El exministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora y la exviceministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gina Paniagua, se aferran a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, para evitar devolver el dinero que recibieron por el plus de prohibición mientras estuvieron en sus respectivos cargos.
Mora y Paniagua son parte del grupo de tres ministros y cinco viceministros del gobierno de Luis Guillermo Solís que, a mayo de 2017, había cobrado ese incentivo salarial sin haber estado inscritos en algún colegio profesional, tal y como lo estipula la Procuraduría.
En declaraciones por separado, ambos mencionaron que en los artículos 14 y 15 de esa Ley, la cual les aplicaron al momento de ser contratados por el gobierno, no se establece el requisito de la colegiatura para recibir el plus salarial de prohibición.
No obstante, aclaran que no se niegan a reintegrarle al Estado ese dinero, siempre y cuando exista claridad sobre la interpretación de la ley en ese aspecto.
“La Ley no dice nada de colegiaturas. Dice que se debe ser profesional liberal. Yo tengo dos títulos universitarios (uno en Economía y otro en Administración de Negocios) que me acreditan como tal”, explicó Mora.
“Según mi criterio y el de mis abogados, hay una interpretación incorrecta (de la ley) dado mi condición de pensionada y la interpretación del Colegio (dice) que no debo estar colegiada. No debieron haberme metido en ese grupo de compañeros que desdichadamente están con ese problema”, alegó, por su parte, Paniagua.
Según Paniagua, ella pretende que con su caso se siente jurisprudencia, porque alega que era pensionada al momento de ingresar al viceministerio y, con esta condición, la ley no es clara.
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Alexánder Mora fue jerarca de Comex entre 2014 y 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. En sus primeros tres años de ministro recibió ¢29,5 millones por el plus de prohibición sin estar colegiado, hasta en ese momento, en el Colegio de Ciencias Económicas.
Por su parte, Gina Paniagua fue viceministra del MAG durante un año. Ingresó al gobierno en mayo de 2014 y renunció, alegando motivos de salud, en abril del 2015.
Recibió ¢4,6 millones por prohibición como si fuera ingeniera agrónoma sin haber estado registrada en ese momento en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entre el 8 de mayo del 2014 y el 28 de febrero del 2015. Ella se colegió luego, el 9 de marzo de 2015, como bachiller en agronomía.
La prohibición se le paga a los jerarcas para que no ejerzan su profesión libremente, sino que se dediquen de lleno al Estado.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), para recibirlo es indispensable que el funcionario esté incorporado a su respectivo colegio profesional en los casos en que es obligatorio para ejercer.
En tanto, el artículo 14 de la Ley establece una lista de funcionarios públicos que tienen prohibido ejercer profesiones liberales, sin mencionar lo de la colegiatura.
La lista es encabezada por el presidente de la República e incluye a ministros y viceministros, entre otros altos cargos del Estado.
El artículo 15 establece una retribución del 65% sobre el salario base del puesto respectivo por la prohibición de ejercer profesiones liberales, pero tampoco exige el requisito de la colegiatura. En ello se amparan Mora y Paniagua.
“Salvo que exista un régimen especial de remuneración para el funcionario público”, dice parte de este artículo de la Ley.
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Mora: PGR no puede establecer requisitos fuera de la ley
Mora considera que el plus de prohibición es irrenunciable y su compensación es un derecho para aquellos profesionales liberales que son afectados con esa ley.
“La PGR no puede poner requisitos que la ley no establece. Vivimos en un Estado de derecho.
“Yo cumplí con lo que la ley establece. La administración (pública) me pagó correctamente mi salario mientras fui ministro”, alegó Mora.
El exministro recordó que cuando ingresó al gobierno, en 2014, no contaba con anualidad en el sector público porque solo había ejercido en la empresa privada.
Añadió que, para redondear su ingreso, el Gobierno usó su salario base como jerarca y el plus de prohibición, para lo cual debió aportar sus dos títulos universitarios sin que le exigieran la colegiatura.
Mora aclara que no se niega a devolver el dinero recibido en concepto de prohibición, pero antes pide claridad en la interpretación de la ley.
