Sofía Chinchilla C.. 17 julio
El informe bajo investigación llegó a manos del expresidente legislativo Gonzalo Ramírez durante la última semana de su periodo como diputado. Foto: Mayela López.
El informe bajo investigación llegó a manos del expresidente legislativo Gonzalo Ramírez durante la última semana de su periodo como diputado. Foto: Mayela López.

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, y la jerarca actual, Carolina Hidalgo, deberán comparecer ante la comisión legislativa que investiga el informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que libera de responsabilidad al expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cemento chino.

Los miembros de ese foro sesionaron la noche de este martes por primera vez, y le ordenaron al exlegislador de Renovación Costarricense y a la actual diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), que se presenten ante ellos a rendir su declaración.

La comisión quiere establecer por qué si el informe de la PEP llegó al Congreso el 27 de abril, cuando Gonzalo Ramírez lo presidía, los nuevos diputados lo conocieron hasta finales de mayo, cuando ya se había sobrepasado el plazo de 3 días que establece la normativa para que los legisladores puedan apelar las conclusiones del documento.

Además de Hidalgo y Ramírez, se llamó a comparecer a Carmen Quesada, quien en el periodo anterior fue miembro del Directorio Legislativo; a Enid Padilla, la funcionaria de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea que recibió el informe en abril pasado; y a Antonio Ayales, director Ejecutivo del Congreso.

Ramírez alega que Ayales estuvo presente en la última reunión del Directorio anterior, por lo que tuvo que haberle avisado a los nuevos legisladores de la existencia del informe. A la vez, Hidalgo asegura que el director le informó sobre el documento hasta el 18 de mayo, más de dos semanas después de haber asumido el cargo.

El informe en cuestión desestimó una denuncia de la comisión legislativa que investigó el cemento chino, según la cual el expresidente Luis Guillermo Solís violó el deber de probidad en la función pública. La PEP concluyó que no hay suficientes pruebas de que el expresidente presionó para que se modificara el reglamento de importación de cemento, ni tampoco de que haya intervenido para que el producto se desalmacenara.

“(...) No se logra identificar información que permita vincular al señor Luis Guillermo Solís con la intervención sugerida de la Presidencia de la República (...). No se cuenta con información que pruebe una participación del señor Presidente de la República (en relación a Solís) en los hechos, y mucho menos que lo involucre en una actuación contraria al deber de probidad”, se lee en el informe enviado al Directorio Legislativo a finales de abril pasado.

A partir de este martes, la comisión investigadora tendrá tres meses para rendir su informe. Sesionará de manera ordinaria los lunes.