Aunque había “premura” para presentar un presupuesto extraordinario que cubriera el hueco presupuestario en 2018, el exdirector de la Contaduría Nacional, Luis Paulino Calderón, aseguró que la cifra del faltante “no estaba afinada” para el 26 de abril de ese año.
Lo dijo este jueves como testigo de la tesorera nacional, Marta Cubillo, en una audiencia convocada por la Contraloría General de la República para sentar responsabilidades por el faltante en el rubro destinado a pagar deuda pública en el Presupuesto Nacional del 2018, lo que derivó en que tanto el gobierno anterior como el actual le pagaron a acreedores de bonos sin permiso legislativo.
Calderón, quien laboró en esa dirección de agosto del 2017 a diciembre de 2018, aseguró que el 26 de abril del 2018 se produjo una reunión de autoridades de Hacienda impulsada por Ana Beatriz Hernández, funcionaria de Crédito Público, y que allí solo se precisó que la cifra del faltante oscilaba entre ¢700.000 y ¢800.000 millones.
Después de esa reunión, se acordó trabajar en un anteproyecto de presupuesto extraordinario, pero no se estableció ninguna fecha límite, pese a que estaban claros en que el presupuesto para el pago de la deuda interna se agotaría en mayo.
Tampoco hubo determinación en la presentación del presupuesto extraordinario, ya que entre los acuerdos tomados en esa cita, evidenciados en un correo electrónico del cual La Nación tiene copia, se valoraba aprovechar unos remanentes de Caja Única para pagar deuda.
Hernández, quien también fue interrogada por los investigadores de la Contraloría, dijo que, desde febrero de 2018, sus superiores conocían de un hueco de ¢850.000 millones que debían ser cubiertos porque era necesario pagar a acreedores, pero que nunca hubo una directriz del entonces ministro, Helio Fallas, para hacer el presupuesto extra y enviarlo al Congreso.
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Por esa razón, el relato de Calderón difiere de las declaraciones de Hernández, de quien consta que en un correo enviado a otro funcionario que también atestiguó en este caso, Marco Vinicio Valerio, se indicó que el faltante era de ¢850.000 millones, desde febrero del 2018.
La respuesta de Hernández fue precisa: faltaban ¢850.000 millones para pagarle a los acreedores. Así lo expuso en un correo que envió con copia a la viceministra Cubillo y al entonces director de Crédito Público, Julio Espinoza.
“Como pueden observar, el faltante es de alrededor de ¢850.000 millones, lo cual se debe básicamente a un cambio de estrategia donde se colocó, en el segundo semestre de 2017, una gran cantidad de títulos de valores de corto plazo, que trascendieron el periodo y que vencen en el 2018. Por ejemplo, solo en el mes de diciembre se colocaron alrededor de ¢567.000 millones, que vencen en 2018″, señaló Hernández, en ese correo.
Hernández sostuvo, en su comparecencia, que la cifra podría variar por otras condiciones como el tipo de cambio o la capacidad de Hacienda para alargar el plazo de la deuda, pero que los ¢850.000 millones era deuda real que se vencía en ese año.
De igual forma, el excontador nacional reconoció al órgano investigador de la Contraloría que, en una certificación enviada a la CGR, se detallaron pagos sin contenido presupuestario que se hicieron en enero, febrero y marzo del 2018 porque, aunque hubo un traslado presupuestario para tapar el faltante, los pagos se hicieron antes del decreto que permitió el movimiento.
“¿Esas certificaciones se refieren a pagos sin contenido?”, le preguntó el abogado de la CGR, Jesús González, a Calderón, quien respondió: “Sí, señor, hay de los dos, unos detalles relacionados con pagos efectuados con el decreto y los otros que son pago sin contenido”.
Esos pagos también constan en el informe de gestión de Calderón de diciembre de 2018, en los que detalla un recuadro con pagos de deuda de corto y largo plazo sin contenido presupuestario en ese año.
La Contraloría procura determinar la eventual responsabilidad que tuvieron en estos hechos el exministro Helio Fallas; la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y el exdirector de esta última dependencia, Julio Espinoza.
Este miércoles y jueves, la CGR realizó una audiencia en la que participaron los investigados a excepción de la ministra Aguilar, quien fue representada por el abogado Carlos Arguedas.
Ninguno rindió declaración.
Las conclusiones de las audiencias serán de carácter privado, pues serán escritas y se añadirán al expediente confidencial hasta el acto final.