Política

Gobierno culpa a CCSS por impago de ¢83.000 millones para pensiones de asalariados

Caja envió 15 facturas por cobro del aporte estatal del 2020 a finales de diciembre y, en ese momento, Hacienda solo tenía ¢24.000 millones líquidos; de haber pagado, el déficit fiscal habría aumentado en un 0,2% del PIB

En el 2020, el Gobierno no le pagó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢83.000 millones correspondientes a cinco meses de cotización estatal para las pensiones de los trabajadores privados y públicos.

Se trata de un total de 15 facturas giradas por la Caja por los aportes de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020.

Isaac Castro, viceministro de Hacienda, argumentó que las facturas no se pagaron porque la CCSS no las presentó a tiempo.

Según dijo, el cobro de los ¢83.000 millones llegó a Hacienda el 23 de diciembre, en la última semana laboral del año, cuando el dinero del ejercicio económico del 2020 estaba prácticamente agotado y el Gobierno no tenía recursos disponibles.

Hacienda detalló que, para ese momento, el flujo en caja era de tan solo ¢24.000 millones, por lo que “era imposible girar los montos solicitados”.

El impago fue revelado por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría financiera publicado el pasado 29 de abril, el cual evaluó la ejecución de los recursos estatales destinados al Seguro de Pensiones.

“Se identifica, en el período 2020, la anulación de registros presupuestarios correspondientes a un total de 15 facturas relacionadas con los rubros mencionados”, señaló la auditoría del ente contralor.

“Al respecto, el Ministerio de Hacienda indicó haber girado una contraorden para evitar emitir pagos sin la liquidez necesaria en el Tesoro Público”, agrega el informe.

Según la Contraloría, de haberse girado el dinero, el déficit financiero del Gobierno Central se habría incrementado en un 0,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2020, año en el que cerró en un 8,3% del PIB.

El origen del monto no pagado

El Estado debe aportar un monto equivalente al 1,41% de cada salario para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

El monto de ¢83.000 millones también contempla el pago complementario del Estado a trabajadores independientes y a asegurados voluntarios.

Para cubrir las facturas, cada año el Gobierno contempla este gasto en la partida de “transferencias corrientes” en el Presupuesto Nacional. La Contraloría señaló que las facturas de la CCSS pendientes de pago representaron el 8% de esta partida en el 2020.

Según el informe de la Contraloría, el impago a la CCSS contraviene la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como las normas de control interno para el sector público.

Cobro llegó con cinco meses de atraso

Una carta enviada por Hacienda a la Contraloría alega: “Este Ministerio conoció, a través de dicha comunicación, que las facturas se presentaron con retraso por parte de la CCSS debido a que esa entidad aplicó mejoras en sus procesos de generación de información. Como es evidente, ese trámite se realizó de último momento para el ejercicio económico 2020”.

Según explicó el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, como las facturas de la CCSS no llegaron en los meses anteriores, no se asignaron los recursos necesarios para eventualmente cubrir los pagos y, cuando llegaron, ya no había dinero.

Castro explicó que, en el 2020, se incluyó una nueva modalidad de pago mensual, que se debe realizar con base en las facturas que suministre la Caja.

De esta forma, fundamentada en la masa laboral que se reporta cada mes, la CCSS emite una orden de cobro al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que ve el tema de pensiones, y al Ministerio de Salud, encargado de los aportes al seguro de salud.

Posteriormente, la factura con el cobro llega a Hacienda para que se ejecute el pago.

“Las facturas no llegaban, llegaron faltando dos días para que se terminara el año (...). Nosotros ya habíamos programado el flujo y, en virtud de que no nos habían presentado ninguna factura, nosotros no teníamos contemplados esos recursos”, dijo Castro.

“Para nosotros era muy difícil reaccionar; ya habíamos cerrado las colocaciones, nuestra recaudación era lo que quedaba de esos días”, añadió.

El viceministro aseguró que contaban con la autorización legislativa para hacer el gasto, mas no con el dinero para pagar.

“Si hubieran llegado cada mes nosotros las incorporamos en las necesidades de flujo de pago y eso implica levantar el dinero prestado”, afirmó el jerarca. Es decir, habrían emitido deuda para cancelar a la Caja.

Agregó que, ante consultas a la CCSS, se le indicó que los retrasos obedecieron a modificaciones en el sistema de facturación de esa entidad.

El viceministro dijo que este año ocurrió algo similar, pues en marzo llegó la factura de enero por un monto de ¢16.000 millones.

“Esa factura ya la revisamos y hace como dos semanas le autorizamos a la Tesorería el pago; ya esa está pagada”, explicó.

¿Qué pasará con este pago?

Los ¢83.000 millones pendientes del 2020 no están contemplados en el presupuesto del 2021, por lo que no hay autorización para girar el dinero.

Castro expresó que, para poder pagarle a la CCSS, se requiere que esa institución gire una nueva orden de cobro, pues la de diciembre anterior quedó anulada.

“Lo que procede es que la Caja haga una gestión posterior de cobro”, reconoció.

Aún así, Hacienda no tiene certeza de dónde saldrán los recursos para poder cancelar las facturas pendientes.

“Habría que ver si nos queda disponibilidad y hacer las modificaciones presupuestarias para poder gestionar si la Caja hace la gestión de cobro”, aseveró.

Si de los recursos disponibles no alcanza para cubrir los pagos, el jerarca confirmó que se deberá de acudir a deuda, mediante títulos de valores.

También, sería necesario solicitar autorización presupuestaria a la Asamblea Legislativa.

Michelle Campos

Michelle Campos

Periodista en la sección de Política. Graduada como bachiller en periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de licenciatura en Mercadeo. Ganadora de la Clase 8 del proyecto de periodismo colaborativo Punto y Aparte.