Por: Aarón Sequeira.   5 agosto
Los diputados Eduardo Cruickshank (izquierda) y Carlos Avendaño representan a Restauración Nacional en la Comisión Especial de Reforma Fiscal. Su posición va en contra del plan, porque no están de acuerdo con que se cobre un 2% de IVA a la canasta básica. Foto: Mayela López

El Gobierno de la República negocia en varios frentes para evitar un nuevo fracaso de su propuesta fiscal en la Asamblea Legislativa, pues a la vez se sienta a la mesa con el PLN, con el PUSC e, incluso, con Restauración Nacional (PRN), bajo la promesa de apoyar a los más pobres.

Específicamente, luego de recibir una lista de las peticiones del Partido Liberación Nacional (PLN), el viernes pasado, el Ejecutivo intenta convencer a los diputados del PRN de que se implementará un mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los estratos más pobres.

El jefe de fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, explicó que intentarán poner a votación la moción de texto sustitutivo con todos los votos posibles, para “no quemar otro cartucho” inútilmente, pues ese segundo periodo de mociones es el definitivo.

El vocero oficialista, encargado de sentar a la mesa a las autoridades del Gobierno y de las diferentes fracciones, dijo que con Liberación y la Unidad intentan concretar el consenso que les permita aprobar una nueva versión de texto sustitutivo, que se tomaría como texto base, con cinco votos.

En la Comisión Especial de Reforma Fiscal, el PAC solo cuenta con un diputado, la Unidad tiene un representante, y el PLN tiene tres diputados. Con esos votos, si se consolida el apoyo, lograrían cinco votos, apenas la mayoría necesaria, pues el foro tiene nueve integrantes.

“El éxito de un texto pasa por Liberación y la Unidad. Con ellos, tendríamos cinco votos, pero nos interesa crear las mejores condiciones posibles. No nos estamos ahorrando nada en términos de acercarnos lo más posible para un nuevo texto”, dijo Morales.

Él explicó que esperan, para este lunes, una respuesta de Restauración Nacional sobre el mecanismo de devolución del IVA que paguen los más pobres al pagar artículos de la canasta básica, pero no sería una devolución individual, sino colectiva.

La propuesta del Poder Ejecutivo es que con los impuestos al valor agregado sobre la canasta básica se formaría una especie de fondo de ayudas sociales.

“Básicamente, el tema es que ellos quieren la canasta básica en cero, pero por el lado nuestro coincidimos en algún mecanismo, sin que sea cero, de apoyo a la población más vulnerable, no una devolución individual, sino colectiva, para apoyo a los sectores más pobres”, indicó el exministro de Trabajo.

El vocero del PAC añadió que el Ejecutivo necesita el escenario de la mayor certeza posible, pese a lo difícil que le han puesto el panorama al Ministerio de Hacienda los partidos de oposición, con peticiones que, sumadas, debilitarían de forma importante el rendimiento de recaudación que podría lograr el plan fiscal.

De hecho, este sábado, el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, dijo en entrevista con La Nación que no es posible atender tanto a los sectores sociales y políticos que hacen solicitudes al punto de que, incluso, podrían dejar la carga tributaria desequilibrada, con algunos pagando más que otros.

La condición del PUSC

En ese contexto, el Gobierno también parece no tener ni un solo apoyo seguro, ni siquiera del aliado natural de los últimos meses, la Unidad Social Cristiana, cuya fracción legislativa también pone condiciones al ministro de la Presidencia y excandidato presidencial rojiazul, Rodolfo Piza, antes de poner los nueve votos al servicio de la reforma fiscal.

Esas condiciones, dijo este domingo el jefe de la fracción socialcristiana, Erwen Masís, son un programa de reactivación económica que esperan presentarle al presidente de la República, Carlos Alvarado, en una reunión hacia finales de la semana que empieza.

“Para hablar sobre el borrador del texto sustitutivo de la reforma fiscal, nosotros estamos hablando, principalmente de reactivación económica, y la respuesta que el Gobierno dé sobre ese programa. Esa es una condición para el apoyo a la reforma fiscal”, manifestó Masís.

El ambiente de la negociación fiscal se crispó desde inicios de la semana pasada, cuando la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció la presentación de un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones urgente para pagar deuda adquirida el año pasado por el gobierno anterior de Luis Guillermo Solís.

Ese hueco en el presupuesto, atribuido a la situación fiscal por el exministro de Hacienda Helio Fallas, no cayó muy bien en los actores políticos de los que depende la reforma fiscal.

De todas formas, Hacienda afina desde el viernes una versión más “afinada” del proyecto de ley para concretar el avance, a pocos días de que llegue al Congreso el Presupuesto Ordinario para el 2018.

El viceministro Acosta indicó, este domingo, que están trabajando en las propuestas liberacionistas y han mantenido contacto con los diputados de los diversos partidos, pero el borrador estaría armado este lunes.

Para ese día, precisamente, la Comisión de Reforma Fiscal aprobará el acta de la última sesión en que se hicieron cambios al texto base del proyecto de ley que quedó del gobierno pasado y reactivarán el trámite pendiente.

Según Víctor Morales Mora, se podría abrir el segundo y definitivo periodo para la presentación de mociones de fondo al plan fiscal este miércoles 8 de agosto.