El Ministerio Público investiga, desde el pasado 15 de julio, si la compañía española FCC pagó sobornos por la obtención de contratos de obra pública en Costa Rica.

El caso avanza desde que el diario español El País dio a conocer indagaciones de la Policía de Andorra, la cual presume que la compañía habría firmado una consultoría con un abogado panameño-español para desplegar un esquema de sobornos que le permitiera ganar adjudicaciones por $484,5 millones (casi ¢281.000 millones) en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó de que la investigación es por el presunto delito de soborno transnacional y que, por el momento, no hay personas imputadas.

Dicha investigación se realiza bajo el expediente 19-000166-1218-PE y, por el momento, está en la etapa de recolección y análisis de prueba, que es privada para las personas ajenas al proceso.

Este miércoles, en Madrid, el diario El País publicó que la Audiencia Nacional de España acusó a FCC por pagar mordidas de más de $91 millones (¢52.800 millones) para conseguir, en Panamá, los contratos para construir dos líneas del metro y la Ciudad de la Salud en la capital panameña.

La acusación por corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales se extiende a dos de sus filiales de FCC en la región, FCC Construcción Centroamérica y FCC Construcciones Hospitalarias, por no activar un protocolo que evitara la comisión de delitos.

Por ese caso, las autoridades panameñas detuvieron, en julio, al abogado Mauricio Cort como supuesto responsable de haber intermediado en los pagos de dádivas a funcionarios y autoridades panameñas para conseguir contratos.

Según las autoridades españolas, Cort, quien firmó un contrato de servicios con FCC, actuaba como testaferro y desviaba el dinero que le daba la compañía para entregarlo a sus destinatarios, “empleados y dirigentes políticos panameños”.

Para ello, el abogado de doble ciudadanía: española y panameña, utilizaba empresas off shore y movía el dinero en cuentas bancarias suizas y andorranas.

Según las publicaciones de España, la investigación a FCC también se relaciona con el asunto Odebrecht, caso de sobornos internacionales que ha salpicado a casi todos los países de la región latinoamericana.

Una publicación de El País afirma que, de acuerdo con dos informes confidenciales de la Policía de Andorra, la compañía FCC consiguió el contrato para mejorar la ruta nacional 3 de Costa Rica gracias a las gestiones del abogado Mauricio Cort.

En el año 2009, la figura jurídica FCC Construcción de Centroamérica S. A., luego denominada FCC Construcción América S. A., ganó un concurso para ampliar la carretera 3 que comunica Heredia con Alajuela, en específico el tramo San Francisco de Heredia-Río Segundo de Alajuela, hasta las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría.

El contrato de dicha obra era originalmente por ¢12.732 millones, con un plazo de ejecución de 300 días naturales. Fue refrendado por la Contraloría General de la República el 26 de junio del 2009.

Finalmente, la radial de 12 kilómetros tuvo un costo de ¢14.287 millones y fue recibida por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en junio del 2014.

‘No evitó comisión de delitos’

De acuerdo con el criterio del tribunal español que imputó a FCC los presuntos delitos, la compañía no activó protocolos para evitar la comisión de delitos ni había mecanismos de control, así como tampoco una ética de empresas.

Según el criterio de esa autoridad judicial española, la empresa y sus filiales presumiblemente conocieron y participaron en la “vertiginosa generación de sobrecostos” en los proyectos panameños.

De hecho, el consorcio con el que FCC ganó dos contratos para trabajar el metro de Panamá fue con la empresa brasileña Odebrecht.

La compañía española habría reconocido los hechos imputados cuando presentó dos denuncias, en mayo y junio, sobre los acuerdos que Mauricio Cort hizo en los cuatro países centroamericanos.

Entre los documentos que entregó FCC a las autoridades españolas hay 38 facturas de servicios que nunca se dieron y, al parecer, solo se facturaron para cubrir los pagos de supuestos sobornos para obtener contratos de obra pública.