Josué Bravo. 16 julio
 Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, afirmó que la orden del Ejecutivo para sus directivos de la Caja es que “se debe aplicar la ley” de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Foto: José Cordero.
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, afirmó que la orden del Ejecutivo para sus directivos de la Caja es que “se debe aplicar la ley” de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Foto: José Cordero.

Aunque el gobierno considera que no queda duda sobre la obligación que tienen la instituciones de adecuar el pago de anualidades a las nuevas reglas que introdujo la reforma fiscal, Casa Presidencial evita presionar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que deje de pagar incentivos de lujo a sus 57.000 funcionarios.

Tal institución sigue pagando anualidades de hasta un 5,5% del salario base a los profesionales en ciencias médicas, pese a que la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que dicho plus debe ser de un 1,94% del salario base para los profesionales y de un 2,56% para los no profesionales.

Además, la reforma legal convirtió el incentivo en un monto fijo, y ya no en un porcentaje.

De acuerdo con Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, la orden del Ejecutivo para sus directivos en la Caja es que “se debe aplicar la ley”.

No obstante, agregó que dicha aplicación se dará “en el marco de las posibilidades reales y del cambio que supone y, por supuesto, respetando al final los criterios jurídicos que se apliquen”.

Sobre la discusión jurídica, el ministro de la Presidencia señaló que el análisis no le compete a Casa Presidencial, sino a otros órganos.

Piza hizo referencia a la consulta que envió la CCSS al Servicio Civil sobre la readecuación de las anualidades de los médicos, porque el 5,5% de los profesionales en ciencias médicas fue introducido mediante una ley especial, la Ley de Incentivos Médicos de 1982. En su criterio, también se deberá consultar a la Procuraduría General de la República.

(Video) CCSS mantiene pago de anualidades de lujo

“También tiene unos puntos de vista que obviamente son legítimos de plantear jurídicamente, pero que no le corresponde al ministerio de la Presidencia ni al gobierno decidir en la parte jurídica en el sentido jurídico del término. Están planteados ante el Servicio Civil, sobre aplicarse o no algunos criterios, y eventualmente sí habrá que hacer alguna consulta jurídica al órgano jurídico competente del Estado costarricense”, aseveró el jerarca.

La Caja también alega que no ha reemplazado la metodología para el pago de anualidades por dudas legales y porque no se han terminado los ajustes a las plataformas tecnológicas de remuneraciones de la institución.

Al respecto, en conferencia de prensa, Piza afirmó que es verdad que existe una discusión sobre la capacidad de la institución para poder hacer el cambio de modelo, aunque el Ejecutivo da por un hecho que debe concretarse.

“Sobre la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no hay duda. Es verdad que hay una discusión sobre la transitoriedad y la capacidad, en este caso de la Caja, para poder de una vez ajustar sus sistemas para poder proceder a cambiar”, dijo el ministro.

“¿Cuánto dura? Pues depende de la capacidad que tenga la institución en el ámbito de su autonomía y el respeto a la legislación vigente”, añadió el jerarca.

Piza declaró que, según ha entendido el gobierno, la entidad no ha logrado realizar los cambios necesarios para pasar al sistema de pago nominal.

“Bueno, ellos tendrán una capacidad como toda institución, en este caso concreto, para poder adaptarse. Recuérdese que es una institución que tenía una forma de pago y unos sistemas completos que obviamente obliga a hacer ajustes”, señaló el jerarca.