Este lunes 18 de marzo iniciará el juicio contra la exdiputada del PAC, Laura Garro (2014-2018), por el aparente delito de falso testimonio.
A la exlegisladora puntarenense se le achaca, presuntamente, haber faltado a la verdad cuando rindió testimonio en el juicio en que el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado por estafar al Estado con ¢516 millones, en el 2016.
El debate oral y público está previsto que arranque a las 8 a. m. en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José y que se extienda hasta el martes a las 4:30 p. m.
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ante una consulta de este medio, vía correo electrónico.
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Para sostener la acusación contra Garro, la cual se tramita bajo el expediente 16-000020-033-TP, el Ministerio Público aportará nueve testigos.
Según la Fiscalía, la exlegisladora, en apariencia, cambió su testimonio entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.
Así lo consignó la fiscala Greysa Barrientos, cuando le solicitó al Tribunal Penal que ordenara el inicio de una investigación judicial contra Garro. Eso ocurrió el 8 de noviembre del 2016, durante el periodo de conclusiones de debate oral y público en el caso contra el PAC.
Esa petición fue acogida por el Tribunal el 5 de diciembre de ese año, tras dar "por acreditado que la testigo faltó a la verdad en tres aspectos esenciales”.
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Posteriormente, el 17 de enero, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también consideró que era necesario elevar la causa a juicio, y tras esa decisión es que el lunes iniciará el debate oral y público.
Laura Garro se expone a una pena de uno a cinco años de prisión, según la sanción que establece el Código Penal, en el artículo 323, a quien cometa el delito de falso testimonio.
¿Qué dijo en la fase indagatoria y en el juicio?
En un principio, la Fiscalía y el OIJ identificaron a Laura Garro entre las personas que firmaron los contratos por servicios especiales con los que el partido cometido la estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
En la etapa indagatoria, en noviembre del 2013, cuando fue entrevistada por el oficial de la sección de Fraudes del OIJ, Juan Diego Bolaños, ella aseguró que rubricó uno de esos contratos por ¢5 millones, que estampó su firma en Puntarenas y que lo recibió de manos de un empleado del partido, Manuel Antonio Bolaños, quien fue uno de los dos condenados por la estafa del PAC, el 5 de diciembre del 2016.
En ese interrogatorio, antes de resultar electa diputada para el periodo 2014-2018, ella le añadió al oficial del OIJ que se desempeñó como la jefa de la campaña del PAC en Puntarenas en el 2010, que era el contacto directo con la sede central del partido en San José, que fue la persona encargada de entregarle los contratos a los demás colaboradores de la provincia y que esos convenios se los envió Bolaños.
Sin embargo, ya en el juicio del 2016, durante su declaración ante los jueces y bajo juramento, Garro dijo que no recordaba mucho de lo que había manifestado tres años atrás. No supo decir quién le entregó el contrato, ni dónde y ante quién lo firmó. Además, negó que ella hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.
“Jamás voy a venir aquí a mentir, yo tengo 65 años y eso me da mucha sabiduría en la vida. No recuerdo si a los del OIJ les dije que alguien en particular me había entregado los contratos”, enfatizó la hoy exdiputada en ese juicio.