Por: Gerardo Ruiz R..   Hace 4 días
El presidente Carlos Alvarado se reunió con la fracción del PLN en su primer día de labor en Casa Presidencial, el 9 de mayo pasado. A su izquierda, Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción liberacionista; a la derecha, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza. Foto: Albert Marín.
El presidente Carlos Alvarado se reunió con la fracción del PLN en su primer día de labor en Casa Presidencial, el 9 de mayo pasado. A su izquierda, Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción liberacionista; a la derecha, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza. Foto: Albert Marín.

El gobierno de Carlos Alvarado prepara un documento con respuestas técnicas a las preocupaciones que han externado los diputados sobre la reforma fiscal

Para ello, Casa Presidencial creó un grupo integrado por funcionarios del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda.

El equipo lo comandará el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.

La intención, según un comunicado de Zapote, es analizar técnicamente las dudas que plantearon las siete bancadas legislativas durante las reuniones que sostuvieron con Alvarado y con Piza.

Fundamentalmente, las bancadas temen por el gravamen de un 2% del impuesto al valor agregado (IVA) que se propone para los productos de la canasta básica, por el impacto del proyecto sobre los precios de los medicamentos, los servicios de educación y salud privados, así como la exoneración al impuesto sobre las ganancias de capital (con una tasa del 15%) sobre los bonos que se negocien en la Bolsa Nacional de Valores (BNV).

Los grupos legislativos también le pidieron al gobierno de Carlos Alvarado dar señales contundentes de recorte en el gasto público.

Piza afirmó que el documento que generará el equipo busca explicar cómo impactarían las expectativas de recaudación, las sugerencias de cambios al plan fiscal que hicieron los congresistas.

El documento, una vez redactado, será enviado a los 57 diputados.

Actualmente, las bancadas y Casa Presidencial procuran trabajar en conjunto en la modificación a a vía rápida mediante la cual se tramitó el proyecto, con el cual se pretende impactar el déficit fiscal en un 2,4% del producto interno bruto (PIB).

La modificación a la moción, basada en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, tiene como propósito reabrir el espacio para que los nuevos diputados puedan presentar propuestas de modificación al plan tributario, pues este quedó listo para su trámite de discusión de mociones en el plenario al finalizar el periodo constitucional pasado, el 30 de abril.

Fueron varias las bancadas las que anunciaron que consideraban un contrasentido seguir avanzando con el proyecto de ley por la vía rápida, sin que este sufriera primero modificaciones de acuerdo con los criterios de los congresistas que iniciaron labores el 1.° de mayo.

Este miércoles trascendió que las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) ya tienen un acuerdo sobre las modificaciones que introducirán al procedimiento del proyecto fiscal y que, además, tienen un acuerdo para no proceder con las modificaciones que permitirían reactivar la discusión hasta tanto la ministra Aguilar no comparezca ante el Plenario.

Rodolfo Piza dijo, un día antes a la prensa, que la Presidencia se compromete a que la titular de Hacienda acuda ante el plenario "lo antes posible", con el propósito de no aletargar más el reinicio del trámite del proyecto tributario.

Carlos Alvarado dijo durante su discurso de toma de posesión del mando, el 8 de mayo, que su objetivo es reducir a la mitad el déficit fiscal al cierre de su administración en el 2022.

Para lograr ese objetivo el gobernante tendrá que reducir el déficit en 3 puntos porcentuales del PIB, es decir, casi en ¢1 billón, tomando en cuenta que para el 2018 cada punto porcentual del PIB equivale a ¢330.000 millones, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

A diciembre pasado, según Hacienda, al Gobierno le faltó el equivalente a un 6,2% del PIB (¢2 billones) para poder cubrir sus gastos ordinarios.

La reducción del déficit la pretende alcanzar, entre otras medidas, con la aprobación de la inclusión de una regla fiscal en la Constitución Política que obligaría al Gobierno a reducir el déficit en un 0,75% del PIB al año durante un cuatrienio.

El BCCR estima que a diciembre del 2018 el déficit cerrará en más de un 7% del PIB (¢2,3 billones) si no se toman acciones urgentes para reducir el ritmo del gasto público.