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José Manuel Arroyo se acogió a la jubilación a partir del 1.º de enero del 2017. Foto: Mayela López (Mayela_Lopez)
El exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, se suma, a partir de este jueves, a la campaña del candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado.
Arroyo será parte de un grupo de cuatro asesores ad honorem encargados de garantizar el cumplimiento de los mandamientos éticos de la agrupación política, si Alvarado gana la Presidencia de la República.
Los demás vigilantes anticorrupción de ese grupo serían el diputado y fundador del PAC, Ottón Solís Fallas; la exlegisladora y exprimera dama, Margarita Penón Góngora, y el exdefensor de los Habitantes y excongresista, Rodrigo Carazo Zeledón.
El aspirante presidencial hizo el anuncio esta tarde, a través de un comunicado de prensa, donde Arroyo asegura que siente la necesidad de “apoyar toda iniciativa que procure prevenir y sancionar ese terrible flagelo de la corrupción en la función pública”, pues esta “erosiona y corrompe las instituciones democráticas”.
Según Carlos Alvarado, la función de los cuatro vigilantes de la ética sería funcionar como referentes de los principios éticos y apoyarlo en la toma de decisiones. Adujo que eso le daría “confianza a la ciudadanía de la marcha del gobierno con honestidad y eficiencia”.
De hecho, durante la actual administración de Luis Guillermo Solís, el diputado Ottón Solís se ha encargado de señalar y criticar decisiones o acciones que ha considerado corruptas de parte de este gobierno, con particular énfasis en todos los jerarcas implicados en el caso del cemento chino.
En ese caso, fueron señalados por la Comisión Investigadora del Congreso el exministro de Economía y actual candidato a diputado del PAC por Heredia Welmer Ramos, así como el ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez. Se les achacó haber tomado acciones para supuestamente beneficiar, de alguna forma, el ingreso del cemento chino importado por el empresario Juan Carlos Bolaños.
Margarita Penón se desempeñó como directora representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al principio del gobierno de Luis Guillermo Solís; sin embargo, duró en el cargo casi tres meses, por razones personales.
Además de ser los vigilantes anticorrupción ad honorem, Alvarado aseguró que eso no impediría que alguno de ellos pudiera ocupar otro cargo dentro de un eventual gobierno suyo.