Silvia Artavia.   11 mayo
En el 2012, el entonces magistrado suplente de la Sala Segunda, Fernando Bolaños, concedió una entrevista a La Nación en la que dio cuentas sobre el contrato de asesoría que firmó con Jupema. Foto: Diana Méndez.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José desestimar una causa por el presunto delito de tráfico de influencias contra el exmagistrado suplente Fernando Bolaños Céspedes.

Tal petición, con fecha del 19 de marzo de 2019, se realizó por "atipicidad”, es decir, “debido a que los hechos investigados no constituyen delito”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Martín Vásquez Herrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), presentó la denuncia contra Bolaños por el presunto delito de corrupción, en julio del 2018.

Vásquez, actual funcionario de la Junta, intenta revivir un caso que data del 2011, pero que reveló La Nación en el 2012.

En mayo de ese último año, la Corte Plena suspendió a Fernando Bolaños durante un mes de su cargo como suplente de la Sala Segunda porque mientras ostentaba ese puesto, firmó un contrato para ayudar a Jupema a defenderse contra 53 causas presentadas por sus empleados.

Justo en esa Sala, que resuelve asuntos de trabajo y de familia, se tramitaban las denuncias de los colaboradores de la Junta de Pensiones, quienes reclamaban el pago de anualidades no reconocidas desde el 2003.

En aquel entonces y debido al asunto de Jupema, el exmagistrado también figuró como imputado en la causa 12-000031-0621-PE por el presunto delito de corrupción.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también solicitó desestimar esa causa.

Hoy, esa misma Fiscalía pide nuevamente la desestimación de la denuncia contra Bolaños presentada por Vásquez.

“No me han notificado ni me han avisado. No sé nada de eso (...). Sinceramente, no sé de qué me están hablando. No sé de qué me pueden haber acusado”, dijo el abogado a La Nación.

Cuando este medio le aclaró que la demanda respondía al caso de Jupema, respondió: “Ah, de aquel asunto del 2012, en el que yo tuve una participación como asesor de Jupema. Viera que yo perdí de vista eso hace años”, expresó.

“De eso han pasado ya como siete años y, durante este tiempo nunca he recibido ninguna notificación, ni ninguna comunicación del Poder Judicial ni de la Fiscalía ni de ninguna otra entidad sobre ninguna acusación en mi contra. Más bien, me sorprende esto que usted me dice”, agregó.

El exmagistrado, quien renunció a su puesto en mayo del 2012, tres meses después de la publicación de este medio, asegura que desde entonces no ha tenido relación con el Poder Judicial y se dedicó a ejercer la abogacía.

“Si la Fiscalía está recomendando una desestimación, pues me parece lo correcto, porque yo no he incurrido en ninguna falta ni delito”, expresó el jurista.

Un caso de larga data

La denuncia presentada por Vásquez en contra de Bolaños supone que el exmagistrado cometió un acto ilícito al “aprovechar su posición en el ámbito judicial para conforme a lo acordado con la Junta Directiva de Jupema, proceder a facilitarle a la misma una ventaja indebida”, según se lee en el documento.

Según la causa, la influencia de Bolaños entre los magistrados surtió efecto, pues a partir del año 2013, la Sala II cambió de criterio al fallar las demandas de los empleados de Jupema, que venía tramitando 10 años antes.

“(...) Justo en el año 2013, la Sala II emitió una resolución diferente a la que sostuvo con el tiempo, empleando argumentos iguales a los planteados por el endilgado Bolaños Céspedes, logrando así insertar en sentencia judicial, como parte de su ‘lobby’...”, agrega la causa interpuesta por Vásquez.

El contrato entre Bolaños y Jupema consistía en que el jurista, experto en Derecho Laboral, asesoraría a esta entidad para defenderse en la Sala II de las demandas de sus empleados, a quienes la Junta les cambió las condiciones laborales en el 2003.

Si la institución perdía esas demandas, el costo sería de unos ¢3.000 millones, informó La Nación en aquel momento.

En el documento, firmado por el exmagistrado y por el director ejecutivo de Jupema, Róger Porras Rojas, el 20 de setiembre del 2011, Bolaños prometió hacer una labor de “convencimiento en el ambiente jurídico nacional” sobre las denuncias contra la Junta.

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Según constató este medio en aquella ocasión, al presentar su propuesta de trabajo, Bolaños pidió a los directores de esa entidad “tener la discreción del caso porque podría malinterpretarse”.

Así consta en el acta original de la sesión de Junta Directiva de la Junta del 13 de setiembre del 2011, consultada por La Nación en el 2012, y cuya copia tiene este periódico en la actualidad.

“Soy magistrado suplente de la Sala Segunda y, como tal, tengo contacto con los magistrados y los letrados que en muchas ocasiones ven estos asuntos y mi idea sería conversar con algunas de estas personas para crear una especie de estado de conciencia...”, dijo Bolaños en esa sesión.

No obstante, este último ofrecimiento de Bolaños fue suprimido del acta original, pese a que en la sesión del 20 de octubre del 2011 varios directores de Jupema se quejaron de la modificación. Así consta en el acta 118 de esa fecha.

El exmagistrado renunció al contrato con Jupema el 21 de octubre del 2011, un día después de una reunión con un grupo de empleados quienes habían demandado a Jupema por el no pago de anualidades. Ellos lo criticaron argumentando que la contratación se podía prestar para hacer ‘lobby’ en el Poder Judicial.

En la carta de renuncia, dirigida a Róger Porras, el exmagistrado argumento lo siguiente: “El contrato ha dado pie a una opinión interna dentro de la institución, según la cual mi contratación incluye una especie de compromiso de realización de lobby político ante las autoridades judiciales. Usted y yo sabemos que eso no es cierto...”.

No obstante, de los ¢5 millones por los cuales el abogado suscribió el contrato, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional le canceló ¢1.250.000.

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