Un análisis elaborado por el Ministerio de Hacienda concluyó que la implementación de un sistema de etiquetado de licores sería tan costoso para el Estado que incrementaría el déficit fiscal.

El diputado liberacionista Daniel Ulate impulsa un proyecto de ley que obligaría al Gobierno a contratarle el lucrativo negocio a una empresa, con el argumento de que ayudará a combatir el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, así como a disminuir las pérdidas por evasión fiscal.

No obstante, la iniciativa no incluye una fuente de financiamiento y, según las estimaciones de Hacienda, “el incremento en la recaudación adicional que se espera obtener no es suficiente para atender el costo del mismo”.

La estimación, publicada en el sitio web de Hacienda, fue realizada en octubre. La División de Política Fiscal del Ministerio comparó la cantidad de recursos que lograría recuperar con el costo que podría tener el proyecto.

Según el informe, la inversión en el sistema de código de barras y etiquetado podría oscilar entre los ¢3.365 millones y los ¢154.642 millones.

En el primer caso, para cubrir la inversión, sería necesario que el registro lograra recuperar al menos un 15% de la evasión que se registró en el 2018. Mientras que el segundo, supera siete veces el monto total que se podría recaudar en el mejor de los casos.

Para poder financiar el sistema, entonces, Hacienda estima que el impuesto sobre los licores tendría que incrementarse hasta en más de un 350%.

De lo contrario, el gasto se sumaría a la lista de egresos del gobierno, los cuales son superiores a los ingresos tributarios que percibe la Administración. En setiembre, ese desbalance, o déficit fiscal, alcanzó el 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

El costo del sistema

Hacienda estimó el costo que tendría la implementación del sistema de etiquetado, a partir del valor que tuvo en otro país y en la información proporcionada por una Organización No Gubernamental.

Según el Ministerio, el registro que se implementó en Ecuador equivale a ¢6,25 por envase. Y, según la Asociación GS Uno Costa Rica, podría costar ¢287,5 por envase.

En el país, se requerirían etiquetar al menos 537,9 millones de envases, cantidad por la cual el Estado cobró impuestos en 2018.

Al multiplicar esas unidades por los precios de referencia, se obtiene el rango de entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones que estima Hacienda como el costo de operación del registro.

Lo que se busca recuperar

El estudio parte de que en 2018, el impuesto sobre la distribución de licores recaudó ¢46.448 millones. Dicho monto equivale a un consumo efectivo de 3,29 litros de alcohol absoluto por cada persona mayor de 15 años, y a 537,9 millones de envases.

El término “absoluto” se refiere al porcentaje de alcohol que contiene cualquier bebida.

Para calcular cuál fue el consumo potencial del país –incluyendo lo que se haya evadido o contrabandeado–, Hacienda se basó en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual en Costa Rica el consumo per-cápita de alcohol puro para la población mayor de 15 años es de 4,8 litros, para un estimado de 785 millones de envases.

Si esa cantidad de licor se vendiera legalmente, los ingresos tributarios serían de ¢67.825 millones. Es decir, que si se erradicaran por completo la evasión y el contrabando, se recaudarían ¢21.377 millones más, equivalentes a un aumento del 46%.

No obstante, Hacienda tuvo en cuenta que incluso si se implementa un sistema de trazabilidad, seguirá existiendo algún nivel de evasión y calculó que si se redujera en un 20%, la recaudación aumentaría en un ¢4.275 millones. Si la evasión se recortara en un 15%, los ingresos crecerían en ¢3.206 millones y si solo se consiguiera recuperar un 10% de la evasión, se captarían ¢2.137 millones más.

El informe de Hacienda aclara que las estimaciones sobre la cantidad de envases se actualizaron con respeto a las cifras que se le presentaron a la comisión legislativa de Asuntos Económicos, donde se estudió la propuesta de Ulate, pues inicialmente quienes hicieron el estudio confundieron el porcentaje del volumen de alcohol con la cantidad de mililitros de alcohol en cada envase, lo cual distorsionó el primer cálculo.

Impuesto tendría que aumentarse hasta en un 357%

Con dichos resultados, Hacienda estimó que para poder financiar la implementación del sistema de etiquetado, tendría que incrementar el impuesto sobre la venta y distribución de licores entre un 31,5% y 357,5%, lo cual representaría un incremento en el costo de cada envase.

Por ejemplo, en el caso de las cervezas, pasarían de pasar un impuesto de ¢3,38 por cada mililitro de alcohol abosluto, a ¢4,44, en el caso del aumento mínimo, o hasta ¢15,46, en el caso del máximo estimado.

Las bebidas con una concentración de alcohol superior al 30%, pasarían de un impuesto por mililitro de ¢4,73 a uno de ¢6,22 o ¢21,64.

“Por todo lo anotado anteriormente, es evidente que tomar una decisión como la que se analiza en este proyecto 21.961 de membretar las diferentes presentaciones de licores, en busca de la trazabilidad de este producto, tiene un alto costo para la Administración Tributaria, provocando un incremento del Déficit Fiscal”, concluye el informe hacendario.

El proyecto de Ulate se encuentra en la última etapa en la que los diputados le pueden hacer modificaciones de fondo, antes de votarlo en primer debate.