Sofía Chinchilla Cerdas, Rebeca Madrigal Q.. 10 marzo
Felly Salas, exjefa de despacho de Carlos Alvarado, declaró bajo juramento, con asesoría de su abogado John Brenes. A la izquierda, de pie, el exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro. Foto: Jonathan Jiménez para LN.
Felly Salas, exjefa de despacho de Carlos Alvarado, declaró bajo juramento, con asesoría de su abogado John Brenes. A la izquierda, de pie, el exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro. Foto: Jonathan Jiménez para LN.

Felly Salas, exjefa de despacho del presidente Carlos Alvarado, aseguró ante los diputados que las informaciones que han circulado sobre el equipo de análisis de datos de Casa Presidencial han sido sacadas de contexto o son totalmente falsas.

Así lo afirmó bajo juramento este martes antes de abstenerse de responder la mayoría de las preguntas en la comisión investigadora del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y del trabajo del equipo de analistas que tenía la Presidencia.

“Entiendo la importancia del ejercicio de esta comisión, como ejercicio de control político, el cual respeto y sé que harán con la mayor responsabilidad y objetividad”, les dijo Salas a los diputados.

“Sin embargo quiero destacar que la información que ha trascendido públicamente alrededor de este tema ha demostrado ser propensa a la descontextualización y, en otros casos, ha demostrado ser totalmente ajena a la realidad”, continuó.

“Un ejemplo es la nota periodística en la que se señaló erróneamente que yo solicité información confidencial al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sin embargo, me atengo a la categórica respuesta que dio el TSE, en la que se desmintió que yo hiciera tal cosa”, dijo la exjefa de despacho del mandatario.

(Video) Excolaboradores de Casa Presidencial declaran en comisión que investiga la UPAD

“Es un caso evidente en el cual una actuación totalmente legal fue distorsionada y presentada como un supuesto acto irregular, el cual reitero nunca se dio, como lo aclaró el funcionario del TSE en la nota a la que hago referencia”.

“Tengo plena confianza y seguridad en que la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República esclarecerá las dudas que motivaron la creación de esta comisión especial y que permitiría llegar a la única conclusión posible en torno a mi función como servidora pública, que siempre he realizado buscando el mayor interés público bajo un profundo respeto a la ley y un gran amor que le tengo a este país”, continuó.

Felly Salas se refería a una publicación hecha por el medio digital CRHoy en la mañana del viernes 6 de marzo, la cual fue desmentida por el TSE ese mismo día.

La nota decía que, en enero del 2019, la entonces jefa de despacho del presidente le pidió al Tribunal de Elecciones información que es exclusiva para la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), al amparo de un convenio del 2016 entre el TSE y el Ministerio de la Presidencia.

Gustavo Román, vocero del órgano electoral, afirmó que esa información no era cierta: “La jefa de despacho de Casa Presidencial no solicitó información confidencial al TSE. No lo hizo del todo ni, como lo dice la nota (de CRHoy), utilizando como respaldo el Convenio para la Utilización de la Plataforma de Servicios Institucional (PSI) para el Sector Público, entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de la Presidencia".

Lo verdad del caso, que incluso se puede ver en la nota que Felly Salas envió al TSE, es que ella pidió acceso a información del sistema público de consultas civiles.

Argumentó que el objetivo "era diseñar una herramienta que permita componer los círculos familiares y contrastarlos con los beneficios sociales y económicos que otorga el Estado a través de varias instituciones”.

Después de su declaración inicial, en compañía de su abogado John Brenes, la exfuncionaria argumentó que figura como investigada en la causa penal abierta por la Fiscalía General, la cual procura verificar si los analistas accedieron a información confidencial de los habitantes en manos de las instituciones públicas.

Felly Salas sostuvo que prefiere abstenerse de responder la mayoría de las preguntas para no entorpecer su defensa en la investigación judicial, la cual nació ante el decreto de creación de la UPAD, publicado el 17 de febrero y derogado el 21, el cual pretendía darle a esa oficina acceso a información confidencial en manos de las instituciones públicas.

Los diputados le preguntaron quién le paga su abogado. Ella contestó: “Es una información de orden privado que quisiera mantener y no dar respuesta”.

No obstante, más adelante, cuando la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le repitió la pregunta, la compareciente respondió que ella misma se hace cargo de su defensa.

Consultado por La Nación, Brenes contestó que Salas paga por sus servicios y que ella es la única persona vinculada al caso a quien él representa.

Salas también respondió que su superior en Casa Presidencial era el mandatario Carlos Alvarado, con quien también trabajó en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) durante la administración de Luis Guillermo Solís.

El diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), criticó a Salas por su decisión de abstenerse de declarar. El legislador le dijo a la exfuncionaria que estaba “abusando de su derecho a declarar”, pese a que la misma comisión le informa a los comparecientes de su derecho de negarse a responder preguntas.

Luego de interrogar a Salas, los diputados dirigieron preguntas a Juan Alfaro, exviceministro de la Presidencia y de Hacienda, quien negó haber participado en la conformación y operación de la UPAD.

La semana pasada el exviceministro de Planificación, Daniel Soto, quien es otro de los investigados en la causa penal y firmante del decreto, se abstuvo de declarar.

Participaron los diputados Carolina Hidalgo (PAC), Pedro Muñoz (PUSC), Ana Lucía Delgado (Partido de Liberación Nacional), Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiana), Floria Segreda (Partido Restauración Nacional) y los independientes Ivonne Acuña y Jonathan Prendas, quien presidió en ausencia de la liberacionista Silvia Hernández.

Unas 22 personas, incluido el presidente Alvarado, comparecerán ante esta comisión legislativa. El miércoles le corresponderá al exasesor presidencial Luis Salazar Muñoz, a quien el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, señaló como el encargado de la parte legal en la redacción del decreto de la UPAD.