El Ministerio de Seguridad pretende comprarle 2.000 pistolas, por un valor de ¢1.169 millones, a un proveedor que le vendió revólveres que presentaron daños hace 9 años.

El 18 de julio, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, le solicitó a la Contraloría General de la República permiso para hacerle una compra directa a la firma Beretta USA Corp.

El trámite aún está en estudio por parte de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, por lo que el proceso de compra no ha iniciado.

En el 2009, Beretta Corp. le vendió al Ministerio de Seguridad Pública 349 revólveres del modelo M9 A1, a través de la firma nacional Koruma Lenex Seguridad. En aquella época, la compra fue de ¢151 millones.

Pero en el 2014, el entonces director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, le informó a la Proveeduría Institucional de que las armas presentaban fallos.

Aunque se le pidió una entrevista sobre el caso, Andrade declinó dar declaraciones. Él ya no labora para el Ministerio de Seguridad.

Después del reporte que hizo Andrade, el Ministerio inició una negociación con Beretta para la reposición de las piezas y de las pistolas malas.

Sin embargo, el asunto se resolvió el 18 de octubre del 2017 cuando la Proveeduría Institucional le impuso una sanción de apercibimiento a Beretta USA Corp. y a su antiguo proveedor local, Koruma Lenex Seguridad, por haber incumplido con la reposición de las armas y de sus repuestos.

Según se registró en el oficio DPI-1331-2017, del 30 de octubre del 2017, las pistolas compradas a Beretta “presentaban daños en algunas piezas internas, tales como oxidación en los cañones y defectos en el funcionamiento mecánico de algunas otras”.

En el inciso quinto de ese oficio, dirigido al director general de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, Fabián Quirós, se detalla que la Proveeduría de Seguridad Pública solicitó un estudio técnico al Centro de Investigación y Extensión de Materiales (CIEMTEC) de la Escuela de Ciencia e Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Tal estudio, que se realizó sobre muestras que aportó el Ministerio de Seguridad Pública, concluyó que la causa de la corrosión en los cañones fue la presencia de una capa más porosa, de material menos impermeabilizante, lo que permitió el paso de oxígeno y humedad hacia esos componentes fundamentales de las pistolas, lo cual provocó la corrosión.

Ante las evidencias técnicas que le aportó el TEC, la Proveeduría de Seguridad Pública determinó que la situación "evidencia una probable debilidad en el proceso de fabricación, siendo que es un problema masivo en un alto porcentaje de las pistolas recibidas”.

La Proveeduría de Seguridad Pública impuso en firme al proveedor una sanción de apercibimiento por tres años. Es decir, que en ese plazo la empresa no podía volver a incurrir en comportamientos similares a la hora de contratar con la administración pública.

Según el documento de la Proveeduría, donde detalla a Hacienda la sanción, el fabricante de armas se había comprometido, a través de su proveedor local, al cambio total de cada pistola adjudicada que presentaba inconsistencias, el cambio de los tornillos de las cachas y el cambio de los cargadores que estaban en mal estado. No obstante, el proveedor incumplió el acuerdo.

“Aun y cuando se dieron diversas conversaciones con el adjudicatario respecto de los desperfectos de las armas, como es el problema de corrosión de la totalidad de las armas, siendo que de conformidad con el último programa presentado por el señor Marco Aguilar Castro, como representante de Koruma Lenex Seguridad S. A., respecto del cual no hubo oposición expresa de la Administración, se culminaría con la entrega de la totalidad de los cañoñes y del kit de respuestos el día 16 de mayo del 2014.

Fallos no inquietan a nuevas autoridades

A pesar de los recientes malos antecedentes de Beretta, ahora Seguridad Pública quiere realizar una compra directa a ese fabricante, es decir, sin realizar una licitación para identificar al mejor oferente.

Durante una entrevista con La Nación, el jueves 23 de agosto, la viceministra administrativa, Fiorella Salazar, alegó razones de conveniencia excepcionales que, según el Ministerio, justifican la contratación directa de las armas sin que se le permita a otros oferentes participar con ofertas de otras marcas de pistolas.

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El 16 de julio pasado, el ministro Michael Soto dirigió una nota a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando el permiso para realizar la compra de los revólveres 9 milímetros a través del nuevo proveedor nacional de la marca Beretta, Fire Rescue Equipment S. A.

Seguridad Pública pretende hacer la compra en dos tractos. El primero sería de 850 pistolas por ¢497 millones, mientras que el segundo sería de 1.150 pistolas, con un valor de ¢672 millones, a un precio unitario de ¢584.000.

En el documento a dirigido a la División de Contratación Administrativa de la CGR, Soto se basó en un informe técnico operativo que prepararon la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Unidades Especializadas y la Escuela Nacional de Policía, para afirmar que “las armas Beretta constituyen la plataforma armamentista que más favorece los intereses de la Fuerza Pública”.

