Gerente y exgerente del BCR defienden préstamo a propietarios de zona franca en Desamparados

“Estamos en el 2018 y esa operación está atendida correctamente”, aseguró Rivera este martes, ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, y recordó las condiciones en que se tuvo que refinanciar la compañía por la situación crítica que afrontó entre el 2012 y el 2013.

Originalmente, la Compañía Inversionista Las Brisas accedió a dos créditos que sumaban $23 millones, en el 2010, para la construcción de una zona franca en San Rafael Arriba de Desamparados.

Sin embargo, por un litigio presentado contra esa firma por la constructora Arquitectura e Ingeniería S. A. (AISA), se giró una orden judicial de embargo que, según Rivera, congeló el flujo de las ganancias hacia el fideicomiso de administración de la zona franca.

Por esa razón, Las Brisas se convirtió en morosa y cambió su categoría como deudora.

“Hubo varios elementos, pero el fundamental fue el embargo, porque es el que bloquea los flujos. Ese embargo fue por $1.740.000, pero el juzgado, a pesar de que se logra ese embargo, siguió embargando todos los flujos siguientes y se bloquea la fuente de repago del crédito”, comentó el exbanquero.

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De acuerdo con Rivera Turcios, la mejor opción para desbloquear el embargo judicial era la de darle un préstamo “provisional” a Alfredo Ortuño, primo del propietario de la empresa Las Brisas, Gaspar Ortuño, con la garantía de un banco propiedad de esa familia, Improsa.

Además, Gaspar Ortuño fue el fiador de ese préstamo para su primo, que según el exgerente sirvió para normalizar el flujo de ganancias de la compañía.

Rivera dijo que en el BCR aceptaron esa salida, porque no se le podía dar un crédito a Las Brisas en ese momento, debido a la condición de morosidad que presentaba.

“Como la situación de cuotas acumuladas era más grande, el Banco de Costa Rica, en un acuerdo con el cliente y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) decidieron no cancelar el crédito provisional (dado a Alfredo Ortuño) porque unos meses después, en marzo del 2014, daríamos un refinanciamiento”, explicó Rivera Turcios.

Ese refinanciamiento que hoy está pagando la compañía Las Brisas es por $30 millones y, según Rivera y Ramírez, está totalmente al día.

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“Con ese refinanciamiento se dio la cancelación de tres operaciones, más ese crédito provisional, el pago de algunas deudas con proveedores comerciales. Algunos de ellos tenían en garantía algunas fincas, que eran de interés del banco que entraran en el fideicomiso”, informó Rivera a los diputados.

También sirvió ese dinero para comprar otro equipo y montacargas para la operación de la zona franca.

Ojo a los litigios

Aunque actualmente el crédito está al día, el BCR mantiene en vigilancia los litigios privados planteados contra Las Brisas, por la afectación que eventualmente podrían tener sobre los flujos de dinero de la empresa.

Según Rivera, esa implicación judicial “sería relativamente baja”, aunque no dejan de observarla.

Parte de la preocupación tiene que ver con el eventual reclamo de la Municipalidad de Desamparados contra la compañía propietaria de la zona franca, porque hay “porciones de la garantía” construidas sobre una acequia, sin haber claridad de que hayan existido los permisos ambientales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para esa obra.

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Aunque los voceros del BCR hayan defendido las condiciones en que se dieron los préstamos y la situación actual del deudor, la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, alegó que sus dudas provienen de que Las Brisas, propiedad de Gaspar Ortuño, haya recibido condiciones crediticias favorables en el tiempo en que Alfredo Ortuño era el representante de Costa Rica ante el BCIE.

No obstante, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), lanzó el cuestionamiento -después de hacer varias preguntas sobre el crédito y sus condiciones- de qué están realmente investigando sobre ese asunto de Las Brisas en la comisión legislativa.