Geannina Dinarte, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), admitió que el Gobierno no ha definido todavía el uso de $159 millones provenientes de un crédito de $265 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pese a que su aprobación avanza en la Asamblea Legislativa.
Así lo reconoció este jueves a La Nación, luego de su comparecencia en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, donde no pudo aclararles a los diputados sobre el destino de esa parte de los recursos que equivale al 60% del financiamiento.
En principio, el crédito se adquirió ante el BID para girar recursos a los bonos Proteger y para “gastos elegibles” relacionados con los objetivos del mismo proyecto de subsidios.
Sin embargo, la jerarca no logró explicar ante los legisladores en qué consistían esos gastos elegibles y tampoco en qué se usaría ese 60% del dinero que entra en esa calificación, dado que el bono Proteger ya tiene un presupuesto aprobado por los diputados.
Precisamente, Dinarte expresó a los congresistas que serían para reintegrar al Ministerio de Hacienda parte de los gastos en bonos Proteger que ya han recibido los beneficiarios.
Posteriormente, sugirió que otra opción sería destinar una fracción de ese 60% a fortalecer un proyecto para subsidiar salarios de 18.000 trabajadores del sector turismo, que se financia con otro monto del mismo empréstito.
Finalmente, aseveró, una cuota de los $159 millones podrían ser dirigidos a la Caja Única del Estado.
“La duda radica en qué se entiende por gastos elegibles y es precisamente parte de lo que estaremos trabajando en estos días con la Asamblea Legislativa para poder dar tranquilidad y confianza de qué es lo que se va a contemplar en estos gastos elegibles”, subrayó la ministra a La Nación.
Lo que sí aclaró la jerarca en la audiencia, es que $20 millones no reembolsables del total del préstamo serán para programas destinados a los migrantes.
Otros $59 millones se utilizarán en 100.000 nuevos bonos Proteger, $15 millones para subsidios a trabajadores del sector turismo y otros $10 millones al programa de capacitación Empléate, del MTSS.
La cláusula 3.02 del contrato del BID indica que hasta el 60% del crédito podrá ser usado para pagar gastos del programa Proteger incurridos entre el 16 de marzo y el 15 de junio del 2020.
Si eso ocurre, argumentó la funcionaria a este medio, servirían para reconocer a Hacienda parte del dinero ya otorgado en en esos subsidios a trabajadores que se habían financiado con recortes al gasto corriente de las instituciones del Ejecutivo.
Esta cifra es superior a los ¢70.000 millones y forman parte de los ¢256.000 millones presupuestado para el programa Proteger, según ella.
Sin embargo, durante la comparecencia, los diputados no quedaron satisfechos con las explicaciones de la ministra.
Ana Lucía Delgado, congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó en qué consistían esos gastos elegibles y cuál será el destino específico de los $159 millones.
También, le consultó qué cuáles de esos gastos ya girados en subsidios a trabajadores afectados económicamente por la pandemia entran como “elegibles”, pero la jerarca no logró responder.
Una tercera observación que hizo Delgado, es que la cláusula 3.02 establece que pueden ser usados entre el 16 de marzo y el 15 de junio dentro del programa de subsidios a trabajadores, siempre que los procedimientos de contratación guarden conformidad con los principios básicos de adquisiciones.
“Resulta que los bonos Proteger no se otorgan a través de estos mecanismos, ni de principios ni a través de procesos ordinarios de contratación”, aseveró la verdiblanca.
Silvia Hernández, también del PLN y presidenta de la comisión, preguntó si el Gobierno pretende usar esos dineros para apoyo presupuestario.
Añadió que el dilema surge por los eventuales pagos “hacia atrás” del programa Proteger que se harían a Hacienda.
La misma duda manifestó el diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PUSC), Otto Roberto Vargas.
“Insisto en negar que esos recursos vayan a llenar un faltante de bonos presupuestados. Esos recursos se puedan usar para fortalecer más el componente de subsidio al sector turístico”, respondió la ministra.
Jonathan Prendas, legislador del bloque Nueva República, señaló que si parte de esos recursos se usarán para nuevos subsidios, el “Gobierno insiste en acudir a impuestos y a deuda externa para mantener el asistencialismo”.
“Todo con el fin de no generar trabajo y producción”, agregó.
Sobre esta aseveración, Dinarte dijo que el asistencialismo es una herramienta temporal para ayudar a familias vulnerables, en este caso afectados económicamente por la pandemia.
Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), adelantó que si las dudas persisten, él no aprobará ese empréstito.
María Inés Solís, también socialcristiana, de igual forma cuestionó que el empréstito se use para “asistencialismo” y sugirió que el crédito sea aplicado para el servicio de la deuda pública.
Los bonos Proteger son un subsidio estatal que oscila entre ¢62.500 y ¢125.000 mensuales, por un periodo de tres meses, a trabajadores afectados económicamente por la emergencia sanistaria por despidos, suspensión temporal del contrato o reducción de jornada laboral
Además de tomar recursos del gasto corriente de las instituciones, a través del recorte al gasto publico, Dinarte recordó que el programa se nutre de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros.
Otros ¢14.000 millones provienen del impuesto de los combustibles y una parte del préstamo de $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En total, indicó la responsable de la cartera de Trabajo, se presupuestaron ¢256.000 millones para el programa, de los cuales se han ejecutado ¢210.000 millones.
En seis meses, el Gobierno ha otorgado 700.000 de esos subsidios de un poco de más de un millón de solicitudes recibidas en la plataforma digital.
Las inquietudes de los congresistas con el empréstito surgieron hace dos semanas, luego de que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en el mismo foro legislativo, también dudara sobre el uso de esos recursos.
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Así como Dinarte, Villegas, en aquella ocasión, primero dijo que serían utilizados para reembolsar gastos de Hacienda en el bono Proteger, luego indicó que serían para futuros incentivos de esa misma naturaleza.
Además, el ministro dio la posibilidad de que se destinaran a la compra de vacunas contra la covid-19 y, finalmente, declaró que probablemente se tomarían para el pago de salarios o aguinaldos del sector público.