El Gobierno propondrá prohibir las tasas piso en los préstamos que se otorguen a empresas afectadas por la pandemia con el respaldo de un fondo de avales.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, confirmó que dicha medida formará parte de un conjunto de cambios que su cartera le hará al proyecto de ley de creación del fondo de avales, el cual está en la corriente legislativa.
La prohibición de cobrar tasas piso la sugirió el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en un criterio enviado a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. La idea es que los bancos que otorguen créditos respaldados con estos avales permitan a las empresas beneficiarse en caso de una baja considerable en las tasas de interés.
Las tasas piso son un mecanismo, incluido en algunos contratos de préstamo con entidades financieras, que establece que el interés de un crédito no puede bajar de cierto porcentaje, al igual que se pueden fijar tasas techo.
Este sistema impide a los deudores disfrutar de una rebaja en sus cuotas, si la tasa de referencia del BCCR registra una disminución significativa.
El ministro de Hacienda explicó que, en el proyecto de ley, también se incorporaría “alguna sanción” a los bancos que no trasladen los beneficios correspondientes por la reducción de tasas a deudores.
Sin embargo, evitó ahondar en detalles al señalar que los ajusten están en revisión.
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El fondo de avales se financiaría con un crédito de $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), unos ¢180.000 millones.
El objetivo del proyecto es que unas 18.000 empresas golpeadas por la pandemia puedan pedir créditos y otorgar como garantía un aval respaldado con estos fondos del Gobierno, con la condición de que mantengan su nivel de empleo.
La redacción actual establece que el fondo cubriría el 70% de los créditos en caso de impago por un periodo de 15 años, aunque el BCCR recomendó bajar el porcentaje a un 60% para recudir los riesgos de mora.
Hacienda incluirá otra recomendación del Banco Central para el texto de ley, que consiste en ingresar los ¢180.000 millones del fondo de avales, a las arcas públicas, en tractos anuales de ¢36.000 millones por año, en un periodo de cinco años.
“En caso de que se llegue a requerir fortalecer ese ingreso mediante un presupuesto extraordinario, se haría la reforma correspondiente para darle el soporte económico”, agregó.
El BCCR había advertido a los legisladores sobre el riesgo fiscal de que el Ministerio de Hacienda depositara, en un solo tracto, los ¢180.000 millones al fondo.
Además de considerar innecesario esa inyección en un solo año, debido a que no todos los créditos se colocarían al mismo tiempo, el Banco Central aseguró que esa obligación aumentaría el déficit fiscal del Gobierno en un 0,5% del producto interno bruto (PIB).
El fondo de avales sería administrado en un fideicomiso por el Banco Centroamericano, según la iniciativa. Esta condición no variaría en los ajustes, confirmó el jerarca de Hacienda.
En el proyecto, se sometería al BCIE a las regulaciones propias de cualquier ente fiduciario de fondos públicos, anunció Villegas.
“Se estipularía con toda claridad que el fiduciario, en este caso el BCIE, está sujeto a las mismas limitaciones en el control de los dineros que está sujeto cualquier otro fiduciario que lleve un fideicomiso, donde el patrimonio fideicometido sean fondos públicos”, explicó el ministro.
La diputada Silvia Hernández, presidenta de Hacendarios, comentó que, después de varios criterios recibidos en comisión, entre ellos los del Banco Central, se está a la espera los cambios que trabaje el Gobierno.
“La idea es que sean cambios consensuados entre BCCR y Hacienda”, comentó la legisladora liberacionista.
Villegas, por su parte, dijo que los ajustes contemplan aportes de los propios diputados, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El titular de Hacienda evitó dar más adelantos, reiterando que los ajustes están en revisión.
El BCCR, en su tercer criterio sobre la iniciativa, señaló de posibles riesgos en el tipo de cambio, pues el fondo se constituiría en colones y otorgaría créditos en moneda nacional y extranjera.
El ente emisor también estimó pertinente despolitizar el consejo rector del fondo de avales. La redacción actual indica que dicho consejo estaría integrado por tres ministros de gobierno y dos expertos.
Un primer texto de la iniciativa lo presentó el Gobierno el 6 de junio del 2020. Luego se han presentado dos textos sustitutivos, más los actuales ajustes que trabaja Hacienda.
De momento el texto está desconvocado de la agenda de sesiones extraordinaria en el Congreso.
Desde mediados del mes de marzo, el Gobierno, que coordina la lista de proyectos que se ponen a discusión en ese periodo en el Congreso, decidió limpiar la agenda para que los diputados se enfoquen en la discusión del proyecto de empleo público.
Además de la reforma al sistema de empleo público, el Poder Ejecutivo mantiene en la convocatoria el proyecto para reducir el canon que los autobuseros le pagan a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Un tercer plan convocado es el proyecto para extender la reducción de la jornada laboral de los trabajadores del sector turismo y de los sectores con aforo limitado, por efecto de la pandemia.