El presidente Carlos Alvarado anunció este viernes un plan para dar subsidios de ¢200.000 mensuales, al menos por tres meses, a 375.000 familias afectadas económicamente por la emergencia del coronavirus.

Las ayudas se otorgarían a personas despedidas, trabajadores con jornadas reducidas, independientes con ingresos disminuidos e informales.

Para ello, el Ejecutivo enviará al Congreso un primer presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones, el cual se nutrirá de dos fuentes.

La primera es un reacomodo o recorte de partidas por ¢100.000 millones en el Presupuesto de la República.

La segunda consistiría en mantener fijos los precios de los combustibles en momentos en que el petróleo está cayendo, con la intención de que el gobierno recaude el diferencial.

“Tendremos una fijación del precio de los combustibles, que se ha dialogado con los diputados y las diputadas y hay un consenso, que como ha habido una reducción de ese precio, lo que buscaremos es que haya una fijación de tarifa y que ese excedente lo podamos dar, solidariamente, a las familias que lo necesiten en ese periodo”, explicó el mandatario.

“Las propuestas del combustible y del recorte del presupuesto del Gobierno para apoyar a la gente se presentarán a la Asamblea Legislativa la próxima semana, con el presupuesto extraordinario”, añadió. Los diputados decidirán si lo aprueban.

Según el Ejecutivo, la cifra de familias que necesitarían un subsidio podría subir más y superar las 600.000 (en Costa Rica hay 1,5 millones de hogares).

Para una segunda etapa, el presidente Alvarado planteó un impuesto solidario a los salarios superiores a ¢1 millón con el fin de aportar más recursos.

Ese tributo podría generar, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, ¢186.000 millones en ocho meses, entre abril y diciembre.

Esa cantidad de dinero alcanzaría para otorgar poco más de 116.000 subsidios de ¢200.000 mensuales a familias afectadas.

Para definir a los beneficiarios, el gobierno se apoyaría en instrumentos como los reportes de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

La tabla de ese aporte solidario no está definida, pero Hacienda dio ejemplos: un salario de ¢1,1 millones pagaría ¢10.000. Uno de ¢1,5 millones, ¢50.000 y uno de ¢2 millones, ¢100.000.

El mandatario afirmó que aun es temprano para saber cuántas serán las familias afectadas, y por cuánto tiempo, por la situación financiera acarreada por el covid-19.

Añadió que evalúan una contribución solidaria para empresas que sí estén generando rentabilidad.

“Es probable que necesitemos apoyar a más personas y por más periodos”, expresó.

Asimismo, insistió: “Vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”.

El presidente afirmó que la contracción financiera ha dejado a 200.000 personas desempleadas solo en el sector turismo, uno de los motores de la economía costarricense.

También, dijo que más de 8.000 restaurantes han tenido que cerrar en acatamiento de las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus.

“Hay que ser claro. Un sector como el turismo no se va a recuperar inmediatamente después a que termine la pandemia”, agregó.

“Los países desarrollados han anunciado una crisis de desempleo. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el desempleo es probable que llegue al 30%. Costa Rica debe prepararse para enfrentar secuelas económicas similares”, dijo Alvarado.

En cuanto al ¢1 billón que se pretende recaudar con el plan “Proteger”, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que la intención es acumular un colchón o reserva para asegurar el financiamiento del Gobierno, lo que incluye salarios de sus funcionarios, pago de la deuda pública y transferencias a instituciones.

El gobierno argumenta que la duración de la crisis es incierta y los ingresos por recaudación de impuestos cayeron, además de que se desconoce el proceso de recuperación que tengan los socios comerciales que también están afectados por la crisis.

Diputados anuentes, pero piden claridad

Sobre el plan de subsidios, el diputado Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional, afirmó: “A mí me parece que, en estos tiempos de emergencia, hay que ayudarle a la gente más vulnerable y que va a quedar sin empleo producto de los despidos, suspensión de contratos y disminución de ingresos producto de la flexibilización de jornada”.

“Definitivamente, el gobierno va a tener que ayudarle a estas personas al menos por un tiempo. Yo no tengo ningún reparo en que se busque, por decirle, alguna manera de raspar la olla de donde haya un poco de recursos para implementar ese proyecto de ayuda”.

El subjefe de Liberación Nacional (PLN) , Jorge Fonseca, afirmó que no va a obstaculizar planes de ayuda a la gente siempre y cuando los mensajes del Poder Ejecutivo lleguen con claridad.

“Eso que me acaba de referir, del presupuesto y los combustibles, me parece estar oyendo a los representantes del Poder Ejecutivo diciendo que para eso eran los recursos del plan ‘Proteger’. Entonces, no sé qué está pasando, no sé cuál líder falta, no sé por qué cambian las cosas de una semana a la otra”.

“En esta situación, esos errores no pueden pasar. Tenga la seguridad de que eso va a disuadir mucho a los diputados, que vamos a poner el triple de lupa sobre lo que nos van a presentar y les vamos a preguntar si lo que nos están presentando es para esto, o para lo otro”, agregó Fonseca.

En tanto, la legisladora María Inés Solís, cojefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que le parecería irresponsable aprobar más recursos sin que aún se sepa cómo se van a utilizar los $500 millones del préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, que son parte del plan “Proteger”.

“Cuando el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación se sentaron con los jefes de fracción la semana pasada, lo que nos dijeron fue que esos mismos $500 millones iban a ser parte del presupuesto que se iba a usar para esto”.

“Cada vez que pueden, se van a inventar nuevas formas de ingresos para poder seguir acumulando esas buchacas. Ahora, ¿cómo van a escoger a esas familias? ¿Cuál es el ente que las va a seleccionar?”, argumentó Solís.