Aunque el Gobierno no prevé que los diputados vayan a utilizar el nuevo mecanismo de vía rápida para tramitar la reforma al empleo público, quisiera que la iniciativa sea aprobada este año.
“Idealmente”, respondió este martes el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, al ser consultado sobre si el Poder Ejecutivo espera que el proyecto reciba luz verde durante lo que resta del 2019.
“Pero también entendemos los tiempos de la Asamblea Legislativa. Eso está en manos de las distintas fracciones legislativas, creemos que hay un buen ambiente para iniciar una discusión y obviamente hacerle los ajustes que sean necesario para tener un proyecto que durante muchos años este país esperaba”, añadió.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma al empleo público.
En dicha iniciativa, el Gobierno propone migrar a un sistema de salario único para futuros funcionarios, en el que los sueldos sean competitivos por sí solos.
De aprobarse, el nuevo salario no tendrá componentes adicionales que provoquen un crecimiento exponencial en el gasto público, como ocurre en la actualidad.
El Poder Ejecutivo estima que el Estado podrá ahorrarse, a partir del año 18 de vigencia del proyecto, hasta ¢55.000 millones anuales.
También se prevé que entre el año 18 y el 35, el Estado acumulará un ahorro de ¢1 billón.
Nuevo escenario
El ministro Rofolfo Piza planteó, este martes, un escenario diferente al previsto hace dos dos semanas por el presidente de la República, Carlos Alvarado, para la reforma al empleo público.
Alvarado había dicho que la iniciativa sería enviada al Congreso luego del 5 de abril (como efectivamente ocurrió), para aprovechar la entrada en vigencia del nuevo reglamento legislativo, el cual acorta los tiempos de aprobación de leyes.
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“No está previsto un proceso de vía rápida. Lo que sí está previsto es, bajo el reglamento legislativo vigente, proceder al inicio de la discusión de un proyecto que hace mucho tiempo se está esperando, no solo por las fracciones legislativas sino también por la ciudadanía”, aseveró Piza.
Si bien la reforma propone el salarió único, Piza admitió que el texto no define un monto específico. "El objetivo (es que) no tenga impacto negativo fiscal, para empezar”, comentó.
Piza también recordó que la reforma al empleo público no es un proyecto fiscal ni gremial, sino que busca la eficiencia de los funcionarios del Estado.
La parte fiscal sobre empleo, añadió, está contenida en la reforma tributaria aprobada a finales del 2018, la cual contiene la regulación de pluses salariales como prohibición, anualidades, dedicación exclusiva y cesantía.