Álvaro Murillo. 12 febrero, 2009
 Los agentes de la DIS están ahora obligados a coordinar con el Poder Judicial cuando en sus investigaciones detecten delito alguno. | ARCHIVO
Los agentes de la DIS están ahora obligados a coordinar con el Poder Judicial cuando en sus investigaciones detecten delito alguno. | ARCHIVO

El Gobierno aceptó introducir cambios en la operación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para mantener un mayor control de las actividades de sus agentes y vincular su tarea a las investigaciones del Poder Judicial.

La DIS, una dependencia del Ministerio de la Presidencia, deberá ahora aplicar varias directrices para evitar actos como el que motivó la destitución del subdirector, Roberto Guillén, por pérdida de confianza en un caso relacionado con una estafa bancaria.

También, a finales del año pasado, renunció el director, Roberto Solórzano.

Aunque no está listo un proyecto de ley que reformaría las bases de la DIS, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, ordenó medidas que ya debe aplicar José Torres, actual director del órgano.

Esos cambios se dan después de que el fiscal general, Francisco Dall’Anese, pidió disolver la DIS por considerarla “policía política”.

Reorientación. Ahora, todas las investigaciones de la DIS deben realizarse sin saltarse los procedimientos de ley, y todos los delitos detectados deben ser informados de inmediato al Ministerio Público.

Además, el Ministerio Público puede contar con la DIS como órgano auxiliar en indagaciones determinadas, como establece el Código Procesal Penal.

También quedó prohibido a los agentes de la DIS tener otros trabajos y usar la informaciones derivadas de las tareas de inteligencia en objetivos ajenos a su tarea.

“Aquí hay directrices claras para corregir errores de procedimiento que se han dado en el pasado. Espero que con ellas se pueda redactar una ley más transparente y de más respeto a la legalidad del país, que sea una garantía de que no habrá ninguna actividad contraria a nuestro ordenamiento jurídico”, expresó Rodrigo Arias.

A pesar de la petición del Fiscal General y de varios diputados opositores, el Poder Ejecutivo quiere seguir contando con un cuerpo policía bajo su sombra.

“Hay temas de seguridad del Estado costarricense que ameritan tener una agencia como esa”, adujo Arias el 3 de diciembre del 2008 en relación con el órgano al cual este Gobierno aumentó los salarios y los recursos de trabajo.

La DIS realiza espionaje contra ciudadanos a partir de informantes contra actividades “desestabilizadoras”. Debe entregar reportes a la Presidencia de la República.

Sus agentes, además, daban servicios de seguridad a particulares, pues no tenían exclusividad.