Por: Eillyn Jiménez B., Natasha Cambronero 17 noviembre, 2016
La fiscal Greysa Barrientos expuso la segunda parte de las conclusiones del Ministerio Público en el juicio contra el PAC, ante el Tribunal Penal de San José.
La fiscal Greysa Barrientos expuso la segunda parte de las conclusiones del Ministerio Público en el juicio contra el PAC, ante el Tribunal Penal de San José.

El próximo jueves 1.° de diciembre, a la 1:30 p. m., se conocerá el por tanto del juicio contra el Partido Acción Ciudadana (PAC), por una presunta estafa de casi ¢364 millones en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La audiencia oral y pública finalizó este jueves, por lo que ahora los jueces comenzarán a deliberar.

Los hechos de los que acusa el Ministerio Público a la agrupación política se remontan a las elecciones presidenciales del 2010 cuando, según la Fiscalía, el extesorero del PAC, Minor Sterling Araya, hizo firmar a varias personas contratos por servicios especiales que en realidad nunca ocurrieron.

La Fiscalía agregó que la intención fue cobrarlos al TSE dentro del monto de deuda política que le correspondía al partido, aunque argumentan que esos servicios especiales fueron ofrecidos gratuitamente.

En total, fueron 263 acuerdos contractuales, en apariencia "falsos", los que el TSE aprobó y reembolsó al partido, una vez concluido ese proceso electoral.

El pasado 8 de noviembre, el Ministerio Público solicitó una pena de ocho años de prisión para Sterling, por esa situación.

Por el mismo caso, el Ministerio Público también solicitó tres años de prisión, con el beneficio de ejecución condicional de la pena, para Manuel Antonio Bolaños Murillo, quien desde entonces y hasta la fecha, se desempeña como colaborador del PAC en múltiples tareas.

Si bien la Fiscalía solicitó una pena por una presunta estafa de ¢364 millones, por contratos que se ventilaron en el juicio, la Procuraduría General de la República solicitará una indemnización de ¢859 millones.

La suma que pide el abogado del Estado corresponde al monto presuntamente estafado, los intereses desde que el PAC recibió el dinero, el daño social y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial.

El abogado del PAC y de Bolaños, Ronny Guevara, afirmó el 9 de noviembre que la solicitud de la Procuraduría no tiene sustento probatorio y que la institución está pidiendo por gastos del juicio una suma que no es real.

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