El gobierno de Carlos Alvarado tiene prácticamente amarrados los votos para aprobar, en comisión, la nueva versión la reforma fiscal. Este lunes, la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció su apoyo al texto sustitutivo propuesto por el Ministerio de Hacienda.
La nueva versión será sometida a votación este martes, cuando se inicie la última discusión de mociones de fondo para el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la comisión fiscal.
Este lunes, los legisladores socialcristianos se reunieron con Edna Camacho, ministra coordinadora del Consejo Económico de la Presidencia de la República, para plantearle una agenda de reactivación económica a cambio de aprobar en primer debate la reforma fiscal.
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Según el diputado Pedro Muñoz, integrante de la comisión fiscal, las conversaciones con Camacho se desarrollan en un ambiente cordial que le permite a su bancada adelantar que, este martes, aprobarán el nuevo texto para el proyecto de ley.
“Todavía no hay un acuerdo de fracción, pero si todo sigue bien, mañana (el martes) votaremos afirmativamente el texto sustitutivo”, indicó Muñoz a La Nación.
A parte del PUSC, el PLN y el PAC también votarían a favor la moción de nuevo texto, lo cual implica el respaldo suficiente para que el proyecto cambie rumbo a su debate final en el plenario.
Entre los tres partidos suman cinco de nueve votos de la comisión fiscal: PLN tiene tres, el PUSC uno y el PAC, uno.
El texto sustitutivo incluye los siguientes cambios:
- Se eleva de ¢430.000 a ¢648.000 mensuales el monto a partir del cual habrá que pagar un 13% de IVA por alquileres de viviendas o locales para negocios.
- Se incrementa de 250 a 280 kilovatios/hora el consumo a partir del cual se pagará IVA por la electricidad.
- Se incluyen una nueva tarifa del IVA del 1% para las transacciones de bienes agropecuarios de la canasta básica, así como para insumos como trigo, frijol de soya, sorgo, fruta, maíz y almendra de la palma aceitera.
- Hacienda permitirá que los contribuyentes de renta puedan deducir, como parte de sus gastos, la totalidad de los intereses que paguen por préstamos con entidades del sistema financiero nacional o con bancos extranjeros de primer orden.
- Se limita el auxilio de cesantía a ocho años, con la salvedad de que los funcionarios públicos que actualmente tienen un beneficio mayor, por convención colectiva, lo mantendrán.
- Se exonera del pago del IVA la matrícula en universidades públicas, así como tampoco los aranceles por matrícula o créditos de esas instituciones de enseñanza superior.
- El nuevo texto aclara que las comisiones de tarjetas de crédito y débito están exentas.
- Mantiene la tarifa para servicios privados de salud en 4%, con devolución; además, establece una tasa reducida, del 2%, para los medicamentos, los insumos de las medicinas y la materia prima para su elaboración y comercialización.
- Excluye de la renta bruta la distribución de dividendos cuando el socio sea otra sociedad que desarrolle una actividad económica y pague también renta.
Con el proyecto de ley, Hacienda pretende paliar el déficit fiscal, el cual hoy supera el 6,2% del producto interno bruto a diciembre del 2017. El Gobierno espera que la votación en primer debate ocurra en el plenario durante el mes de setiembre.
La agenda de reactivación que pide la Unidad
En cuanto a la agenda de reactivación ecomómica que pretende del PUSC, esta incluye las siguientes iniciativas:
-El impulso de una iniciativa que permitiría a los trabajadores utilizar el salario como garantía para adquirir deudas. La propuesta permitiría que 50% del salario sea inembargable, que otro 20% de garantía fiduciaria y un 30% embargable.
-Reforma legal para mejorar los esquemas de generación distribuida, es decir, la posibilidad de producir la propia energía que una organización consume.
-Una reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
-Proyecto de Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo, y a la reforma a varios reglamentos para exonerar de impuestos las baterías de litio, así como subir la generación con paneles solares.
-Solicitan la discusión de una reforma a la Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, para combatir el contrabando.
-Proyecto N.° 20.944, Ley de Incentivo para la Promoción de la Formalización de la Economía.
-En materia de reducción de trámites, los rojiazules piden al Ejecutivo que propicie el debate del proyecto de Ley para la Mejora de la Capacidad Jurídica para la Ejecución de Obra Pública.
-En el ámbito del crecimiento económico, pidieron una reforma a la Ley del Sistema de Banca para Desarrollo.
-El proyecto de Ley de Contrato Laboral de Aprendizaje y Empleo Joven.
-La eliminación de monopolios públicos y privados.
-La promoción del seguro agropecuario.
-La creación de incentivos durante los primeros 5 años de los emprendimientos empresariales.
En una nota al presidente de la República, Carlos Alvarado, los legisladores de la Unidad afirman: “Creemos indispensable la reactivación económica de nuestro país, mediante la disminución del costo de la vida, la mejoría de la competitividad nacional, el aumento del ahorro e inversión, la generación de mayores y mejores oportunidades de empleo y la mejoría de la infraestructura nacional”.
Además, los legisladores consideran que la banca pública no está funcionando bien, que cobra altas tasas de interés, que hay una “competencia malsana” entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por los mismos recursos, lo cual, según el PUSC, amenaza con disparar las tasas de interés.
“El documento que trasladamos tiene una serie de propuestas que consideramos indispensables para que el país camine en la dirección correcta. Nosotros estaríamos anuentes a aprobar el plan de fortalecimiento (de las finanzas públicas) en la medida en que el presidente se refiera a un plan de fortalecimiento y de crecimiento económico”, afirmó el jefe de fracción, Erwen Masís.