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El gobierno incluyó ¢3.900 millones en el Presupuesto Nacional del 2025 para la construcción de módulos de baja contención en los centros penales. Al respecto, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), solicitó al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, aclarar si los recursos se destinarían al polémico plan de cárceles de carpas.
Este miércoles 4 de setiembre, Acuña remitió un oficio al jerarca de Justicia, pidiéndole precisar qué tipos de estructuras se construirían con los recursos solicitados para los módulos de baja contención y si el gobierno pretende “insistir” en el proyecto de las carpas, pese a que los diputados frenaron un intento anterior.
El legislador justificó la consulta en la “amplia discusión pública generada por la idea de invertir en ‘estructuras livianas’ o ‘carpas’ para atender las necesidades de infraestructura del sistema penitenciario, en la cual resultó absolutamente claro que nunca existieron estudios técnicos que justificaran la inversión en las llamadas ‘carpas’”.
Este medio remitió consultas al Ministerio de Justicia para conocer los detalles sobre los materiales de elaboración de los módulos que se pretenden implementar, así como su tipo de diseño; igualmente, se pidió remitir los estudios técnicos correspondientes que sustenten su uso. Se está a la espera de una respuesta.
Diputados rechazaron una propuesta previa
La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó una solicitud previa presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves, mediante el V presupuesto extraordinario. En esa ocasión, el Poder Ejecutivo pretendía destinar ¢2.684 millones a la instalación de prisiones de carpas.
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En declaraciones a La Nación, Acuña recordó que la iniciativa fue duramente criticada por el ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres. Ante la Comisión de Hacendarios, el exfuncionario calificó el plan de “ocurrencia abominable”, por razones de seguridad y salubridad.
Por mayoría, el foro legislativo concluyó que no existía sustento técnico que respaldara la propuesta del Poder Ejecutivo, por lo que aprobó una moción para condicionar el uso de los recursos a la construcción de estructuras de concreto.
Posteriormente, el plenario del Congreso modificó la misma partida para transferir ¢1.900 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP), con el fin de cubrir salarios de profesores suplentes. Estos fondos fueron solicitados de última hora y con carácter de urgencia por la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller.
En el caso del Presupuesto del 2025, los recursos para módulos de baja contención fueron incluidos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, en la partida 789-0, denominada “Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales”. Si bien el monto total es por los ¢3.900 millones, el proyecto indica que el dinero se emplearía para varios proyectos de mejora de infraestructura penitencia.
Además de la construcción de módulos de baja contención, el documento señala que los recursos se destinarían a la remodelación y ampliación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Liberia, así como el cerramiento con muro frontal y perimetral en los centros penales CAI Jorge Arturo Montero Castro (conocido como la Reforma), CAI Carlos Luis Fallas (Pococí), y CAI Marcus Gravey (Limón).
Igualmente, se emplearían para la remodelación y ampliación de la clínica de Terrazas en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, “dadas las condiciones insalubres y obsolescencia de la infraestructura actual”.
En el presupuesto extraordinario que se presentó en julio, el gobierno solicitó autorización a los diputados para trasladar recursos de gasto corriente y aumentar la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia en Paz, con el objetivo de “financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento”.
En ese momento, las alarmas en el Congreso se encendieron porque el texto también indicaba que los recursos se utilizarán para “atender la construcción en material liviano (proyecto de cárceles livianas) de módulos de baja contención en centros penales”.
Jonathan Acuña fue designado como presidente de la subcomisión de Hacendarios que tendrá a cargo el análisis del Presupuesto Nacional 2025 y que deberá presentar una recomendación al resto del foro, sobre eventuales cambios a realizar en el proyecto.
