El Consejo de Gobierno anunció este martes la apertura de una convocatoria para cubrir, temporalmente, las plazas vacantes en el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La decisión sobreviene luego del anuncio del 29 de enero, cuando fueron separados de seis de los siete directivos del ICE debido a una investigación por posibles irregularidades.
Una de estas irregularidades sería el pago indebido de cesantías a 36 funcionarios que el ICE trasladó a su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa) y su área de Gestión de Cobro S. A. La otra presunta irregularidad es la eliminación sin base legal de la figura de Gerencia General del Instituto creada por ley.
Por esas razones, el 29 de enero el presidente Carlos Alvarado Quesada y su cuerpo de ministros abrieron dos investigaciones separadas a los directivos separados: Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.
Dos semanas luego de esa decisión, el Gobierno anunció que la recepción de documentación de los aspirantes es desde este 13 y al 18 de febrero, confirmó el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.
Salazar señaló que, cumplida la recepción de ofertas, esperan tener nombrados a los nuevos directivos en un plazo de 15 días.
Requisitos esperados
Aparte de hojas de vida, a los aspirantes se solicita certificaciones de titulación a nivel de licenciatura en Ingeniería en electricidad o telecomunicaciones, Economía, Informática o Derecho.
También deben acreditar al menos siete años de “reconocida experiencia profesional, gerencial o empresarial en el área indicada”, indica la oferta publicada en la página de Facebook de Casa Presidencial.
“Ser costarricense caracterizado por su honorabilidad”, aclara también el documento oficial, mientras transcurre la investigación en el ICE que hoy mantiene separados a seis de siete directivos con excepción de la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas.
Quedan excluidos candidatos o candidatas que hayan realizado en el último año nombramientos o actividades que presenten conflicto de interés con el nuevo cargo.
En el caso de funcionarios públicos, aclara la oferta, deben “contar con disponibilidad de horario para asistir a las sesiones del Consejo, a efecto que no se produzca superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tal órgano colegiado”.
El ministro Salazar reiteró que la lógica de esta decisión es mantener absoluta transparencia en el proceso de investigación y operación del Instituto con “absoluto apego a la legalidad”.