El Ministerio de Hacienda dio marcha atrás en la ejecución de un sistema que impedía a cientos de empresas concursar en licitaciones relacionadas con infraestructura.
Se trata del Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos Propios promulgado por esa cartera, que obligaba a todas las instituciones del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados a negociar solo con 15 empresas para comprar nueve tipos de servicios como construcción, mantenimiento, remodelación, demolición, diseño e inspección. Para algunos tipos de servicios, incluso, las instituciones solo podían pactar con una empresa en específico.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) informó de que el ministro de Hacienda Elian Villegas, comunicó de que giró instrucciones de no continuar con el programa. La decisión, según añadió la Comisión, ocurrió luego de una solicitud de que reconsiderara la ejecución del plan.
Coprocom le había advertido a Hacienda que el esquema no favorecía la competencia en la contratación pública, al tiempo que perjudicaba a las instituciones del Gobierno Central que estaban obligadas a adquirir servicios por un periodo de hasta cuatro años, a un reducido número de oferentes, de acuerdo con un comunicado de la Comisión.
Consultado sobre lo informado por la Coprocom, Hacienda respondió que la Dirección Jurídica “se encuentra actualmente en proceso de revisión” del expediente del programa, “por lo que al estar pendiente de resolución, en este momento no se puede emitir criterio”.
El Ministerio había sacado a concurso de licitación el convenio en el año 2020. Por medio de él se seleccionaron a las 15 empresas para nueve servicios.
La parte de infraestructura modular incluía desde viviendas de interés social hasta pabellones de aulas y albergues; cuatro líneas más solo tenían un adjudicatario en los servicios de infraestructura modular, mantenimiento correctivo y preventivo, demolición de edificaciones y, por último, servicios profesionales en dirección técnica de obras, según señaló la Coprocom.
Las restantes líneas tenían entre seis y ocho empresas adjudicadas.
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De acuerdo con la Comisión, la decisión de Villegas permitiría, si se siguen los procedimientos adecuados, “que un mayor número de empresas del sector de construcción puedan ofrecer sus servicios a la Administración Pública”.
Mediante el proceso de competencia entre ellas, continuó la Comisión, el Gobierno obtendría un mejor servicio a un precio más bajo, lo que favorecería la eficiencia en el gasto público.
Guillermo Rojas, presidente de la Coprocom, señaló que: “el país debe favorecer los principios de competencia y libre concurrencia que rigen la contratación pública, por cuanto un óptimo sistema de compras públicas constituye un eficiente mecanismo para favorecer el desarrollo económico y social del país. La decisión adoptada por el Ministro de Hacienda es un paso en la dirección correcta.”