El Ministerio de Trabajo denunciará, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, las convenciones colectivas de tres municipalidades por contener privilegios laborales que exceden los límites establecidos en la reforma fiscal de diciembre del 2018.
Se trata de las convenciones de los ayuntamientos de Desamparados, Pérez Zeledón y San Ramón que, por error, el propio Ministerio de Trabajo homologó.
El viceministro de Trabajo, Ricardo Marín, confirmó que se planteará un proceso de lesividad con el objetivo de que dichos privilegios sean declarados “nulos, evidentes y manifiestos”.
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Durante el 2019, este ministerio homologó cuatro convenciones colectivas que incluían cesantías de hasta 20 años y anualidades del 3%, lo que excede los límites establecidos en el plan fiscal: ocho años de cesantía y anualidades de 1,94% para profesionales y 2,54% para los no profesionales.
La homologación es el acto que da vigencia a los acuerdos con los sindicatos y supone una revisión de cumplimiento con la legislación vigente.
Cuando este medio reveló lo sucedido, el Ministerio de Trabajo calificó la homologación de estas convenciones como un error.
Además de Desamparados, Pérez Zeledón y San Ramón, la Municipalidad de La Unión también incluyó cláusulas excesivas. Sin embargo, este último ayuntamiento ajustó los beneficios por voluntad de las partes, según informó el Ministerio de Trabajo.
El viceministro Marín dijo que, para los otros tres casos, el proceso de lesividad es lo que corresponde, aunque existen otras alternativas como recurrir a la Sala Constitucional o que las mismas partes (alcaldes y sindicatos) se pongan de acuerdo para enmendar el error.
La vía más compleja es la del proceso de lesividad.
El proceso de lesividad se presentará el próximo año por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), una vez que el Departamento de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo rinda un informe sobre lo que ocurrió en esos casos.
Proceso disciplinario pendiente
Por este error, el Ministerio de Trabajo también inició un proceso disciplinario contra varios funcionarios responsables de estas autorizaciones. Así lo determinó tras una investigación preliminar.
Dicho proceso ya finalizó, sin embargo, se encuentra en su etapa recursiva, donde los funcionarios afectados pueden presentar su oposición a lo resuelto.
Aunque Marín no adelantó el resultado de la investigación, manifestó que, dentro del “por tanto”, se solicitará el informe que servirá como base para la denuncia judicial.
El Ministerio de Trabajo no reveló los funcionarios que investiga, pero confirmó que fueron los responsables que aparecen en las homologaciones de las convenciones. Allí destaca el jefe del departamento de Trabajo, Ronald Salazar.