Michelle Campos. 15 febrero
La fiscala general adjunta, Greysa Barrientos, fiscal, enfatizó en que todas las partes de la investigación deben mantener el secreto del caso. Fotos Melissa Fernández Silva
La fiscala general adjunta, Greysa Barrientos, fiscal, enfatizó en que todas las partes de la investigación deben mantener el secreto del caso. Fotos Melissa Fernández Silva

Greysa Barrientos Núñez, fiscala adjunta de la Fiscalía General de la Republica, aseguró que en las investigaciones penales, como la que se realiza por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), todas las partes conocedoras del expediente tiene que guardar secreto.

Barrientos, quien lleva 25 años en el Ministerio Público, explicó que toda la información debe ser ajena a terceras personas al estar en una etapa preparatoria.

“Todas las partes tienen la obligación de guardar el secreto de actuaciones que hay en el expediente, en la etapa preparatoria, porque la etapa preparatoria es privada para terceros”, indicó la fiscala adjunta en el programa Frecuencia MP, que transmite el Ministerio Público por Columbia.

Según precisó, desde los peritos hasta los asistentes de las partes que le sacan fotocopias al expediente, tienen la obligación de guardar el secreto de los contenidos.

“Si yo, eventualmente estoy en alguna diligencia apoyando, por ejemplo, a nivel logístico, porque hay que realizar algún tipo de diligencia técnica y me entero de lo que está sucediendo ahí, tengo y estoy obligado a guardar el secreto”.

“Entonces, definitivamente es un secreto que cubre a todas las partes”, agregó.

Las declaraciones de la fiscala se produjeron luego de que el diputado Dragos Dolanescu ventilara, en el plenario legislativo, la clave de uno de los teléfonos decomisados al presidente Carlos Alvarado durante el allanamiento a Casa Presidencial por el caso de la UPAD.

La Fiscalía solicitó una investigación para saber como se filtró la información.

Barrientos dijo que algunas partes del caso esperan llevar la discusión de temas procesales a otras instancias, pretendiendo litigar, por ejemplo, en redes sociales o la prensa, y no cumplen con la obligación de guardar el secreto.

Sobre la filtración de la clave del teléfono del presidente, aseguró que ya se conoce del reclamo y la Fiscalía puso a una sección del OIJ a determinar como sucedió.

Cadena de custodia

Dentro de la investigación para determinar si la UPAD accedió o no a los datos confidencial de los costarricenses, la Fiscalía necesita recolectar una serie de pruebas que son puestas bajo una cadena de custodia.

Esa cadena de custodia está compuesta por cualquier persona que, de alguna forma, se relacione con la investigación, desde fiscales hasta la persona que guarda los aparatos decomisados en bodegas.

“Cuando el Ministerio Publico, a partir de la investigación y de los hechos a los que está llamado, sea a confirmar o descartar, considera que es importante la atención de un medio de prueba (...), a todas las pruebas que se obtienen se les hace una cadena de custodia”.

“Aquí hay algo muy importante, seguir la cadena de custodia que ha seguido cada una de las evidencias, porque si se rompió la cadena de custodia, habría que valorar si eventualmente existe un perjuicio”, dijo la fiscala.

Según Barrientos, ante una eventual violación a la cadena de custodia, “habría que determinar y probar que efectivamente hubo un perjuicio, que la evidencia efectivamente está violentada”.

Por otra parte, los abogados del presidente Alvarado, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, reaccionaron este lunes después de que el medio digital CRHoy publicara que, según un informe del OIJ, los correos de Alvarado no se han revisado aún, sino que únicamente se respaldaron.

Al respecto, Brenes dijo: “Lo que hemos venido advirtiendo, incluso en una protesta formal que presentamos el pasado 8 de enero, es que el 26 de agosto del 2020, sin informar a la Sala Tercera, ni a las partes, ni a sus abogados, la Fiscalía General realizó la apertura de la evidencia que contenía los correos de todos los investigados”.

“Nunca hemos sostenido que los correos hayan sido analizados o modificados. Eso es algo que no nos consta y que no podemos comprobar. De manera que el informe del OIJ, según el cual los correos no han sido modificados, no desmiente lo dicho por esta defensa, sea que la apertura de la prueba se hizo sin informar a la Sala Tercera, sin control de ningún juez”, agregó Roger Guevara.