Política

Gobierno gasta más en pensiones de funcionarios públicos que en IVM, critica gerente financiero de CCSS

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuestionó que el Gobierno dedique más recursos al pago de pensiones de funcionarios públicos, creadas por leyes especiales, que a las pensiones del IVM.

Picado respondió, de esa forma, a los cuestionamientos del ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien adujo que la Caja maneja sus finanzas sin prudencia y que ello tiene capacidad de generar un desequilibrio en las finanzas públicas.

El ministro Villegas criticó de la siguiente forma: “Cuando vemos que el gasto corriente del Gobierno Central sin intereses está por encima de los ¢6 billones, mientras que el gasto corriente de la Caja para el próximo año anda arriba de ¢5 billones, eso tiene un impacto directo en la competitividad del país e impacta directamente el déficit fiscal.

“Si hay algo que realmente tiene una capacidad poderosa de erosionar la estabilidad fiscal es la Caja y, por eso, es de la mayor importancia poder analizarla también desde esa perspectiva financiera, pero no desde la perspectiva de salud, en la que también somos conscientes de su aporte no solo a la salud, sino al pacto social”.

En referencia a esas declaraciones, el gerente financiero de la CCSS respondió a La Nación: “En la actualidad, el Gobierno dedica para el pago de las pensiones de regímenes especiales e intereses de la deuda interna, el doble y cuatro veces, respectivamente, de lo que destina como transferencias corrientes para la CCSS. Las cifras evidencian que, en los últimos años, estas transferencias se han mantenido sin ninguna variación, incluso tuvieron una fuerte caída el año anterior, sumas que no fueron reconocidas en el 2021″.

Los regímenes especiales son jubilaciones de funcionarios públicos con condiciones muy favorables creadas por ley, cuyo costo supera por mucho el aporte que los beneficiarios hicieron a lo largo de su vida laboral.

Dentro de ellas, están las pensiones de lujo. Algunos, por ejemplo, se pensionaron a los 50 años con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios. Unas jubilaciones llegan hasta los ¢13 millones.

El próximo año, citó el gerente financiero de la CCSS, las transferencias del Gobierno en favor del Seguro de Salud y el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrados por la Caja, alcanzarán los ¢458.000 millones, el mismo monto del 2020.

En tanto, para el 2022, el Gobierno destinará ¢922.800 millones para el pago de pensiones creadas por regímenes especiales al tiempo que los intereses de la deuda pública absorberán ¢2,2 billones.

“En el 2020, la situación fue aún menos favorable, pues el Gobierno transfirió al Seguro de Salud por concepto de transferencias corrientes la suma de ¢150.000 millones, aunque había incluido en el Presupuesto Nacional un monto de ¢260.000 millones.

“En términos sencillos, en el período 2018-2022, las transferencias corrientes del Gobierno para la CCSS han tendido a ser menores, con una tasa de cumplimiento de las obligaciones legales cercana al 50%, fenómeno que genera un aumento anual de la deuda del Gobierno de más de ¢250.000 millones.

“En el lado opuesto, la población cubierta con las modalidades de aseguramiento con financiamiento parcial o total del Estado, se han ampliado, producto de las condiciones económicas y de empleo generadas por la pandemia”, añadió Picado.

Durante su intervención ante los diputados, Villegas también cuestionó la forma de la Caja de calcular la deuda del Estado, los altos costos de administración del sistema de pensiones y también los de la atención médica.

Sobre lo primero, el ministro criticó que la llamada deuda histórica del Estado con la Caja se ha engordado, principalmente, por obligaciones aprobadas por los diputados que no asume la institución, sino que le traslada la factura al Gobierno.

Tales son las deudas por fertilización in vitro, atención a migrantes e indigentes, según el jerarca hacendario. El monto total de la deuda ascendió a ¢2,37 billones al mes de setiembre de 2021, de acuerdo con información suministrada por la CCSS a la Contraloría General de la República (CGR).

En cuanto a los costos de administración de las pensiones de la Caja, Villegas criticó que estas pasaron de ¢37.798 millones a ¢72.284 millones entre el 2017 y el 2021. Además, alegó que “un encamado cuesta un tercio en el INS de lo que cuesta en la Caja”.

Picado respondió: “En el Seguro de Salud, estas contribuciones representan poco más del 75% de los ingresos corrientes anuales, en tanto, las transferencias del Estado equivalen a tan solo un 12% en promedio. En el Seguro de Pensiones, además de las contribuciones sociales, los intereses de las inversiones de sus reservas representan sus principales fuentes de financiamiento, y las transferencias corrientes del Estado únicamente un 11,5%”.

Sobre la deuda con la seguridad social, Picado le recordó al ministro que la Caja y Hacienda reconocen que “existe una deuda histórica del Estado con la CCSS y que el impacto financiero de la pandemia hace particularmente importante el pago de dicha deuda”.

“En este contexto, desde hace casi 18 meses, un equipo técnico integrado por funcionarios del Ministerio de Hacienda y la CCSS han procurado conciliar los montos exactos de esta deuda, que asciende en la actualidad a ¢2,4 billones.

“Los diversos rubros que integran la deuda del Estado con la CCSS están sustentados en leyes, decretos y normativas especiales, cuyo propósito fundamental ha sido otorgar protección social a los grupos de personas y familias más pobres y vulnerables de Costa Rica. Pese a que el Estado ha incumplido históricamente con el pago total de sus obligaciones con la institución, a estos asegurados nunca se les ha negado el acceso a los servicios de salud”, machacó el presidente ejecutivo.

En cuanto al aumento de los gastos administrativos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja, Picado aseguró que estos se han mantenido dentro de los niveles establecidos: “Durante el periodo 2017-2020 han crecido un 11%, es decir, un 3,6% anual promedio”.

Finalmente, en cuanto a los costos de atención, Picado dijo que una comparación más justa sería comparar el gasto por habitante anual de Costa Rica que ascendió a $1.600 en 2019, mientras que en Estados Unidos fue de $10.948.

NOTA DEL EDITOR: Información modificada a la 1:55 p. m. del 1.° de enero en la que se aclara que la fuente no es Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, como se consignó inicialmente por error, sino Gustavo Picado, gerente financiero.

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