también a la reconstrucción de la economía mediante la recuperación del tejido productivo y socioproductivo del país”, dice el borrador del compromiso distribuido entre los candidatos.

Al mismo tiempo, el directorio de la Asamblea de Trabajadores entregaría los resultados del diálogo que efectuó el año pasado, luego de rechazar participar en la mesa multisectorial convocada por el Gobierno para buscar salidas a la crisis fiscal.

La Asamblea del Popular rechazó el diálogo con el Ejecutivo después de recibir en su seno al hoy político del Partido Integración Nacional (PIN), Célimo Guido, y el grupo que lo acompañaba en bloqueos de vías, autodenominado Movimiento Rescate Nacional.

La carta de invitación a los candidatos para este sábado dice que el informe, llamado Grandes Acuerdos para Costa Rica, contempla una serie de medidas y acciones en materia fiscal, reactivación económica y ambiente.

Un resumen ejecutivo de los resultados pedía abrir un diálogo que desembocara en la convocatoria legislativa de un texto alternativo a la reforma al empleo público impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado. En específico, proponía discutir a partir del texto propuesto por los diputados Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN).

Ese plan alternativo provocaría un incremento súbito en el gasto público en remuneraciones, al plantear que los trabajadores que ganen por debajo del futuro salario global se cambien de inmediato al nuevo modelo, en vez de hacerlo de forma gradual.

Por otra parte, el resumen recomendaba rebajar por tres años el 5% del aporte patronal al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para recudir el costo del aseguramiento, como parte de cientos de propuestas abordadas en los debates.

También, el foro discutió establecer un “aporte extraordinario y temporal de las rentas de capital por tres años”, y aumentar el impuesto de renta en 1,5 puntos porcentuales a las ganancias mayores a ¢110 millones de colones por un plazo de 3 años, para compensar la rebaja a las cargas a planilla de Fodesaf.

Además, plantearon subir en dos puntos porcentuales, por tres años, el impuesto de renta a los salarios superiores a ¢2.163.000.

Hasta la tarde de este viernes habían confirmado asistencia José María Figueres, del PLN; José María Villalta, del FA; y Welmer Ramos, del PAC. Natalia Díaz, de Unidos Podemos, aseguró que suscribiría el compromiso, pero adelantó que evaluará el plazo propuesto para el diálogo.

Lineth Saborío, del PUSC, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, no asistirían por tener giras de campaña. El equipo de Saborío dijo haber acordado con la Asamblea de Trabajadores que, cuando revisen el documento, evaluarán una fecha para suscribirlo si así la candidata lo decide.

Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), anunció que tampoco asistiría a la actividad. “En el Partido Liberal Progresista creemos en el diálogo social permanente, sin embargo, no firmaremos este documento. Los motivos serán comunicados directamente, por medio de una carta, a la Asamblea de Trabajadores”, alegó el economista.

Rolando Araya, candidato de Costa Rica Justa, se excusó por estar de gira en la zona sur. “No sé en qué consisten los acuerdos, pero no le tengo miedo a eso. Me parece que este país o dialoga o nos hundimos. Lo que escucho de los acuerdos de la Asamblea del Banco Popular son muy positivos”, dijo.

Por su parte, Villalta dijo: “Creo que la definición de los temas específicos debe hacerse también escuchando a las distintas partes. El Gobierno tendrá sus temas de interés (por ejemplo: la sostenibilidad y el replanteamiento de las fuentes de financiamiento de los seguros sociales), y los sectores sociales y productivos tendrán otros. Al final deberá acordarse una agenda para arrancar”.

Welmer Ramos añadió que se hace pertinente que el país tenga los canales de diálogo abiertos con los sectores, más allá de los trabajadores, empresariales y partidos políticos. “Soy un creyente firme de que el diálogo es la forma en que los costarricenses debemos tomar los acuerdos. Es un principio democrático superbásico”, agregó el candidato del PAC.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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