El Tribunal de Ética del Frente Amplio suspendió por un año al diputado Carlos Hernández, de la militancia partidaria, debido a que su expareja lo denunció por un supuesto caso de violencia doméstica, lo que le costó un arresto de varias horas.
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Luego de investigar el caso, el Tribunal frenteamplista concluyó que Hernández transgredió los principios del Código de Ética del partido, por haber recibido medidas cautelares por violencia doméstica.
En específico, se le achaca violentar el artículo 2, el inciso 5 del artículo 4 y el inciso 9 del artículo 7.
En esos apartados se establece que cada militante debe mantener una conducta digna y ejemplar, tanto en su vida pública como privada, al tiempo que debe ser feminista, rechazar el sistema de dominación sexista y patriarcal, así como promover la igualdad de género y la democracia paritaria.
También establece que el militante frenteamplista debe mantener un apego irrestricto a una ética socialista y oponerse a "toda forma de discriminación, exclusión y violencia".
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El Tribunal de Ética abrió la investigación contra Hernández luego de que él fue detenido por la Fuerza Pública el 19 de marzo— acusado de agresión en contra de su pareja— y liberado horas después, una vez que se le impusieron medidas de protección en su contra, entre ellas, no acercarse a la supuesta víctima.
En análisis. La sanción partidaria fue notificada al legislador la noche de este jueves, dos días despues de que el Tribunal emitiera la resolución.
"No he analizado con mi abogada el tema, hace escasos cinco minutos nos enteramos. Este asunto hay que analizarlo con tranquilidad, mañana en horas de la mañana yo estaré dando declaraciones y estaré haciendo un comunicado de prensa", dijo el diputado puntarenense a La Nación.
Rodolfo Ulloa, secretario general del Frente Amplio, dijo que no hará comentarios sobre el fondo del caso, debido a que el proceso aún no ha terminado, ya que Hernández puede apelar el fallo ante el Tribunal de Alzada del partido.
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No obstante, afirmó que la suspensión es solo para su militancia partidaria y no así de su permanencia en la fracción, de la cual fue separado desde marzo, cuando el Tribunal de Ética comenzó a analizar el caso.
"El Tribunal lo separa de la instancia partidaria que es lo que está establecido en el Código de Ética. Los diputados tendrán que conocer esta resolución y decidir qué pasará con él", dijo Ulloa vía telefónica.
El puntarenense aceptó separarse de la bancada, después de negarse a renunciar a su curul, como en un principio le solicitaron sus compañeros de fracción.
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Previo a las elecciones del 2014, el entonces candidato presidencial del FA, José María Villalta, calificó el dictado de medidas de protección, en materia de violencia doméstica, como una sentencia política para quien quisiera ocupar un puesto de elección popular con su partido.
Según dijo el líder frenteamplista, un caso de esa índole es incompatible con los principios que persigue su partido y veta a cualquier aspirante.
Sin embargo, Hernández fue elegido e integró la fracción, aunque enfrentó un caso similar en el 2008, lo mismo ocurrió con su compañero de su bancada, Jorge Arguedas, quien recibió medidas cautelares entre el 2002 y el 2004.
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