Silvia Artavia.   14 octubre
Actualmente, el país no tiene una metodología para definir a partir de qué rango una tasa de interés se considera de usura. Fotos Mayela López

Dentro del proyecto de ley para otorgar créditos de salvamento a personas sobreendeudadas, el Gobierno incluirá un articulado para que el Banco Central defina a partir de qué rango una tasa de interés se considera excesiva, con el objetivo de poder castigar a quienes presten dinero con usura.

Tanto el Código Penal como la Ley del Consumidor, así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, establecen la usura como una práctica que debe sancionarse.

Sin embargo, el país no ha definido a partir de cuál tasa se considera que existe un cobro desproporcionado de intereses. Por tanto, hoy es imposible aplicar el castigo establecido para el delito, que es de seis meses a dos años de cárcel.

Más de seis propuestas para tocar este tema en la Asamblea no han fructificado en la última década. Ahora, el Gobierno volverá a poner el asunto sobre la mesa, en el proyecto de ley que les permitiría a las personas con altos niveles de endeudamiento refundir sus préstamos, con tasas más bajas y plazos más largos, para que paguen una cuota mensual más baja y mejoren su disponibilidad de dinero.

¿Qué propone exactamente? “Lo que se plantea en el proyecto es que, obviamente, eso tiene que ser discutido en la Asamblea, que sea el Banco Central el que, técnicamente, fije esa tasa (la de usura)”, explicó el presidente Carlos Alvarado.

“Habría un tipo penal que si yo le estoy prestando usted plata al 80%, se puede demostrar que yo estaría incurriendo en un delito”, añadió.

Según Alvarado, el objetivo del texto sobre la usura es que se establezca una metodología acorde con las condiciones del país, pues en otras ocasiones el planteamiento se ha hecho con base en la realidad de otras naciones.

Por ejemplo, se ha propuesto una tasa de usura no menor al 30%, como la empleada en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el mandatario, hay estudios en marcha para determinar cuál sería la tasa de usura para el país. Sin embargo, estos no están concluidos.

Lo que sí adelantó es que el indicador no podría ser menor al 30% ni mayor al 70%.

En Costa Rica, siete de cada 10 tarjetas de crédito cobran intereses entre el 40% y el 50% anual.

Asimismo, Alvarado dijo que deben garantizarse dos cosas: proteger el bolsillo de las personas, pero al mismo tiempo mantenerlas en el sistema financiero formal.

“Digamos que fijamos la tasa de usura en 40%. A mucha gente le van a decir (en las entidades financieras): ‘Usted no es sujeto de crédito’ porque sobrepasó o porque es muy riesgoso. Entonces, la persona que va a buscar quién le preste, y como ya está fijada la tasa y es delito, pero va a necesitar la liquidez, entonces va a ir a buscar otros medios”, consideró.

La importancia de la educación financiera

Por eso, insistió, es muy importante el programa de educación financiera que viene incluido en el proyecto de ley que presentarán este martes.

En este se obliga a quienes opten por el crédito de salvamento a llevar una serie de módulos sobre finanzas saludables durante tres años.

"Ahí es donde empieza un saneamiento, con la educación financiera, para que, mientras se está en ese proceso, le expliquen que si usted tiene una tarjeta y solo paga la cuota mínima, no es que está pagando la tarjeta. Si usted solo paga la cuota mínima, tiene que pagar intereses sobre todo lo que no pagó.

“Hay gente que cree que si pagó la cuota mínima, ¢5.000, está al día, y no. Hay gente que saca un electrodoméstico con ¢5.000, y empieza a pagar, y resulta que un electrodoméstico que costaba ¢50.000, a los dos años les costó ¢200.000, ¢300.000”, aseveró el mandatario.

Por eso, reitera, es preponderante educar a las personas para que aprendan hábitos financieros básicos, como no comprometer con deudas más del 40% de sus ingresos, o ahorrar hasta un 10% de estos.

El programa para sanear las finanzas de los costarricenses presentado por el Ejecutivo no solo depende de los diputados, sino también de las acciones que tomen la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Estas entidades deberán emitir la normativa mediante la cual las entidades financieras otorgarán los créditos de salvamento a las personas endeudadas.