“Desde el día en que surgió la polémica sobre los requisitos, expresé mi total sometimiento al debido proceso y a acatar lo que del mismo se concluya, incluyendo, claro está, la devolución de dinero si esa fuera la conclusión de ese debido proceso”, explicó Mora.
Sobre su caso, John Fonseca, entonces Ministro a. i. de Comercio Exterior, envió a la PGR el 4 de abril del 2018 el oficio DM-COR-CAE-0131-2018, en el que pide un criterio sobre una investigación interna del ministerio desarrollada para indagar la situación del pago por prohibición a funcionarios de esa cartera.
No obstante, la Procuraduría rechazó la solicitud el 19 de abril del 2018 porque incumplía tres requisitos de forma.
Ellos son que la solicitud debía contener consultas “en genérico” sin que se cuestione un caso concreto, que se acompañe un criterio de la asesoría legal de la cartera sobre el tema cuestionado y que la consulta haya sido formulada por el jerarca administrativo de la institución.
En tanto, el 31 de enero de 2019 la oficina de comunicación de Comex informó lo siguiente:
“A la fecha, no consta a este Ministerio que don Alexánder Mora haya hecho devolución de la suma percibida por el rubro de prohibición”.
Esa oficina también informó que Comex iba a replantear la consulta jurídica a la PGR, esta vez cumpliendo con los requisitos de forma en la gestión.
Paniagua en cobro judicial
En tanto, el caso de Paniagua fue elevado a cobro judicial por la Dirección Jurídica del MAG. El Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José tramita el expediente 16-034812-1012 CJ.
La exviceministra explicó a La Nación que, además, elevó su caso al Tribunal Contencioso Administrativo, para que emita un criterio jurídico sobre su caso.
No obstante, el Poder Judicial informó que en ese Tribunal no registra ninguna causa a su nombre.
Paniagua sostiene que además de lo dictado por la Ley contra la Corrupción, al momento de haber sido contratada por el gobierno tampoco le exigieron colegiatura para recibir ese plus.
Ella también alega que al momento de ingresar al viceministerio, debió de renunciar temporalmente a una pensión del régimen de la Caja cuyo monto es superior al salario devengado.
“Lo que quiero es que a través de mi caso se dicte jurisprudencia. No puede ser que una persona pensionada tenga que ser menoscabada en el ingreso salarial.
Si ya estás pensionado, ya cumpliste un ciclo de trabajo, ¿por qué te tienen que obligar a incorporarte a un colegio profesional si no vas a ejercer la profesión? Ese es el fondo (de mi caso)”, alega Paniagua.
Inicialmente, su salario base de viceministra era de ¢1.302.650 y con la prohibición del 65% llegó a ¢2.149.372 sin salario escolar y sin rebajas de ningún tipo. Paniagua recibió el plus como si ostentara el título de ingeniera agrónoma, aunque no se haya colegiado como tal.
Durante sus últimos dos meses en el cargo, el MAG le rebajó el salario total a la viceministra a ¢1.693.445, sin salario escolar ni rebajas de ningún tipo. Eso se debió a que solo recibió el 30% de la prohibición tras haberse colegiado como bachiller y no como ingeniera el 9 de marzo.
“Yo en cualquier momento reintegro (los ¢4,6 millones) si hay que reintegrar, pero yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo los expertos en las leyes en la interpretación de este artículo 14 y 15 en relación a una persona que no está ejerciendo su profesión. Y que además está pensionada”, adelantó.
Otros casos
A mayo de 2017, tres ministros y cinco viceministros del gobierno de Luis Guillermo Solís cobraron el plus de prohibición.
Además de Mora, Olga Marta Sánchez Oviedo recibió ¢28,2 millones como ministra de Planificación y el entonces ministro de Turismo, Mauricio Ventura, también cobró ¢25 millones.
El mismo plus lo cobraron además de Paniagua, los viceministros de Justicia y Paz, Víctor Barrantes (¢30,2 millones); de Gobernación, Carmen Muñoz (¢11 millones); de Vivienda, Ana Cristina Trejos (¢11 millones); y de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga (¢27 millones).
Sánchez tiene un proceso de cobro judicial desde el 30 de setiembre de 2018, Muñoz canceló en setiembre del 2017, Zúñiga los devolvió en febrero de 2018 y Trejos logró un acuerdo en diciembre de 2016.