El Gobierno logró un ahorro de ¢158.590 millones por la gestión de la deuda pública durante el primer semestre del 2021. Así lo consignó el Ministerio de Hacienda en un informe remitido al Congreso como parte del trámite del noveno presupuesto extraordinario del presente año.
Los ahorros provienen de una disminución en el pago de intereses de deuda interna (¢70.000 millones) y externa (¢43.000 millones), amortizaciones en el mercado local y externo (¢43.000 millones) y comisiones financieras (¢2.275 millones), según un detalle enviado a la comisión de Asuntos Hacendarios.
Conforme a la explicación dada por Elian Villegas, ministro de Hacienda, los sobrantes obedecen a desviaciones entre el presupuesto ordinario inicial aprobado por los diputados y los escenarios reales que se han dado al 30 de junio anterior.
Dicho ahorro por ¢158.590 millones equivale al 0,41% del producto interno bruto (PIB) y representa casi la totalidad del presupuesto de ¢160.000 millones previsto para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el 2022.
“Esa contención del gasto permite no presionar tanto el mercado financiero y lograr reducciones de tasas. Si por el contrario, se presenta una situación donde el gasto público se libera más, vamos a tener mayores necesidades de financiamiento, vamos a tener mayores presiones sobre el mercado financiero y eso va a producir una presión de tasas”, advirtió el ministro.
Dentro del plan de ajuste fiscal que desarrolla el Poder Ejecutivo, el control en el pago de remuneraciones, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes generó ahorros del 0,46% del PIB entre octubre del año anterior y el mismo mes del 2021 de acuerdo con Hacienda.
Por otra parte, el jerarca pidió a los diputados seguir aprobando los créditos de apoyo presupuestario. Destacó que esos recursos se contratan con intereses más bajos y que, de no contar con ellos, el Gobierno tendría que financiarse con deuda interna y sus efectos repercutirían en un aumento de las tasas de los créditos.
“Al financiarse en el mercado va a presionar más la tasa de interés en contra del propio Gobierno y en contra del sector productivo que es, precisamente, el más afectado, porque es en el mercado financiero donde se definen las tasas de interés que se le van a cobrar a los distintos créditos que se otorgan por medio de la banca”, machacó.
Normas que generan ahorros
La contralora general de la República, Marta Acosta, atribuyó los ahorros generados en la gestión de la deuda pública a la norma de control número 18 introducida por los diputados en el Presupuesto Nacional de la República del 2021.
La norma establece que, al terminar cada trimestre, el Gobierno debe enviar al Congreso informes sobre el canje de deuda, su reestructuración y su modificación presupuestaria, “a fin de eliminar del Presupuesto Nacional los recursos que dejen de ser necesarios para la amortización y los intereses del servicio de la deuda”. También indica que el informe debe incluir el saldo de intereses con la aplicación de cambios en la fuente de financiamiento.
Por otra parte, prohíbe utilizar estos recursos en gasto corriente del Gobierno Central y señala que los fondos solo podrán ser utilizados para realizar gasto de capital, luego de la autorización legislativa respectiva.
El ministro Villegas aseguró que, en realidad, “ese es un ahorro producto de la gestión de la deuda pública” del Gobierno y que la norma 18, lo que hace, simplemente, es obligar a su cartera a informar a los diputados sobre sus resultados.
“A raíz de ese esfuerzo (del Ejecutivo) se ha logrado una rebaja en las tasas de interés. En algunos casos, las tasas se han bajado incluso hasta la mitad de hace un año; se pueden ver las curvas. Vienen algunas reducciones en las tasas (de los créditos) del 3%.
“Es un esfuerzo de la Administración. No es que, por escribir una norma, los ahorros se dan de manera natural. Por ejemplo, la regla fiscal hay que administrarla, hay que ejecutarla, hay que llevarla adelante; incluso, se han publicado decretos y cosas de esas para que podamos tener el ahorro”, recalcó.
En el actual ejercicio económico, por la norma 12, que exige eliminar contenido presupuestario de las plazas vacantes en las instituciones, salvo excepciones, se alcanzaron beneficios por ¢4.812 millones.
La norma 10, que obliga a las instituciones cubiertas por el presupuesto a realizar teletrabajo, ha generado ahorros por ¢738 millones, y la 13, emitida para reducir costos en la contratación de alquileres de edificios, genera ¢441 millones. El total de sobrantes por las normas presupuestarias asciende a ¢164.500 millones.
“Producto de la aplicación de las normas se han generado ahorros, es bastante positivo, siempre hay que buscar el beneficio y el efecto de las cosas. Hay un beneficio y un resultado positivo que hoy se está viendo”, destacó la contralora Acosta, al responder consultas del diputado liberacionista Gustavo Viales.