El Gobierno criticó el proyecto de ley sobre fecundación in vitro (FIV) que se tramita en la Asamblea Legislativa porque considera que tiene “graves deficiencias que harían inviable la aplicación de la técnica”.
Agregó que el plan sobre la FIV que va más avanzado en el trámite legislativo, irrespeta “estándares fijados por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos”.
El Ejecutivo lanzó esa opinión en un comunicado de prensa en el que el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, anunció que se le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dar por bueno el decreto firmado por el mandatario Luis Guillermo Solís, que pone en vigencia ese método.
En su argumento ante la Corte, en el que el Estado avala la petición de las parejas afectadas de mantener la vigencia del decreto ejecutivo emitido en setiembre, se sostiene que es posible regular derechos de las personas por vía reglamentaria.
“No es necesario que el reconocimiento de un derecho humano esté contenido en una ley formal, tal como sostiene la propia Corte IDH”, manifestó la Presidencia en esa nota.
Negativa. La afirmación de Carvajal cayó como un balde de agua fría entre un sector de los diputados; esto es, entre los que se oponen a legalizar la técnica.
Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), asegura que el Gobierno quiere atropellar una iniciativa “sin el menor reparo en que está jugando con vidas de embriones y de mujeres que se someten a la FIV”.
Subrayó: “Lo que tratamos es de defender la vida. No es religioso, es científico. Un criterio de la Universidad de Yale dice que en la FIV se sacrifica el 92% de los embriones que participan”.
Para la oficialista Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), “hay restricciones que se le imponen a la técnica” y, por tanto, el Ejecutivo tiene razón.
“El proyecto, tal como sale de comisión, es un retroceso. Lo restringe a mujeres casadas, establece sanciones penales que no permitirían el uso de la técnica y establece una comisión de especialistas que no es necesaria”, dijo.
Patricia Mora, del Frente Amplio, comparte criterio con Molina. Para ella, es una aberración que la iniciativa exija a una mujer tener un hombre como pareja para poder aplicar a una fecundación mediante la técnica in vitro.
En cambio, Gonzalo Ramírez, del cristiano Renovación Costarricense, insistió en que lo dicho por el Gobierno “no es verdad”.
“Tratamos de construir un proyecto restrictivo, que la técnica funcione, pero que los médicos no puedan jugar con la vida humana en el laboratorio”, afirmó.
La Corte IDH condenó al Estado costarricense por no permitir la FIV, en un fallo del 28 de noviembre del 2012, por el caso “Artavia Murillo y otros contra el Estado costarricense”.
El Ejecutivo se pronunció por solicitud de la propia Corte, luego de que la Sala Constitucional anulara el decreto ejecutivo el pasado 3 de febrero.
En un criterio dividido, los magistrados señalaron, por mayoría, que los temas de derechos humanos se deben abordar a través de leyes dictadas por el Congreso, y no mediante un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.