Fiscalía General investiga a Natalia Díaz por denuncia de exdirector del OIJ

El caso fue llevado al Ministerio Público en octubre del 2022 por el entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, casi un mes antes de su fallecimiento, el 2 de noviembre, a los 54 años.

En aquel momento, Espinoza era miembro de la Junta Directiva del ICD, en donde la ministra Natalia Díaz también es directiva de este órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia.

La pesquisa gira en torno a la aparente modificación de la declaración jurada que el ICD solicitó firmar, en setiembre del 2022, a quienes participaran en el concurso para elegir como director y subdirector.

En un principio, parte de la declaración jurada decía: “No estoy ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con ninguna persona funcionaria, ni con ninguna persona miembro del Consejo Director del ICD”.

Sin embargo, en cuestión de 48 horas y luego de recibir un correo de Casa Presidencial, el ICD eliminó la frase “con ninguna persona funcionaria”.

En apariencia, ese ajuste se hizo para beneficiar a una persona específica, cuyo hermano trabaja en esa misma institución.

El hecho fue trasladado a la Fiscalía General, el 8 de octubre anterior, por Wálter Espinoza Espinoza.

Él remitió al entonces fiscal general a. i., Warner Molina, un informe emitido por la auditora general del ICD, Deyanira Bermúdez Calderón, donde se detallaban las supuestas anomalías con ese cambio y consignó lo siguiente en el correo electrónico:

“El documento adjunto (AI-052-2022) suscrito por la señora auditora interna del ICD, en su contenido describe acciones que –desde la perspectiva de la suscribiente– constituyen eventuales delitos cometidos por un viceministro y una ministra del actual gobierno.

“Sin prejuzgar sobre el contenido de la nota y sus alcances, debido a que una de las personas mencionadas en el texto tiene fuero de protección, remitimos a usted el oficio aludido para su valoración, debido a que solo el fiscal general puede tramitar este tipo de asuntos”. Este correo consta en el expediente judicial del caso.

Wálter Espinoza ocupaba una silla en el Consejo Directivo del ICD, en representación del OIJ. El ICD, por ley, también lo integran los ministros o viceministros de la Presidencia, Seguridad, Justicia, Salud y Educación.

En ese foro, Espinoza se opuso a varios acuerdos de designación de los jerarcas de esa institución. Por ejemplo, él fue el único que objetó que el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, fuera escogido como director temporal del ICD a manera de recargo entre julio y octubre del 2022. Ese nombramiento actualmente está bajo la lupa del Ministerio Público.

Consultada sobre la investigación en su contra y como superior de todos los mencionados en el caso, la ministra Díaz Quintana aseguró: “Este (caso) se encuentra en investigación. Estamos colaborando con las autoridades judiciales en lo que se requiera”.

Detalles del informe

Copiado!

En el oficio de advertencia AI-052-2022, dirigido a la comisión especial de nombramientos –integrada por Natalia Díaz y los ministros de Seguridad y Justicia, Jorge Torres y Gerald Campos, respectivamente–, la auditora Bermúdez Calderón detalló las conclusiones de una investigación que realizó luego de recibir una denuncia sobre ese nombramiento.

El documento estaba copiado al Comité Directivo del ICD y fechado el 6 de octubre.

Allí, la auditora relató que, el 12 de setiembre, el viceministro Rodríguez Bogle, quien para ese entonces también fungía como director del ICD, anunció al personal, mediante un correo electrónico, la apertura del concurso para elegir a su sustituto.

En el mensaje enviado, Rodríguez Bogle indicó que la información completa sobre el puesto se encontraba en el sitio web de la institución y adjuntó el enlace en específico. En ese link aparecía, entre otros elementos, la declaración jurada que debía firmar cada uno de los postulantes.

En esa primera versión del documento, en el punto quinto, aparecía la prohibición de parentesco con funcionarios. Sin embargo, un día después, el 13 de setiembre, una asesora del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional –liderado por Rodríguez Bogle–, de apellidos Arce Rojas, pidió modificar ese apartado en específico.

En un correo dirigido al jefe de la unidad de Informática del ICD, ella consignó: “(...) Sería tan amable de ayudarnos a cambiar esa declaración, es que la anterior tenía un pequeño error”.

