EscucharEl Gobierno se declaró sin suficiente dinero para financiar el gasto social adicional que los diputados incluyeron en el Presupuesto Nacional del 2023, mediante movimientos de partidas, por un monto superior a los ¢81.000 millones.
Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, al responder una carta a la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez, quien le cuestionó por qué se frenó una partida importante para el Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
En el trámite del Presupuesto, los diputados redujeron la partida para el pago de intereses de la deuda pública en ¢81.137 millones, con el fin de reasignar esos recursos a programas sociales de ministerios e instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Banhvi y asociaciones de desarrollo.
No obstante, Acosta le respondió directamente a la diputada Ramírez que él giró la instrucción de no trasladar la partida para el Banhvi y que tampoco girará los demás recursos establecidos por los diputados, hasta que no se revisen las condiciones económicas y fiscales. Alertó de que el pago de intereses de la deuda pública, en enero, fue el más alto de los últimos 18 años.
“La decisión fue tomada por este despacho y deriva de la necesidad de afrontar el pago de los intereses del servicio de la deuda pública, gasto que en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa estaba financiado con esos recursos, y que estaría quedando desfinanciado dadas las obligaciones que se estimaron deben ser atendidas en este 2023″, alegó el ministro.
Acosta le agregó a Ramírez: “No queda espacio para financiar más gasto”, por el tope que impone la regla fiscal.
“No resulta posible la ejecución de este y otros fines a los que los legisladores redireccionaron los recursos dispuestos para el pago de intereses, sin que antes se analicen las condiciones económicas y fiscales del año”, continuó el jerarca.
Es más, en el oficio MH-DM-OF-0298-2023, el ministro dice que su directriz se mantendrá y afecta a “todos los recursos que fueron incrementados mediante las mociones que rebajaron el pago de intereses de la deuda”.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, molestos por la respuesta, aprobaron una moción para convocar al ministro y que explique esa decisión.
Algunos de los congresistas, entre ellos, José Pablo Sibaja, de Nueva República; Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, temen que Hacienda esté incumpliendo con la Ley de Presupuesto Nacional 2023.
Aunque Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD), votó a favor de la moción, enfatizó que el plan de gastos es una autorización máxima, pero no una obligación para que se gaste el monto máximo autorizado.
Ella enfatizó que la decisión de Acosta es, en su criterio, responsable, porque no se puede generar otro hueco fiscal, es decir, gastar sin que haya una fuente para hacer ese gasto.
En declaraciones a La Nación, el ministro enfatizó que su decisión “es lo más responsable” porque no quiere arriesgarse a un hueco fiscal.
“La pregunta es, dada la regla fiscal, ¿de dónde tomar recursos para restituir el pago de intereses? Solo en enero, pagamos ¢192.000 millones en intereses, siendo el más alto de los últimos 18 años. ¿Usted cree que puedo tomar el riesgo de girar esos recursos y exponer al país a un hueco fiscal?”, reiteró el jerarca.
La regla fiscal es el mecanismo legal que le impone un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con el tamaño de la deuda. En este momento, en que el endeudamiento supera el 60% del producto interno bruto (PIB), el techo recae sobre salarios, transferencias, servicios, intereses y obra pública.
No obstante, el Gobierno insiste en un proyecto de ley para excluir los intereses y la obra pública de la regla, lo que permitiría subir el gasto en los demás rubros. Esa propuesta fue criticada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual considera que podría minar la credibilidad de la norma.
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El FMI también cuestionó el decreto mediante el cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves, modificó la forma en que se verifica el cumplimiento de la regla fiscal cada año y con el cual aumentó el gasto público en más de ¢400.000 millones por año.
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Asimismo, han surgido cuestionamientos por el hecho de que el Gobierno planea pagar salario escolar en el nuevo esquema de salario global.
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En el siguiente cuadro, puede observar las partidas que habían sido redirigidas por los diputados.
Paulina Ramírez: ‘Le pedí que reconsidere’
La presidenta de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, dijo que cuando les llegó el proyecto de presupuesto 2023, muchos recortes en partidas no se habían consultado a las instituciones y, por eso, los diputados las restituyeron.
Además, ella le pidió a Nogui Acosta que reconsidere su directriz de no girar esas transferencias que, enfatizó, son para gasto social.
“Nosotros somos responsables de hacer esos pesos y contrapesos, y nos debemos no solo a la responsabilidad fiscal, sino también social, a los derechos fundamentales de los costarricenses, a la vivienda, a la salud, al cuido de los adultos mayores”, dijo.
Ramírez enfatizó que el presidente Rodrigo Chaves había dicho, en conferencia de prensa, que la colocación de eurobonos traería un ahorro importante en el pago de intereses, pero “hoy están diciendo que no va alcanzar”.
