Rebeca Madrigal Q.. 15 octubre
Los reclamos tuvieron su origen en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en la década de los 80.
Los reclamos tuvieron su origen en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en la década de los 80.

Exigiendo en tribunales que se les reconozca una fórmula de ajuste salarial que fue derogada en 1994, decenas de funcionarios y exfuncionarios han logrado que el Gobierno les pague hasta ¢67 millones por persona.

Una lluvia de sentencias judiciales ha obligado al Ejecutivo a pagar miles de millones de colones a profesionales cobijados bajo el régimen de Servicio Civil.

Se trata de empleados actuales y de funcionarios retirados de ministerios como Hacienda y de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En el caso del MOPT, los demandantes han recibido entre ¢30 millones y ¢50 millones, según su antigüedad laboral.

Solo en Hacienda, en los últimos dos años se pagaron ¢1.454 millones entre 47 personas, para un promedio de ¢31 millones por cada uno, según informó Dinia Víquez, directora administrativa de Hacienda.

Incluso, en esa entidad se pagó la cifra récord de ¢67 millones a uno de los funcionarios.

Pero la cifra podría ser superior en otras instituciones como el MOPT, dijo Cristian Méndez, director de Recursos Humanos.

En dicha cartera, cada sentencia que se encuentra en trámite puede involucrar hasta a 80 personas que reclaman, como mínimo, ¢30 millones por cada una.

Los pagos se realizan con los impuestos que ingresan al Gobierno Central, cuyas finanzas son deficitarias por la crisis fiscal.

¿Qué es lo que reclaman?

Francisco Chang, subdirector general del Servicio Civil, explicó que el origen de estas millonarias indemnizaciones se remonta a un laudo arbitral de 1989.

En aquel año, un grupo de profesionales del MOPT inició y ganó un proceso de arbitraje contra el Estado para que les ajustara la base salarial.

En su resolución, el Tribunal Superior de Trabajo dio tres meses a la Dirección General de Servicio Civil para definir las bases salariales para los puestos profesional 1, 2 y 3; jefe profesional 1, 2 y 3; y de Director General “para ajustarlos a los dictámenes de la técnica, la realidad imperante, la equidad y la justicia”.

Debido a esto, ese mismo año la Dirección estableció, mediante la resolución número DG 078-89, que los profesionales del Gobierno recibirían un ajuste salarial similar al de los médicos veterinarios.

Dicho ajuste no se le hizo exclusivamente a los profesionales del MOPT, sino que, para mantener la igualdad de condiciones, también se reconoció a todos los funcionarios del Gobierno Central en esos puestos.

¿Por qué se usó como referencia el sueldo de un veterinario? Según explicó Chang, en algunas instituciones, estos médicos tenían ventaja sobre sus superiores, aunque también fueran profesionales.

Indicó, además, que ese fue el caso en el que había una mayor desigualdad salarial y que, por eso, se tomó como la base para todos.

¿Por qué se dispararon los salarios en ese entonces? Esto obedece a que la remuneración de un veterinario era superior y porque su cálculo es distinto, sobre todo desde que se incorporaron a la Ley de Incentivos Médicos, la cual reconoce anualidades de 5,5% y ajustes salariales cada vez que a otros funcionarios de Servicio Civil le aumentan el sueldo (procedimiento conocido como enganche salarial).

Sin embargo, esta fórmula de cálculo quedó sin validez en mayo de 1994, luego de que la Sala IV declarara inconstitucionales los laudos arbitrales contemplados en el Código de Trabajo, como el que dio origen a la resolución de 1989.

Ante este hecho, el Servicio Civil emitió la resolución número DG 046-94, con lo cual los salarios de los profesionales volvieron a ser sujeto a los ajustes que se le aplican al resto de funcionarios del Gobierno Central.

El fallo, además, reconoció los “derechos adquiridos” de los profesionales que hasta ese momento se habían beneficiado con la fórmula salarial definida en 1989.

No obstante, tales parámetros nunca más se volvieron a utilizar para ajustar los sueldos, tanto de los nuevos funcionarios como de los que ya estaban en aquella época.

Debido a ello, quienes sí recibieron el beneficio en algún momento, empezaron a presentar demandas en la década de los noventa contra el Estado y los efectos de esos litigios se comenzaron a reflejar a partir del 2010.

Amparados en la defensa de sus “derechos adquiridos”, este grupo no solo reclama los ingresos dejados de percibir desde 1994, sino que también exige una actualización de su base salarial y que la fórmula derogada se le siga aplicando.

Costosos efecto en cascada para los contribuyentes

En sus resoluciones, los jueces han determinado a que los profesionales que trabajaron en esa época para el Ejecutivo, se les debe reconocer la polémica metodología de ajuste.

Las sentencias obligan al Gobierno a reconocer los aumentos que les dejó de hacer a estos funcionarios, después de la derogatoria, más el impacto de ese salario base sobre las anualidades, la dedicación exclusiva, la carrera profesional, el incentivo de arraigo, el aguinaldo y el salario escolar. A ello hay que sumar intereses y costas del proceso.

La base salarial es la referencia para calcular los pluses, por lo que las diferencias salariales pueden ser más amplias.

Adicionalmente, los tribunales exigen al Ejecutivo ajustar las bases salariales de estas personas. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, un funcionario pasó de recibir ¢799.000 de salario base a ¢1.063.000, después de ganar una demanda.

Esa base se seguirá ampliando pues estas personas seguirán recibiendo aumentos según la fórmula aprobada en 1989.

El primer fallo en firme data del 2010.

Los reclamos provienen de todo el Gobierno Central. Incluso, el MOPT se ideó un sistema propio para el cálculo de las indemnizaciones que ha ido enseñando al resto de la administración.

La Procuraduría General de la República no reveló, al cierre de este artículo, la cantidad de reclamos en los juzgados, pero el abogado del Estado ha reconocido que son cientos de reclamos, cuya única vía de resolución es la judicial.

Según datos de Servicio Civil, se han recibido 115 solicitudes de revalorización de puestos (casos en firme). Es decir, esa es la cantidad de funcionarios actuales a los cuales se les ha indemnizado y se les ha aumentado el salario mensual. Sin embargo no se contemplan los casos de personas que ya no se encuentran laborando dentro del Gobierno Central.

Estas son las resoluciones de Servicio Civil que dieron origen a los reclamos: