Gobierno priorizará agenda fiscal y anticorrupción en su último mes de sesiones extraordinarias

La convocatoria del Poder Ejecutivo contempla cinco iniciativas que forman parte de la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que son indispensables para acceder a un préstamo blando de $1.778 millones, con el propósito de estabilizar las finanzas públicas.

Además, se priorizará otros cinco planes de ley para el combate contra la corrupción, el crimen organizado y la legitimación de capitales, así como dos proyectos para proteger al medio ambiente.

La agenda fiscal está encabezada por la iniciativa de renta global dual, que afronta una fuerte oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El plan equipararía el cobro del impuesto sobre la renta entre asalariados e independientes, al tiempo que obligaría a las personas con más de un ingreso a sumar todas sus entradas para pagar el tributo de una sola vez, en lugar de hacerlo por separado.

También estará en discusión el proyecto de ley que tasa a las casas de lujo, es decir, a aquellas valoradas en ¢133 millones o más. La idea es cambiar las tasas progresivas que rigen actualmente y que van desde el 0,25% hasta el 0,55%, por una tarifa única anual de 0,5% sobre el valor de la propiedad y la construcción. La iniciativa fue dictaminada en la Comisión de Asuntos Jurídicos a finales de noviembre.

En la misma agenda de ajuste fiscal aparecen los proyectos de reducción de exoneraciones fiscales, el aporte solidario de las empresas estatales para pagar deuda pública y la reforma a la Ley General de Aduanas.

El Fondo amplió hasta febrero de 2022 el plazo para aprobar esas leyes de ajuste fiscal, luego de que Costa Rica incumpliera su compromiso de decretar esas reformas en noviembre pasado.

Ahora, el Gobierno intentará usar su último mes de sesiones extraordinarias para promover esa agenda acordada con el FMI en el Congreso. Si las iniciativas no quedan aprobadas para entonces, los diputados decidirán si entran a discutir esas iniciativas u otras.

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La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, reconoció que el ambiente electoral, previo a los comicios de febrero próximo, complica el panorama para la aprobación de esas reformas tributarias. No obstante, apeló a la responsabilidad de los legisladores para avanzar con la agenda.

“La pregunta es cuánto puede estar nuestro país sin tener el apoyo presupuestario que significa el desembolso del FMI. Entiendo que los partidos están en un momento donde puede estar la tentación de no discutir temas tributarios, precisamente por los apoyos que puedan o no encontrar en su espectro de votantes; lo cierto es que hay un interés superior por el que tenemos que velar todos. No solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo”, afirmó Dinarte.

La jerarca recordó a los candidatos presidenciales que “cualquier futura administración tendrá que enfrentarse a la realidad de tomar decisiones en materia tributaria si no se lograra resolver en esta administración. Si se dilatara cualquier decisión con respecto a estos proyectos lo que va a terminar pasando es que el país no va a poder percibir este apoyo de recursos”.

Anticorrupción y ambiente

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El materia de combate a la corrupción, crimen organizado, narcotráfico y legitimación de capitales se convocarán las cinco iniciativas consensuadas por los jerarcas de los supremos poderes el pasado 8 de diciembre.

Entre ellas está una reforma para agilizar el uso del ‘testigo de la corona’, en aras de que el Ministerio Público acceda de forma más práctica a información valiosa, proporcionada por partícipes menores de los delitos, para incriminar al resto de la estructura criminal.

También aparece la propuesta que permitiría el uso como prueba de las escuchas telefónicas, previamente ordenadas por un juez, para sancionar en las instituciones públicas a empleados estatales corruptos.

Los jerarcas abogan además por regular el mercado de las transacciones de activos digitales, como el bitcóin, para evitar la legitimación de capitales y el financiamiento al crimen organizado, a través de esos intercambios que carecen de trazabilidad.

De igual forma acordaron impulsar una reforma al sistema de financiamiento de partidos políticos que, entre otras cosas, introduce el retiro anticipado del 50% de los fondos de deuda política para financiar las campañas electorales municipales.

Por último, se encuentra otra reforma que pretende reforzar la ley para incautar bienes con origen no justificado. La propuesta permite al Ministerio Público solicitar, de forma anticipada y provisional, el secuestro o la verificación de bienes o productos financieros de origen dudoso.

“Estamos decididos a combatir con toda firmeza la corrupción y los riesgos que representa para la institucionalidad democrática y para el desarrollo del país. Es particularmente relevante esta muestra de unión de todos los poderes de la República en el impulso de estas medidas contra la corrupción y el crimen organizado”, afirmó el presidente Carlos Alvarado.

En la convocatoria también figurarán los proyectos para impedir la exploración y explotación de petróleo en territorio nacional, así como la firma del Acuerdo de Escazú, que es un convenio regional sobre el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental en América Latina y el Caribe.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.