Presidenta de la agrupación, la diputada Patricia Mora, afirma que pedir la dimisión es precipitado

Por: Esteban Mata Blanco 20 mayo, 2016
En la campaña a las elecciones de alcalde el excandidato José María Villalta impulsó el proyecto de Ruiz.
En la campaña a las elecciones de alcalde el excandidato José María Villalta impulsó el proyecto de Ruiz.

El Partido Frente Amplio enfrenta un cuarto caso de violencia de género entre sus políticos. Esta vez se trata del vicepresidente del Concejo Municipal de Montes de Oca, Mario Ruiz Salas, quien enfrenta medidas cautelares y a quien incluso acusan de incumplirlas.

Ruiz Salas resultó electo regidor en las elecciones del 7 de febrero a través de la coalición Gente de Montes de Oca, como miembro representante del Frente Amplio y, luego, ganó la vicepresidencia del Concejo Municipal en las justas del 1.° de mayo.

Sin embargo, desde marzo, ya siendo regidor electo, empezó a enfrentar problemas por denuncias de violencia doméstica de parte de su expareja.

Tanto el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, como la vicealcaldesa, Diana quesada, y el vicealcalde José Posada, exigen la renuncia de Ruiz.

Sin embargo, la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, dijo que la solicitud es "precipitada", en vista de que el caso está elevado ante el Tribunal de Ética del Partido.

Mora explicó que Ruiz fue quien llevó el caso por su cuenta ante las autoridades del FA.

"Mario pidió una audiencia unos dos meses atrás ante el Comité Ejecutivo, lo recibimos y el propósito de su visita era informarnos de una situación enojosa, dificil y complicada que estaba viviendo con su expareja, madre de la hija que tienen", recordó Mora.

Sin embargo, Marisa Batalla, vocera de la alcaldía de Montes de Oca, señaló que la solicitud del alcalde y los vicealcaldes no es precipitada, en vista de que Ruiz habría violentado en reiteradas ocasiones las medidas cautelares que pesan en su contra por acusaciones de violencia doméstica.

"Se pide desde la Alcaldía la renuncia, ya que esta semana el proceso pasó a ser penal, ante las reiteradas violaciones a medidas cautelares por violencia doméstica", dijo Batalla.

Se intentó conocer el criterio del vicepresidente del Concejo de Montes de Oca, sin embargo, a esta hora no ha contestado.

El cuarto en fila.

Este es el cuarto caso conocido de políticos del Frente Amplio que enfrentan o enfrentaron procesos de este tipo, y que terminan electos en puestos de elección popular.

El primero en trascender fue el del exsindicalista y ahora diputado, Jorge Arguedas, a quien en noviembre del 2013, en medio de la campaña política, el candidato presidencial, José María Villalta, le exigió la renuncia al salir a la luz que enfrenó medidas cautelares por violencia doméstica en los años 2002 y 2003.

Arguedas no renunció, alegando que el caso nunca llegó a juicio.

Este caso provocó una discusión a lo interno del Partido, que finalizó con la posición de mantenerlo dentro de la agrupación como uno más de sus diputados.

El otro caso fue el del exsacerdote y exdiputado del FA, Rónald Vargas. El 5 de febrero del 2015, Vargas se paró en el plenario legislativo a anunciar su renuncia alegando una enfermedad grave que lo obligaba a dejar a la curul.

El discurso provocó el llanto de la mayoría de los diputados.

Sin embargo, al filo de la tarde, y cuando ya el diputado saliente se reitiraba del Congreso, La Nación reveló que el verdadero motivo de la salida era un acuerdo con la cúpula del Partido, en vista de que enfrentaba ante una queja por acoso sexual de parte de una asesora.

El suceso de violencia de género más reciente se presentó el sábado 23 de marzo pasado. El protagonista fue el diputado Carlos Hernández.

El legislador fue detenido por la Fuerza Pública en Esparza, Puntarenas, por un aparente caso de violencia doméstica denunciado por su pareja. El caso está en el Tribunal de Ética.

Hernández prefirió separarse de la fracción del Frente Amplio antes que renunciar a la curul.