En dicho documento, el jerarca no mencionó los fallos en las armas que la Proveeduría Institucional detectó y sancionó.

Por el contrario, Soto alegó que del total de pistolas de la misma marca que ya hay en el arsenal de la Fuerza Pública, solo un 1,08% ha presentado incidencias sobre problemas en sus componentes.

La viceministra Salazar afirmó que no era necesario incluir el caso del 2014 pues, en el expediente que se remitió a la Contraloría estaba la sanción de apercibimiento contra Beretta USA Corp.

En su oficio a la Contraloría, Soto argumentó, además, que la compra directa de las 2.000 armas debe hacerse a Beretta, pues es el tipo de revolver que más se encuentra en el arsenal nacional.

“Al realizar compras de pistola marca Beretta, se aumenta el grado de estandarización del tipo de armas de reglamento de los cuerpos de policía de la Fuerza Pública con lo cual se permitiría lo siguiente: a nivel técnico la curva de aprendizaje para el mantenimiento preventivo o correctivo del armamento se reduce al mínimo (…). Se reduce la tramitología en los procesos de contratación de repuestos, al reducir la cantidad de proveedores de otras marcas de armas”, se lee en el documento, en poder de La Nación.

Además, Soto afirmó, en el oficio, que “realizar un cambio en el tipo de pistola más utilizado por los cuerpos de policía, por cualquier otro tipo de pistolas existentes en el mercado, muy probablemente podría significar el surgimiento de importantes costos ocultos, que si bien son difíciles de percibir para efectos contables, existen e impactarían de forma negativa la operatividad y rentabilidad de las inversiones realizadas por el Ministerio de Seguridad Pública (...)".

Según la viceministra de Seguridad Pública lo ocurrido en el pasado con el fabricante Beretta no desestimula al Ministerio de Seguridad Pública a seguir adelante con el proceso de autorización para la compra directa.

“Esto es como comprar un carro. Si usted compra un carro que solo tiene la pintura rayada o con merula, el carro sigue siendo carro y no deja de ser carro por estar rayado. Evidentemente, el carro (en referencia a la adquisición de armas del 2009) tenía que estar bueno cuando nosotros lo compramos, tenía que estar reluciente como cualquier cosa nueva que uno compra, el punto es que (el daño que se detectó en las pistolas) no afecta el funcionamiento del carro por el tema que se le encontró”, afirmó.

Sus argumentos los respaldaron el subdirector general de la Fuerza Pública, el comisionado Reinaldo González, Pablo Cuadra, de Unidades Especializadas y jefe de la Unidad Táctica y Ka Wuaig León, instructor de la Escuela Nacional de Policía.

“La decisión que ese está tomando parte de la conveniencia institucional. El uso de la plataforma de Beretta, nos permite ampliar ventajas que ya existen en la institución respecto de la marca en particular. Esta institución tiene más de 96 armerías cantonales, 17 armerías de unidades especiales subregionales, nuestro arsenal central y otra serie de agregados que nos permiten darle el mantenimiento básico de limpieza de las armas lo cual las hace menos susceptibles a caer en obsolescencia técnica producto de un mal mantenimiento”, comentó el subdirector general de la Fuerza Pública.

El 31 de julio pasado la División de Contratación Administrativa de la CGR le remitió una nota al ministro Michael Soto en la que le solicitó información adicional con el objetivo de continuar con el trámite de autorización de compra directa a Beretta.

En el oficio, el gerente asociado de la División, Edgar Herrera Loaiza, le pidió al jerarca de Seguridad Pública que indicara, “con amplitud”, las razones por las cuales el Ministerio considera que las pistolas Beretta “generan un beneficio superior para el ejercicio propio de la labor policial, en comparación con otras pistolas que se pueden encontrar en el mercado con características similares”.

Uno de los aspectos que Soto destacó en el oficio de contestación, es que las armas que pretende adquirir el Estado son de manipulación ambidiestra, es decir, que las pueden usar con igual eficacia personas diestras o zurdas.

“Debido a la gran cantidad y diversidad de personas que actualmente forman parte de la Fuerza Pública (13.000 oficiales) y el proceso de contratación permanente de oficiales, lo más adecuado es adquirir únicamente pistolas con esa característica”, argumentó.

Detalló, además, que no todas las armas en el mercado tienen el mismo nivel de estandarización y compatibilidad de partes y componentes internos, mientras que, según él, las Beretta sí garantizan esa flexibilidad y agregó que la administración ya cuenta con una estructura formativa consolidada que se basa en la experiencia acumulada durante más de 25 años en el uso de esa marca.

“Si bien el mercado ofrece otras armas tipo pistola con características similares, adquirir otra marca de pistola implicaría diseñar procedimientos específicos y, en consecuencia, que la institución se obligue a desarrollar modelos paralelos a los existentes para instituir el uso y mantenimiento correcto de las nuevas plataformas de armamento, lo que representaría un rezago relevante (...)”, contestó.