Silvia Artavia.   27 febrero
A finales del 2018, los sindicatos, incluidos los de educación, tomaron las calles en protesta por la reforma fiscal. Sin embargo, algunos docentes que decían estar en huelga aprovecharon para salir del país. Foto: Rafael Pacheco.

El cruce de dos bases de datos de acceso público resultó clave para identificar a los docentes que salieron de viaje mientras decían estar en huelga contra la reforma fiscal, a fines del 2018, y para justificar el despido de varios de ellos.

Se trata del registro protocolario de ausencias de maestros y profesores del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del reporte de salidas del país de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Gracias al cotejo de la información contenida en ambas bases de datos, el MEP pudo confirmar que 550 educadores dejaron nuestro territorio cuando, supuestamente, participaban en el movimiento contra el plan fiscal.

Con base en ese estudio, la institución educativa abrió procesos disciplinarios en contra de esas personas, los cuales terminaron en 22 despidos, según consignó el Semanario Universidad esta semana.

Los datos fueron aportados por ambas entidades porque se trataba de información pública. Así lo confirmó este jueves a La Nación Édgar Mora, quien fungía como ministro de Educación en ese momento.

De hecho, Mora indicó que por procedimiento protocolario, el ministerio contabiliza la asistencia de docentes cuando hay huelga, pues esa información tiene que incorporarse a los expedientes judiciales.

Sin embargo, agregó, como el MEP no contaba con el recurso técnico para cruzar de esos datos con información con el registro migratorio, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se encargó de ello.

La creación de la UPAD ha generado fuertes críticas en las últimas semanas, debido a la publicación y posterior anulación de un decreto ejecutivo que permitía a dicha unidad acceder a información confidencial de los ciudadanos.

Origen de investigación

Según el exjerarca de Educación, los ciudadanos denunciaron ante el Ministerio que docentes publicaban en redes sociales, como Facebook, fotos de viajes realizados cuando, supuestamente, estaban en huelga.

Mora recordó que ante las primeras tres denuncias, el MEP consultó su registro de ausencias y solicitó a Migración el reporte de salidas de estas personas durante los días de la protesta.

Con ello confirmó que, efectivamente, esos maestros habían puesto como pretexto la huelga para irse de vacaciones.

Sin embargo, al percatarse de que había una gran cantidad de denuncias y a sabiendas de que el ministerio carecía de la capacidad técnica para hacer el cruce de datos, recibieron ayuda de la UPAD.

El exjerarca dijo no recordar si fue el MEP el que pidió colaboración a esa unidad o si, más bien, fue esa oficina presidencial la que ofreció su apoyo para procesar la información.

Mora destacó que, gracias a esa gestión de la UPAD, fue posible tener datos más exactos sobre los docentes que aprovecharon la coyuntura de la huelga para irse de viaje.

No obstante, precisó que cuando el MEP solicitó a Migración los datos de entradas y salidas de los docentes en huelga, dicha entidad solo proporcionó información concerniente a fechas.

Recalcó que las horas de ingresos y egresos no fueron sumistradas debido a que esa sí es información confidencial, como ya lo había señalado una resolución de la Sala Constitucional.

El exministro indicó que ante la imposibilidad de acceder a esos datos, no se pudieron tomar medidas disciplinarias contra otros supuestos huelguistas que también salieron del país en aquella época.

El caso UPAD

La UPAD está bajo escrutinio público, político y judicial luego de que, el 17 de febrero, un decreto ejecutivo estableció que tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes que estén en manos de instituciones públicas.

El decreto fue publicado el pasado 17 de febrero en el diario oficial La Gaceta pero fue derogado cuatro dias después por el presidente Carlos Alvarado ante los cuestionamientos generados.

De hecho, el mandatario admitió que hubo “errores” en la comunicación sobre las tareas que venía realizando la UPAD desde el inicio de esta administración y calificó de “legítimas” las inquietudes relativas al decreto publicado.

La actual ministra de Educación, Guiselle Cruz, aseguró que la UPAD le “ayudó mucho” a la entidad que ella representa.

Según la jerarca, esa instancia puso a su alcance información relevante para tomar decisiones en dos asuntos específicos: priorizar los centros educativos más urgidos de inversión en infraestructura y ejecutar mejor el presupuesto del Ministerio.