Aarón Sequeira.   8 enero
Ennio Rodríguez y Omar Miranda, representantes de Coopesa y Coopelesca, ante los diputados. Foto: Aarón Sequeira.

Voceros de grandes cooperativas manifestaron su oposición a que les cobren el impuesto sobre la renta ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Expusieron sus argumentos el gerente de la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca R. L.), Omar Miranda, y el gerente de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales R. L. (Coopesa), Ennio Rodríguez.

Esgrimieron argumentos diferentes para oponerse al proyecto de ley que cobraría impuesto de renta a las cooperativas que reporten ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.

Si el plan se aprueba, Hacienda cobraría un 10% de tributo sobre los excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones y un 20% sobre las ganancias superiores a los ¢750 millones.

En el caso de las cooperativa eléctrica de la zona norte, uno de sus principales argumentos es que, al pagar el impuesto sobre la renta, estarían en desventaja frente a otros generadores eléctricos, exentos de ese pago por diferentes leyes.

Además, Miranda alegó que asumir el pago de ese tributo tendría un impacto directo en las tarifas de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones que les dan a sus usuarios, y que los obligaría a endeudarse para cubrir la diferencia en los ingresos.

“Este proyecto desestimula la protección del medio ambiente que efectúan las cooperativas de electrificación, con políticas de descarbonización por el uso de las energías hidráulica y eólica, así como la compra de bosques para mantener las reservas de agua”, adujo Miranda.

Su argumento es que el Estado tiene recursos escasos para asumir esos costos, por lo que no se debería desestimular ese tipo de actividades, alegó.

El gerente de Coopelesca añadió que, incluso, el gravamen tendría efectos adversos sobre la cobertura de electricidad que, a diferencia del Estado, sí han podido llevar las cooperativas de electrificación a los rincones más inaccesibles de la zona norte.

En el caso de Coopesa, Ennio Rodríguez sostuvo que la iniciativa es inconstitucional por implicar, para las cooperativas de autogestión, doble imposición de tributos.

El argumento de Rodríguez es que no existen, por separado, excedentes de las cooperativas y excedentes distribuidos a sus asociados, “como cosa distinta para efectos tributarios”.

“Solo existen los excedentes pertenecientes a los asociados. Por lo tanto, intentar gravar dichos excedentes en dos momentos distintos constituye un caso de doble imposición”, manifestó el vocero de Coopesa.

El argumento, ya esgrimido por varios grupos cooperativistas, es que ya los asociados de las cooperativas tienen que pagar los impuestos que, con la reforma fiscal, aumentan del 5% al 10%.

Por eso, reclaman los entes cooperativos que pagar un impuesto como cooperativa, aunque este sea solo para una decena o veintena de grandes cooperativas, sería una doble imposición inconstitucional.

“El proyecto de ley 21.017 se constituiría en una discriminación institucionalizada y confiscatoria para las cooperativas, tanto de cogestión como de autogestión, basada en la doble imposición que dicha ley generaría”, dijo Rodríguez.

Mantuvo que el tamaño de cualquier cooperativa no cambia su naturaleza y que eso no hace sujeta a renta a una cooperativa relativamente más grande, pues dijo que por asuntos de tamaño no precisamente podría existir el hecho generador de la obligación tributaria sin que haya doble imposición.