Luis Paulino Mora, el exviceministro que se encargaba de llevar sobre sus hombros la agenda legislativa del gobierno de Luis Guillermo Solís y que negoció la reforma fiscal antes de que terminara esa administración, es quien lidera ahora la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
En el cargo desde el 9 de mayo, Mora contó que el puesto se lo ofreció el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el exdiputado Steven Núñez, y reconoció que está consciente de lo inestable que ha sido esa posición en otros periodos.
El puesto de director de Pensiones es uno de los más atacados de parte de los administrados, quienes con frecuencia presentan recursos de amparos y denuncias contra quien lo ejerza.
“Es inevitable que una dependencia que debe otorgar derechos y, en ciertas ocasiones, no otorgarlos, u otorgarlos parcialmente, no sea recurrida. En estos casos, solo queda estudiar detenidamente cada caso para tomar la decisión que se estime más acertada”, explicó Mora.
El ahora director de Pensiones, licenciado en Derecho, de 43 años, asumió el viceministerio de la Presidencia especializado en negociación legislativa después de la salida de Daniel Soley antes de cumplir un año en el cargo, en enero del 2015.
Aparte de esa función, Mora fue asesor legislativo en la fracción de la Unidad Social Cristiana durante el periodo 2010-2014 y tenía relación laboral con el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, oficina encargada del análisis de proyectos de ley.
Sobre la estabilidad en el puesto, Mora añadió que la mayoría de soluciones relacionadas con la Dirección de Pensiones “son de mediano y largo plazo” y agregó que considera prudente “vivir un día a la vez”, sabiendo esas características del puesto.
Ya con más de un mes en funciones, el exviceministro asegura que el principal problema que enfrenta la DNP es el pago de sumas giradas de más por pensiones caducas, especialmente a fallecidos, pero también a hijos menores de 25 años de antiguos pensionados que no estudian o que ya sobrepasaron esa edad techo.
“La solución de ese tema es acceder a bases de datos que permitan conocer en tiempo real los decesos y las demás circunstancias de caducidad”, explicó Mora.
Para ello, se trabaja en un plan piloto entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense de Seguro Social, en alianza con el Colegio de Médicos, para que las actas de defunción se inscriban en línea.
Según Mora, eso va a permitir que el Registro Civil inscriba las actas de defunción en tiempo real y a la DNP conocer las inscripciones automáticamente.
“Debemos desarrollar programas informáticos que nos permitan hacer de forma inmediata las exclusiones de planillas y el cálculo parcial de las pensiones”, apuntó Mora.
Consultado sobre la razón principal para que un exviceministro experto en temas legislativos asuma una dirección como la de Pensiones, Luis Paulino Mora aseguró que hay grandes oportunidades de mejora en los esfuerzos por racionalizar el gasto en pensiones, luego de la aprobación de la reforma a los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
“En ese momento se hizo un estudio integral de los regímenes de pensiones y se pensó en diversas formas para racionalizar sus alcances, formas de actualización y mecanismos de cobro”, dijo Mora.
Según el director de Pensiones, la DNP administra un 10,27% del Presupuesto Nacional, o sea, un 2,67% del Producto Interno Bruto.
Dentro de las gestiones que está haciendo Mora al frente de la DNP, comentó que esta semana presentó un recurso de amparo contra los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el de Justicia y Paz, así como contra el viceministerio de Gobernación y Policía.
El reclamo de Mora se centra en que estas y otras instituciones deben entregar la documentación necesaria para gestionar los derechos jubilatorios de cuatro personas, pero que no lo han hecho y eso generó un “estado de cosas inconstitucional”.
Además del amparo, el director de Pensiones presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes contra la negativa de varias entidades a entregar la documentación necesaria para cumplir con los derechos jubilatorios de sus administrados.
Esas entidades son, aparte de las ya recurridas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Imprenta Nacional, el Registro Nacional, el Archivo Nacional, el Ministerio de Cultura y el de Seguridad Pública.
Además, la Dirección Nacional de Contabilidad, la Asamblea Legislativa, el Registro Civil, Correos de Costa Rica, el Poder Judicial, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, según el decreto ejecutivo 40382-MTSS.
La denuncia, según Mora, es para que “se inste a las entidades mencionadas a remitir la información requerida por esta dirección (de Pensiones) en el plazo improrrogable de diez días naturales y a la presentación de esta Defensoría de un plan que solvente el estado de cosas inconstitucional que existe”.