El Gobierno les propuso a los diputados, este lunes, reducir en un 15% la jornada laboral a los funcionarios del sector público que ganan más de ¢1,5 millones, salvo aquellos trabajadores de instituciones vinculadas con la atención a la pandemia.

En consecuencia, el pago de remuneraciones para estos servidores bajaría en un porcentaje similar. La medida aplicaría durante 12 meses a partir de su entrada en vigencia.

Con esa iniciativa, la administración de Carlos Alvarado se plantea generar un ahorro de ¢130.000 millones, de los cuales unos ¢44.000 millones se economizarían este año si los diputados aprueban la medida antes de setiembre, mientras que los ¢86.000 millones restantes quedarían para el 2021.

Así lo explicaron los ministros de Planificación y Hacienda, Pilar Garrido y Elian Villegas.

El texto llegó a la Asamblea Legislativa de la mano de un Segundo Presupuesto Extraordinario, a la 3:15 p. m., y fue entregado en la sede del Congreso por la jefa de despacho del Ministerio de la Presidencia, María Devandas.

El texto establece que la reducción se haría sobre la jornada ordinaria. Garrido añadió que el cálculo se hará sobre el ingreso bruto de estos asalariados.

Ella estima que la medida cubrirá a unos 30.000 funcionarios públicos, el 10% del total.

La medida se tomaría en un momento en que el Gobierno afronta una disminución en sus ingresos de casi ¢1,2 billones para este año y con un déficit fiscal que rozaría el 10%.

Ámbito de acción

El plan alcanzaría a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Del mismo modo, se implementaría para empleados de órganos de desconcentrados adscritos a los ministerios, así como instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.

Incluiría a las superintendencias y a los diputados, también.

Las instituciones que están fuera de la esfera del Gobierno tendrían que pasar los recursos ahorrados al Ministerio de Hacienda, para ayudar a paliar el déficit financiero.

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El proyecto prevé una excepción para trabajadores de las instituciones relacionadas con la atención de la pandemia, específicamente los cuerpos de Policía y Bomberos, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y los centros penitenciarios.

Los empleados públicos afectados por esta medida no podrán retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL). El texto sí permite que los trabajadores del sector privado y público puedan retirar los recursos de su fondo cuando sufran una reducción de su jornada laboral de hasta un 20%.

Eso sucedería en el caso de algunas entidades públicas donde el proyecto sí permite una reducción de jornadas superior al 15%, tal como explicó la ministra de Planificación y Política Económica.

Ese es el caso de las empresas estatales con régimen de empleo privado.

En marzo, pasado, el Congreso autorizó una ley que permitió reducir las jornadas laborales de los empleados del sector privado hasta en un 50% durante la pandemia, si los ingresos bajan un 20%.

Luego de que se presentó, pocos diputados reaccionaron al planteamiento del gobierno. Uno de ellos es Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República.

El legislador fabricista dijo que la reducción va en la linea de lo planteado por su agrupación en las propuestas de recorte al gasto público y reactivación económica.

“Queremos leerlo en profundidad para que no tenga escondido alguna gol de parte del Ejecutivo que no estemos mirando. El hecho de que sea solo por 12 meses le asegura al empleado publico que, de mejorarse la economía, volvería a su estado actual de ingreso”, indicó.

Carlos Avendaño, diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) dijo que su fracción definirá un criterio una vez que estudie el texto.

Jefe del PUSC: ‘No es justo'

Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hizo varias críticas a la propuesta. Sin embargo, aclaró que lo hace a nivel individual.

Primero, cuestionó la base de ¢1,5 millones sobre ingresos brutos para aplicar la reducción. Indicó que hoy muchos de esos salarios están comprometidos.

Afirma que el trabajador recibe menos de lo estipulado debido a sus compromisos asumidos de previo, entre ellos, según aseveró, el de sostener a familiares que han quedado desempleados.

“Me parece que un 15% no es justo, no es correcto, por la sencilla razón de que hay salarios muy altos en todo el sector que podrían pagar un porcentaje mucho mayor”, expuso el socialcristiano.

Otro señalamiento de Peña es hacia las excepciones. Él considera que no todos los trabajadores de las instituciones mencionadas en el texto atienden la covid-19 de forma directa.

“Muchos están en teletrabajo, muchos no tienen el riesgo de los que están en primera línea. Habría que valorar cuál sería la fórmula para atender a los que están expuestos a mayor riesgo”, añadió.

Peña mencionó que, en febrero anterior, él presentó un proyecto de ley que aplicaba un impuesto solidario a los trabajadores públicos partir de los ¢1,5 millones, pero esa base se calculaba luego de que se hicieran los rebajos.