Un día después, el 14 de setiembre, ese funcionario trasladó la gestión al departamento de Recursos Humanos: “Presidencia nos está pidiendo colaboración para cambiar la declaración jurada publicada para el concurso de contratación de directores, por lo que les agradezco si nos pueden ayudar a reemplazar el documento publicado, por lo que se adjunta el mensaje”.

Inmediatamente, “sin mayor análisis y revisión de la petición hecha por el titular de Informática”, las funcionarias de Recursos Humanos reemplazaron el documento en el sitio web de la institución.

“Así las cosas, se comprueba por parte de la Auditoría Interna que el documento denominado ‘declaración jurada’, efectivamente fue modificado.

“Se evidencia enfáticamente la alteración del documento que se había oficializado en la primera publicación al eliminar la frase ‘con ninguna persona funcionaria’, con la intención de favorecer a un funcionario de este instituto, acción que causa perjuicio a los demás participantes, lo que constituye un acto sancionado en la legislación costarricense y del cual existe vasta jurisprudencia”, redactó la auditora Bermúdez Calderón.

Denuncia interna previa

Copiado!

La Auditoría Interna del ICD inició las pesquisas tras ser alertada de los hechos por una funcionaria del Poder Judicial, quien tenía interés en participar en el concurso y se sentía afectada.

La denunciante remitió un correo electrónico a la Auditoría, en el que señalaba que “por un asunto de amistades se eliminaba ese requisito posterior a la publicación del concurso, con el objetivo de beneficiar al jefe de la Unidad de Administración de Bienes, quien tenía esa prohibición”, pues tiene un hermano que labora en la Unidad de Precursores de ese instituto.

Y en otro correo agregó: “Soy funcionaria del Poder Judicial, donde se comenta que la ministra y el viceministro se reunieron con el señor (cita el nombre del jefe de la Unidad de Administración de Bienes) para que presentara la hoja de vida y que ellos se comprometían a eliminar ese requisito; posterior a eso, fue eliminado y presentada la hoja de vida. Eso es incluso una desventaja y cero transparente para todos los participantes y un posible tráfico de influencias”.

La auditora general concluyó: “Como se puede apreciar, la mencionada modificación de la declaración jurada no obedece a un error, como lo hizo ver la asesora del viceministro en ejercicio, sino más bien a una acción dirigida a favorecer al participante en marras”.

Y de seguido, recomendó anular el concurso y realizar uno nuevo, para “eliminar todo lo relacionado a conflicto de intereses y falsedad ideológica, que constituyen delitos causales de responsabilidad administrativa y penal”.

Pesquisa judicial

Copiado!

En la Fiscalía General el caso se tramita bajo el expediente N.° 22-000070-033-PE.

Por estos hechos a Díaz Quintana y Rodríguez Bogle se les investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias, el cual es sancionado con penas de dos a cinco años de cárcel, según el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Natalia Díaz, al ser miembro de un supremo poder, en este caso del Poder Ejecutivo, se expone a que el eventual castigo crezca en un tercio, de acuerdo con ese mismo numeral.

Para esclarecer los hechos denunciados, el actual fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, solicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un listado de las llamadas y mensajes recibidos en los teléfonos celulares, personales y oficiales, de la ministra y el viceministro, entre mayo y octubre del 2022.

Pidió esa misma información de la asesora Arce Rojas y de otro funcionario de Casa Presidencial, de apellidos Ugalde Núñez, quien le encomendó a la primera pedirle al ICD que realizara el cambio en la declaración jurada.

Carlo Díaz también solicitó el 3 de noviembre aval a la Sala Tercera para secuestrar documentos en Casa Presidencial y en el ICD relacionados con ese concurso. Y recibió el visto bueno el 25 de noviembre.

Se le autorizó secuestrar el expediente del concurso, los respaldos de los correos electrónicos recibidos para dichos puestos y las actas de las sesiones del Comité Directivo del Instituto, donde se habló de ese tema.

En este mismo expediente se indaga un posible delito de nombramientos ilegales y otro de incumplimiento de deberes, en torno al nombramiento del viceministro Jorge Rodríguez Bogle como director general del ICD, entre julio y octubre del año pasado.

Colaboró con esta información el periodista Roger Bolaños.

LEA MÁS: Fiscal pide listado de llamadas y mensajes de 4 ministros y una exministra