El exministro de la Presidencia, Daniel Soley, insiste en acudir al Ministerio Público con tal de que se esclarezca quién mintió en el polémico caso que lo llevó a renunciar hace casi 15 días.
¿Lo hizo él, la procuradora general, Ana Lorena Brenes, o el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez? Según Soley, el trío de versiones contradictorias debe caer, inmediatamente, en manos de la Fiscalía.
Eso lo dijo ayer, luego de que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público divulgara la conclusión de sus investigaciones sobre el caso y las recomendaciones para el Ejecutivo.
Dos diputados del Partido Acción Ciudadana –Ottón Solís y Epsy Campbell– y dos del Partido Liberación Nacional –Antonio Álvarez y Maureen Clarke– firmaron el texto que recomienda que no se nombre a Soley en cargos públicos durante tres años.
Molestia. El exministro Soley tildó de “especulativas, arbitrarias y prejuiciadas” las conclusiones de esos legisladores y opinó que sus pruebas no son sólidas ni serias para condenarlo.
“No he tenido ningún miedo de ir ahí (a la Fiscalía), no sé por que los firmantes del informe de mayoría tienen temor de enviar esto al Ministerio Público. ¿A quién quiere proteger? , declaró.
Aparte de ese documento, en la comisión se presentaron otros tres informes de minoría, en los que se exige al Ejecutivo trasladar el caso al Ministerio Público.
Un texto lleva las firmas del Frente Amplio, otro del Partido Unidad Social Cristiana y el tercero, del Movimiento Libertario.
La procuradora Ana Lorena Brenes evitó referirse ayer a los informes, con el alegato de que aún no los conocía.