El Gobierno planteó dos opciones para incrementar los ingresos del Gobierno Central mediante aumentos en el impuesto al valor agregado (IVA).

La primera opción es un combo que incluye cuatro rubros: subir el IVA a la canasta básica tributaria (CNT) del 1% actual a un 13%, así como gravar con la misma tasa del 13% los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.

Hacienda calcula que la propuesta generaría ¢400.000 millones más por año.

La segunda alternativa solo incluye el aumento a la canasta básica tributaria del 1% al 7%, la cual produciría ingresos netos por ¢83.000 millones.

Actualmente, la educación privada formal está exenta del pago del IVA. En tanto, los servicios de salud tienen un gravamen del 4% si se pagan en efectivo y, si se cancelan con tarjeta de crédito o débito, están exentos.

En cuanto a los seguros, están exentas las primas de pólizas de vida, riesgos del trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social.

El planteamiento lo hicieron el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ante los 62 sectores que participan en el diálogo para buscar una reducción permanente de un 2,5% del producto interno bruto (PIB) en el desbalance entre los gastos y los ingresos del Gobierno, lo que equivale a unos ¢887.000 millones.

El diálogo multisectorial está previsto que concluya el sábado 21 de noviembre.

En caso de que se opte por la propuesta de cobrar un 13% de IVA sobre canasta básica, educación, salud y seguros, el gobierno de Carlos Alvarado propone una compensación: devolver el tributo, más un monto adicional, a los hogares ubicados en los primeros cuatro deciles.

Estas familias pagarían el impuesto del 13%, pero se les daría de vuelta un monto equivalente al 14,5% del tributo pagado.

¿Quiénes están en los primeros cuatro deciles? Los cuatro estratos de menos recursos son los hogares con ingresos mensuales promedio entre ¢140.700 y ¢512.000, expuso el presidente Alvarado.

Los restantes seis estratos de la población son los que reciben entre ¢653.700 y ¢3,4 millones en promedio. Estos sí tendrían que pagar el 13% de IVA sobre los productos de la canasta básica, la educación, la salud y los seguros sin recibir devolución.

Según el Gobierno, la devolución cubriría a 640.000 hogares (40% de los hogares que hay en el país) con unos ¢25.000 mensuales. En total, se trataría de unos ¢195.000 millones anuales.

En tanto, el rendimiento neto a favor del Gobierno sería de un 1,14% del PIB, casi ¢400.000 millones.

“Tenemos la capacidad de devolverle a la gente más plata de la que consume. Ese es el espíritu, y lo podemos hacer”, afirmó el presidente Alvarado.

El ministro de Hacienda aseguró que esta propuesta generaría un rendimiento “muy significativo”.

“¢195.000 millones son más de $300 millones, que sería la devolución. Esto le da un carácter absolutamente progresivo a lo que estamos planteando. Desde el punto de vista del rendimiento financiero es muy importante. Estamos planteando acá, prácticamente, ¢400.000 millones al año de rendimiento neto. Así es que, desde ese punto de vista, consideramos que esta es una propuesta que financieramente funciona”, argumentó.

La educación privada formal (primaria, secundaria y universitaria) fue excluida por los diputados del cobro del IVA cuando se discutió la reforma fiscal en el 2018. En esa misma época, se decidió concederle una tasa diferenciada del 4% a los servicios de salud, con la devolución automática del impuesto si el pago se hace con tarjeta.

El impuesto a la educación afectaría, en principio, a 90.000 estudiantes matriculados en 542 centros particulares. No está claro cuántos estudian en 53 universidades privadas y múltiples centros parauniversitarios.

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Opción del 7% sobre el IVA a la canasta básica

La otra opción presentada por el Gobierno solo tocaría la canasta básica tributaria (CNT), la cual incluye 195 artículos o servicios consumidos por los hogares de menores ingresos.

Consiste en aumentar de un 1% a un 7% el IVA sobre la canasta y devolver a los cuatro estratos de menos recursos de la población un monto equivalente al 8% del impuesto que paguen por sus compras en este tipo de productos.

Se trata de unos 640.000 hogares, a los que se les devolvería una media de ¢11.000 mensuales, expuso el Poder Ejecutivo.

El Gobierno estimó que, restando los ¢84.500 millones que se les devolverían a los hogares de menos recursos, la propuesta generaría un incremento neto de un 0,24% del producto interno bruto (PIB) en la recaudación de impuestos, equivalente a unos ¢83.000 millones.

El presidente Alvarado argumentó que la canasta básica hoy está exonerada (con un 1% de IVA en vez de un 13%) tanto para la persona con un ingreso de ¢140.000 como para el que recibe ¢3,4 millones. “Todos están exonerados”, afirmó.

Además, alegó que el consumo entre el decil 7 y el decil 10 es mucho más grande que en los otros deciles.

Según sus cálculos, los hogares ubicados entre el quinto y el décimo decil hoy gozan de una exoneración, en la canasta básica, que le quita al Estado un 1,14% del PIB.

Insistió en que, con su propuesta de subir el IVA a la canasta básica al 7%, se le podría girar a los otros cuatro deciles, los de menos recursos, una devolución de impuesto superior en proporción al monto que consumen y, aún, así el Estado recibiría una ganancia neta del 0,24% del PIB.

“Para nuestros fines no es nada malo, y estaríamos cumpliendo con el principio de no afectar a los más pobres

Sobre el mecanismo de devolución, Alvarado sostuvo que el bono Proteger demostró que sí es posible bancarizar a las personas y que hoy el sector social hace más de medio millón de transferencias al mes.

No obstante, los sectores expusieron su oposición a que el Gobierno plantee propuestas que no habían sido conversadas anteriormente en las mesas técnicas.

Jorge Coronado, del Bloque Unitario Sindical y Social (Busco), dijo que, en las mesas técnicas, se había conversado sobre el tema de canasta básica alimentaria, pero no sobre más impuestos para educación privada y salud privadas.

Por su parte, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), llamó al Gobierno a debatir propuestas de las cuales ya se conversó.

Al final, lo único que se acordó fue pedirle al Gobierno un análisis de progresividad y del impacto económico-social en la aplicación de tasas diferenciadas del IVA a la canasta básica y los distintos mecanismos de devolución posibles, de previo a evaluar “ajustes en la tasa aplicable a la canasta básica”.

Además, se solicitó publicar los resultados finales, así como la metodología aplicada.

Idea de ‘gente fuera del Gobierno’

En declaraciones a La Nación, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, argumentó que, desde tiempo atrás, se discute la posibilidad de obtener recursos mediante el IVA, no aumentando la tasa, sino eliminando tarifas preferenciales.

Argumentó que la idea viene impulsaba por “gente fuera del Gobierno” y que el Ejecutivo agregó el componente de la devolución.

“Parte de la propuesta que se contempla es una devolución anticipada, antes de que entre en operación el impuesto. Ya en el entorno público es algo que se había estado señalando”, dijo.

Según dijo, ante la resistencia de sectores sobre gravar la educación, habrá que revisar la propuesta.

“Lo que se hace es tomar en consideración ese criterio negativo y decir ‘tenemos que ver qué hacemos para modificar educación o retirarlo’, para seguir avanzando”, declaró el ministro.