Gerardo Ruiz R..   8 noviembre, 2017
Tres altos funcionarios del Infocoop fueron acusados penalmente la semana pasada por frenar el cobro judicial de cuatro operaciones crediticias de cooperativas vinculadas con el dirigente Rodolfo Navas. Foto Alonso Tenorio.

El Ministerio Público confirmó que tramita una denuncia penal contra tres altos jerarcas del Infocoop por frenar los procesos de cobro judicial que el Instituto había iniciado contra cuatro cooperativas vinculadas al dirigente cooperativo y de Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Navas.

Los funcionarios denunciados son el director ejecutivo, Gustavo Fernández; el subdirector ejecutivo, Francisco Guillén; y el gerente de Financiamiento, Alejandro Jiménez. Todos ellos fueron colocados en estos cargos durante la intervención del Gobierno al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

La oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó este martes a La Nación que la denuncia, presentada el 24 de octubre pasado por la Auditoría Interna del Infocoop, la tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo la causa 17-000104-1218-PE.

En marzo de este año, el director ejecutivo Gustavo Fernández autorizó que se frenaran las gestiones de cobro contra las empresas Gecse, Unicoop, La Catalina y Consorcio Hotelero CCH, que en conjunto debían ¢2.915 millones, algunas hasta con 344 días de morosidad.

Fernández tomó la decisión a raíz de una solicitud del subdirector Francisco Guillén, quien en aquella época se desempeñana como gerente de Financiamiento.

Todas estas cooperativas están vinculadas al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L), gerenciado por Rodolfo Navas, exdiputado del PLN y dirigente cooperativista durante más de 30 años.

Las gestiones de cobro judicial de esas operaciones se reactivaron a finales de octubre pasado, después de que dos directores de la junta interventora designada por Casa Presidencial preguntaran por la extensa morosidad en los pagos que presentaban y los escasos indicios de negociación que había.

Actualmente la suma de las deudas de esas cuatro cooperativas, más intereses moratorios, asciende a los ¢3.280 millones.

En febrero pasado, cuando el anterior director ejecutivo interno del Infocoop, Rónald Fonseca, ordenó el cobro judicial, Gecse presentaba hasta 344 días de morosidad en un préstamo por ¢249 millones y 314 días de atraso en otra operación por ¢870 millones.

En esas fechas Unicoop había incurrido en un impago de 220 días de un préstamo por ¢274 millones y La Catalina tenía 206 días de morosidad en un crédito por ¢264 millones.

A finales de febrero, cuando el presidente Luis Guillermo Solís ordenó la intervención del Infocoop, una de las primeras acciones que ejecutaron los directores nombrados a dedo por el mandatario fue despedir a Rónald Fonseca y designar en su lugar a Gustavo Fernández quien, finalmente, ordenó paralizar la ejecución de garantías contra las empresas vinculadas a Rodolfo Navas.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa para anunciar los resultados de la intervención del Infocoop, el presidente de la junta interventora, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, negó que hubiera existido tráfico de influencias en la decisión de favorecer a las cuatro cooperativas con el freno del cobro judicial y dijo que la decisión se tomó con base en criterios de carácter técnico.

A finales de febrero pasado el presidente Luis Guillermo Solís nombró a la junta interventora del Infocoop espoleado por denuncias anónimas según las cuales había un riesgo de que la entidad perdiera ¢9.000 millones por mal manejo de los créditos a cooperativas. Foto Casa Presidencial.

En esa misma conferencia, el director ejecutivo Gustavo Fernández admitió que paralizó el remate de las propiedades que Gecse había puesto a responder para obtener el financiamiento del Infocoop, porque el Instituto quería salvar a la universidad cooperativa Fundepós, la cual administra esa empresa, aunque negó cualquier preferencia hacia el consorcio de Navas.

Fernández alegó que tomó la decisión de paralizar el cobro judicial a Gecse porque esta cumple una labor de "interés social", al otorgarles becas de estudio a unas 700 personas ligadas con empresas cooperativas.

Además, en un comunicado, el Infocoop rechazó cualquier anomalía en la decisión de frenar el cobro judicial contra las cuatro cooperativas. Y justificó el extenso plazo para ejecutarles las garantías en la denuncia de acciones pasadas que, supuestamente, tenían como fin debilitar sistemática y deliberadamente al departamento encargado de ejecutar los cobros.