Este miércoles, quedó definida la comisión especial de siete diputados que discutirá el proyecto de ley para frenar los abusos en las huelgas.
Entre los miembros están los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y Frente Amplio.
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Así lo anunció este miércoles la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, quien informó de que la instalación de ese foro especial se realizará después de la sesión del plenario.
Carlos Ricardo Benavides, del PLN; Víctor Morales Mora, del PAC; Carlos Avendaño, del PRN, y José María Villalta, del FA, están entre los encargados de dictaminar ese proyecto e integrarle propuestas de otras tres iniciativas de ley, en un plazo de cuatro meses.
Completan ese foro el representante de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, y la liberacionista Yorleny León, quienes tienen propuestas propias para hacer cambios a la normativa procesal laboral.
El puesto número siete lo ocupará la independiente Floria Segreda, quien presentó un proyecto para hacer cambios al Código de Trabajo, pero en el sentido de que se les aseguren los salarios a los huelguistas.
El acuerdo para crear dicha comisión especial y darle un trámite rápido al proyecto sobre las huelgas tuvo el apoyo, este lunes, de 47 legisladores.
El plan base sobre el que van a trabajar los diputados permitiría rebajarles los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales, al tiempo que restringiría la posibilidad de hacer estos movimientos en servicios esenciales.
Luego de la sesión del plenario, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, instaló la comisión y se eligió el presidente y el secretario del foro.
Por acuerdo unánime de los seis miembros presentes en ese momento (Villalta estaba ausente), Benavides fue elegido presidente de la comisión especial. En las labores de secretaría lo acompañará el socialcristiano Pedro Muñoz.
Una vez instalado el foro especial sobre huelgas, Hidalgo explicó que la moción de vía rápida establece que ese órgano tendrá un plazo de “hasta cuatro meses”, lo que significa que su informe se podría dar incluso antes de que se cumplan los 120 días.
Añadió que quedó muy claro, durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que “el proceso relacionado con las huelgas debe revisarse”.
“Ese fue el espíritu que imperó. Existe una priorización de esta Asamblea, discutir el tema y darle mayor practicidad. Había consenso en darle un trámite ágil, de cuatro meses en comisión”, comentó la jerarca.
El presidente de la Comisión Especial sobre Huelgas, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que no solo será importante darles espacio a las organizaciones sindicales, sino también a gente que represente a padres de familia de estudiantes y a los estudiantes incluso.
“Es un proyecto que atiende asuntos muy relevantes para la sociedad y, por ende, debemos tener una discusión amplia sobre cada uno de los temas contenidos en los proyectos”, indicó el jefe liberacionista.
Añadió que también se debe tomar criterio a representantes de organizaciones empresariales, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, el Ministerio de Trabajo, el de Hacienda y otras entidades que tengan información sobre los efectos de las huelgas en el sector público.
Esa información servirá, adujo el vocero verdiblanco, para llevar adelante la discusión y la votación de los proyectos, “entendiendo que no hay proyecto perfecto, todos se pueden mejorar y estos van a ser susceptibles de mejora”.
Aunque se tendrá como base la propuesta de Benavides, la moción de vía rápida abre la puerta para que se le introduzcan cambios provenientes de los proyectos de ley de otros diputados, entre ellos el de la liberacionista Yorleny León, sobre servicios esenciales; el de Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el de la independiente Floria Segreda
El texto de Carlos Ricardo Benavides sobre el que trabajará como base la comisión pretende rebajar los salarios a quienes participen en huelgas que sean declaradas ilegales en forma retroactiva, es decir, calculando el rebajo desde el primer día en que se unieron al movimiento.
Benavides argumenta que el cambio es necesario porque los juzgados han interpretado que la Reforma Procesal Laboral solo permite hacer rebajos si el empleado no regresa a laborar 24 horas después de que una huelga sea declarada ilegal.
Este texto, además, acorta a 24 horas el tiempo para que los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en un servicio esencial, al tiempo que impide la huelga en servicios esenciales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros.
En la actualidad existe un debate sobre cuáles son servicios esenciales. Según el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el suministro de combustibles no califica como tal.
El proyecto además castiga el bloqueo de calles o sabotaje a instituciones públicas. Se ordena a los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones.
Comisión de Reforma General al Reglamento
Además de anunciar los integrantes de la Comisión sobre Huelgas, la presidenta Hidalgo también anunció quiénes conformarán el foro especial sobre la Reforma General al Reglamento Legislativo que apoyan cinco fracciones parlamentarias.
En esa comisión estarán Roberto Thompson y Jorge Fonseca, del PLN; Carolina Hidalgo, por el PAC; Erwen Masís, del PUSC; Eduardo Cruickshank, del PRN; Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), y el independiente Jonathan Prendas.
Debido a que ese foro solo tiene un mes para dictaminar la reforma reglamentaria, la presidenta Hidalgo anunció que se instalará el martes 8 de enero.