Silvia Artavia. 13 mayo
Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior; Edna Camacho, ministra coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, y Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, presentaron un proyecto de ley ante los diputados que estudian el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Foto: Alonso Tenorio.
Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior; Edna Camacho, ministra coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, y Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, presentaron un proyecto de ley ante los diputados que estudian el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Foto: Alonso Tenorio.

El Gobierno impulsa una iniciativa que permitiría a los bancos extranjeros operar en Costa Rica bajo la figura de sucursal y no solo como subsidiarias, como ocurre hoy bajo el alero de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

El objetivo es que las entidades financieras que quieran traer sus operaciones tengan la posibilidad de escoger, entre esas dos denominaciones, la que más se ajuste a sus necesidades.

El proyecto de ley, presentado este lunes a los diputados que estudian el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propone reformar el artículo 141 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Ese extracto de la normativa estipula que “los bancos privados deberán, necesariamente, constituirse como sociedades anónimas o como uniones o federaciones cooperativas”.

La iniciativa del Ejecutivo es que se incluya en ese concepto a las sucursales bancarias.

Edna Camacho, ministra coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, fue quien presentó el proyecto de ley a los diputados.

Camacho dijo que, más bien, la opción de que un banco opere bajo un modelo de sucursal podría ser más segura para los clientes en el eventual caso de que la entidad financiera sufra un desbalance y los usuarios se vean obligados a reclamar ante la casa matriz.

“Una subsidiaria es una entidad legalmente separada de la casa matriz (del banco), mientras que la sucursal es una parte inseparable de su casa matriz”, expresó.

Según dijo la jerarca, la pretensión no es lograr ventajas regulatorias para ninguna de las dos alternativas, pues tanto las subsidiarias como las sucursales tendrían las mismos derechos y obligaciones.

Lo que busca el proyecto de ley es cumplir con la petición de la OCDE de “no establecer limitaciones innecesarias o injustificadas a los flujos de comercio y de inversión; en este caso, de servicios bancarios”, explicó Camacho.

La coordinadora económica de la Administración Alvarado Quesada aclaró que la propuesta no cambiaría en nada los servicios que reciben actualmente los clientes de bancos extranjeros que funcionan en Costa Rica.

“El tipo de operación sería lo mismo. Para un consumidor sería casi que imperceptible. Esto es un tema más legal, de la figura jurídica mediante la cual se instalan en el país”, agregó.

“Puede ser que la situación de hoy no cambie, que todos los bancos sigan como subsidiaria, pero el hecho de darles una opción es una manera de no establecer una limitación que no cumple ningún propósito”, agregó.

Así se reformaría la ley

La reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional implicaría agregar dos artículos a esa normativa, el 141 bis y el 141 ter.

El primero de estos, el 141 bis, postula lo siguiente:

“Los bancos extranjeros que operen en Costa Rica por medio de sucursales bancarias tienen los mismos derechos y obligaciones que los bancos privados costarricenses y estarán sujetos a las mismas leyes y reglamentos, en lo que fuere racionalmente aplicable y salvo disposición legal en contrario.

“Las sucursales bancarias de bancos extranjeros están sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a la regulación y potestades del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Canassif) y del Banco Central”.

El otro, el 141 ter, dicta: “Los bancos extranjeros que operen en Costa Rica por medio de sucursales bancarias tienen los mismos derechos y obligaciones que los bancos privados costarricenses y estarán sujetos a las mismas leyes y reglamentos, en lo que fuere racionalmente aplicable y salvo disposición legal en contrario”.

Sobre las potestades del Conassif

Legisladores de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y del bloque independiente Nueva República –afines a Fabricio Alvarado– cuestionaron el proyecto por dos razones.

Objetan que sea el Conassif, y no el Banco Central, el ente que regularía la operación de las sucursales bancarias.

La otra queja es que, para efectos de materia tributaria, consideran ambigua la parte del articulo 141 bis que dice: “Estarán sujetos a las mismas leyes y reglamentos, en lo que fuere racionalmente aplicable y salvo disposición legal en contrario”.

Quienes se pronunciaron al respecto fueron las liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, así como el socialcristiano Erwen Masís y la fabricista Ivonne Acuña.

Según los legisladores, un criterio del Banco Central sobre este proyecto de ley afirma que cualquier requisito de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional debería establecerlo la Junta Directiva de este banco estatal.

“El proyecto de ley establece que es el Conassif… Digamos que ahí hay una pequeña contradicción entre si es Conassif o la Junta Directiva del Banco Central”, afirmó Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN.

La verdiblanca dijo que a su bancada le preocupa la forma en la cual la propuesta del Gobierno establece los requisitos para las entidades financieras, no solo en lo concerniente al capital financiero que tendrían que traer estas al país, sino también en relación con los requisitos que las regirían.

“Hay un criterio de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) que indica que, todo aquello que tenga que ver con reserva de ley tributaria, no debería de ser ambiguo y que, más bien, debería de ser muy explícito el tratamiento para estos actores”, argumentó la liberacionista Hernández.

“La redacción dice ‘racionalmente’, y lo que hoy hemos externado es que, más bien, eso debería estar muy claro, porque en el tratamiento tributario de reserva de ley no hay forma de dejar vacíos en la interpretación”, añadió la congresista.

Junto con la ministra Edna Camacho, el proyecto de ley fue defendido ante los diputados por Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior; Luis Carlos Delgado, presidente de Conassif, y Bernado Alfaro, superintendente general de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef).

No obstante, el jerarca de Conassif sí llamó la atención respecto a la importancia de “no generar asimetrías”, es decir, de no crear normas o requisitos que se apliquen para unas entidades y no para otras.