Rebeca Madrigal Q.. 2 marzo
El fiscal Alexánder Valverde y el procurador Randall Aguirre, durante la audiencia de este viernes.
El fiscal Alexánder Valverde y el procurador Randall Aguirre, durante la audiencia de este viernes.

El Ministerio Público le solicitó al Tribunal Penal de San José mantener la pena de ocho años de prisión contra el extesorero del Movimiento Libertario (ML), Ronaldo Alfaro, por estafar al Estado con el cobro de la deuda política del 2010.

El fiscal a cargo del caso, Alexánder Valverde, también pidió este viernes a los jueces mantener la sanción de tres años de cárcel que por el mismo delito se le impuso a Carlos Solano, quien era el encargado de capacitaciones del partido. Ambos fueron condenados en octubre del 2015.

Aunque Valverde solicitó un año más de prisión para cada uno, por el principio de no reforma en perjuicio, la pena no podría ser superior a la impuesta en primera instancia porque el Ministerio Público no apeló la sentencia inicial.

Por su parte, la Procuraduría General de la República pidió el pago de ¢80 millones como indemnización por el daño social causado. A este pago se opuso la defensa de ambos imputados.

El procurador Randall Aguirre alega que hubo una "afectación al sistema democrático costarricense". En el juicio de hace dos años, una pretensión económica por esa causa había sido rechazada.

De ser reconocida esa petitoria, los ¢80 millones se sumarían a los ¢309 millones que ya se le impusieron al partido como sanción.

Esa cifra corresponde al monto estafado (¢209 millones), los intereses (¢67 millones) y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial (¢33 millones).

Fallos de Sala III y Tribunal de Apelaciones

Si bien la condena y la culpabilidad de los dos exlibertarios fue confirmada por la Sala Tercera hace tres meses, ese órgano también acogió otro fallo del Tribunal de Apelaciones, el cual consideró que era necesario realizar un nuevo juicio.

Los jueces de Apelaciones pidieron realizar una nueva audiencia exclusivamente para definir otra vez la cantidad de años de prisión para Alfaro y Solano, así como para evaluar la posibilidad de que el partido deba pagar una indemnización por "daño social", como pretende el abogado del Estado.

Ante esa resolución de Apelaciones es que el Tribunal Penal de San José volvió este viernes a discutir el caso, pero con una integración de jueces distinta a la que falló en octubre del 2015.

Alfaro, Solano y el Movimiento Libertario —de manera solidaria—, fueron condenados por un delito de estafa mayor en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al cobrar ¢209 millones por 194 capacitaciones falsas, luego de las elecciones del 2010.

Alfaro está en prisión preventiva desde hace más de dos años, mientras que a Solano se le concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena, por lo que está en libertad.

El abogado de Alfaro, Guido Nuñez, adelantó a los jueces que no se opondrá a las pretensiones de la Fiscalía y tampoco presentará recurso de apelación a la sentencia que se dicte. Alegó que su cliente quiere acabar con este proceso que se inició en 2011.

La audiencia con la lectura de las conclusiones inició a las 10:45 a. m. en la sala 12 de los tribunales de justicia del Circuito I, en el centro de San José.

Núñez solicitó a los jueces que su cliente no tuviera que continuar en la audiencia por ser una persona mayor, pero la jueza Krissia Zamora rechazó la petición.

Además de mantener la pena, el fiscal Valverde pidió a los jueces analizar si hubo en este caso una lesión al deber probidad, porque hubo una administración indirecta del dinero público.

Alexánder Valverde explicó que los imputados participaron en un plan delictivo y que su ideólogo fue Ronaldo Alfaro.

Según Valverde, el plan delictivo fue ideado, dirigido, controlado y ejecutado por el extesorero, mientras que Solano buscó la documentación, junto a Roger Segura, quien ya falleció.

"Ronaldo Alfaro es de los que se conocen como un delicuente de cuello blanco”, dijo el representante del Ministerio Público, luego se plantear que el extesorero tenía condiciones económicas y sociales que lo hacían una persona de alcance social.

"El objetivo que buscaba era darle a la documentación el mayor porcentaje de veracidad posible para lograr engaño contra el TSE", añadió.

Para ello, relató Valverde, el Movimiento Libertario utilizó listas de asistencias a eventos del partido, como la presentación del plan de gobierno, para justificar las capacitaciones ficticias.

Según el fiscal, la actuación de Ronaldo Alfaro puso en riesgo y afectó el pluralismo democrático porque el partido está ahora a las puertas de su posible cierre y porque la intención de voto hacia la agrupación fue disminuyendo, después de ser la tercera fuerza política más importante del país.

En la audiencia de este viernes, el abogado de Carlos Solano, Marco Solano, mostró su malestar porque tanto a él como a su defendido, los notificaron hasta ayer, que hoy era el juicio de reenvio, cuando la legislación establece que son cinco días.