La Fiscalía General deberá decidir antes del 1.° de agosto si acusa o no penalmente al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.
A él se le imputa un aparente prevaricato, porque habría resuelto contra la ley en octubre del 2008, cuando firmó un decreto que declaraba de interés público el proyecto minería a cielo abierto Crucitas.
Esa mina se iba a ubicar en Cutris de San Carlos, y estaba en manos de la compañía canadiense Industrias Infinito.
Para ese miércoles 1.° de agosto y hasta el 31 de ese mes, están convocadas las audiencias preliminares, en las que se definirá si el caso se vuelve a elevar a juicio, luego de que el Tribunal de Apelaciones se trajera abajo una sentencia condenatoria, del 2015, y ordenara repetir el debate.
Además, en setiembre del año pasado, el Tribunal de Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso a su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
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Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.
Los otros acusados son de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla.
A ellos se les tramita la causa en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, mientras que el expediente de Arias está en la Fiscalía General.
La decisión de separar los casos la tomó, en el año 2008, el ahora exfiscal general Jorge Chavarría, a quien se le abrió un proceso administrativo por un presunto incumplimiento de deberes, en el caso del cemento chino.
Si bien existen dos causas distintas por los mismos hechos, dado que ambas están correlacionadas, en las mismas audiencias preliminares se determinará si los ocho imputados son llevados a juicio.
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Así lo reconoció la fiscala general, Emilia Navas, quien decidió reabrir la causa contra Arias, en octubre del año pasado.
"Estamos estudiando ya finalmente el expediente (contra Arias) porque ya terminamos de diligenciarlo. No sabemos si se va a pedir una acusación o el dictado de un sobreseimiento. En caso de que se formule una acusación se va a conocer la acusación en la misma audiencia. Tienen que conocerse juntos", dijo Navas.
¿Y para cuando estaría esa decisión?, se le preguntó. Ante lo cual ella respondió: "En eso estamos estos días".
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En tres instancias
Inicialmente, el 28 de enero del 2015, el Tribunal Penal de Hacienda, en Goicoechea, condenó a tres años de prisión al exministro Roberto Dobles y absolvió a los seis funcionarios de Setena.
Ese día, los jueces concluyeron que el mandato presidencial era ilegal y que favoreció a Industrias Infinito.
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Esa resolución; sin embargo, fue impugnada por el exministro Dobles ante el Tribunal de Apelaciones, donde fue aceptada y se ordenó hacer de nuevo el juicio.
Ese nuevo debate arrancó a principios de setiembre del 2017; no obstante, el Tribunal Penal de Hacienda, pero con otra integración de jueces, resolvió que el caso debía devolverse al Juzgado Penal, a una etapa aún más temprana.
Ese órgano, por mayoría, concluyó que primero era necesario determinar si Óscar Arias debe o no, enfrentar un juicio por prevaricato.
Tomó esa decisión con base en la querella que presentó la Procuraduría General de la República, en la cual se le atribuye al expresidente, quien no formó parte del primer juicio, acciones que podrían acarrearle responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa.
Un mes después de ese fallo, Emilia Navas llegó a la Fiscalía General y decidió reabrir la causa penal contra Arias (12-000124-0621-PE), quien incluso ya fue indagado y puesto en conocimiento de los hechos por los que se le investiga.
Óscar Arias fue indagado, por más de cuatro horas, el 8 de noviembre anterior.